La Justicia solicita un “parche” para contrarrestar inseguridad
La solicitud de declaratoria de emergencia no adjunta un plan de contingencia para solucionar el problema. Es una vía rápida para resolver lo que apremia
Una solución de paso; al andar. Declarar a la Función Judicial en emergencia para garantizar seguridad a sus funcionarios, no sería ni la única opción ni la solución de fondo para resolver la problemática; solo resolvería las necesidades que apremian a la Justicia. Como la contratación del servicio de seguridad privada para los jueces y la adquisición de equipos para las dependencias del sistema.
Pese a que no se ha gestado a la interna un plan de contingencia para hacerle frente a la inseguridad que atenta contra jueces y fiscales que llevan casos en materia penal, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y la directora provincial del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, han solicitado hace más de cuatro meses al Gobierno la declaratoria de emergencia de la Función Judicial.
Esto pese a reconocer, según Gallardo, que es “evidentemente necesario”. “Se necesita un plan para resolver el problema de inseguridad, pero esta es la vía más rápida para aplacar la inseguridad y responder a las necesidades del sistema. Necesitamos soluciones desde ya, con ese fin es la solicitud de la declaratoria de emergencia”.
La funcionaria descarta que esta sea la única solución, pero calcula que si se logra reforzar el resguardo policial en las dependencias de justicia, como la contratación de seguridad privada, el nivel de inseguridad se disiparía. Agrega que también necesitan políticas de prevención para aplacar la ola de criminalidad contra la justicia.
Es una vía inmediata para poder solucionar la falta de seguridad de los funcionarios.
Para el abogado penalista Kleber Siguencia, la tan esperada declaratoria de emergencia no arrojará resultados contundentes ni solucionará la problemática mientras no haya una medida de fondo que garantice que los jueces y fiscales de la Función Judicial puedan administrar justicia sin temor a represalias. Asegura que, en estos casos, lo más recomendable es que exista “una política de Estado para solucionarlo”.
“La declaratoria de emergencia termina siendo una medida parche que no soluciona el problema de raíz; algo temporal. La solución debe partir de una política de Estado, con la que se garantice que el Estado responderá por la seguridad de todo funcionario judicial o miembro de la Fiscalía; incluso abogados que resuelven casos de materia penal. Como también de certeza de la seguridad a su familia”, diagnostica Siguencia, catedrático y miembro del Foro de Abogados del Guayas.
Con este criterio concuerda José, juez provincial, quien pidió a este Diario no ser identificado a detalle por seguridad. El jurista sostiene que la declaratoria de emergencia “no solucionará nada, es solo una medida parche”. Por la "clara expresión de poder que tienen las mafias criminales” en el país. Muestra de ello, señala, el asesinato del fiscal Édgar Escobar, la mañana del 19 de septiembre. Como también los atentados perpetrados contra otros funcionarios y las represalias o agresiones constantes que reciben por administrar justicia.
En este escenario, el magistrado califica que el Gobierno, a través de la Policía Nacional y el cuerpo de seguridad, “ha fracasado escandalosamente”.
