Guillermo Lasso
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en una imagen de archivo.efe

Lasso y los legisladores destituidos pueden postularse en los comicios anticipados

El proceso para las elecciones anticipadas debería costar menos de cien millones de dólares, según Atamaint

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, señaló al 20 de agosto próximo como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, pidiese la convocatoria a elecciones tras disolver la Asamblea Nacional (Parlamento). A partir de este jueves comienza a correr el plazo de siete días para que el CNE convoque a elecciones, lo que marca al 24 de mayo como fecha límite.

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¿Quiénes pueden postularse? La presidenta del CNE indicó que, si cumplen con los requisitos legales, Guillermo Lasso y los legisladores destituidos pueden postular en los comicios anticipados, pero ello no se considera una reelección.

"No cuenta como reelección, lo dice un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional", aclaró al recordar que se trata de una candidatura "para completar" un período, por lo que los candidatos pueden volver a postular para los comicios generales de 2025, que es cuando debía terminar el período de Lasso.

Por otra parte, el CNE tiene pendiente una consulta popular nacional y procesos electorales locales, algunos de los cuales analizan juntar con las elecciones generales anticipadas a fin, además, de ahorrar recursos.

Atamaint consideró que el proceso para las elecciones anticipadas debería costar menos de cien millones de dólares.

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Mientras el CNE avanza en la planificación del proceso electoral, la Corte Constitucional analiza demandas de inconstitucionalidad plantadas por grupos de oposición contra el decreto de Lasso, quien adujo "grave crisis política y conmoción interna" para aplicar la llamada "muerte cruzada", por la cual disolvió el Parlamento y pidió que se convoque a elecciones anticipadas, en momentos en que estaba a punto de cumplir la mitad de su período presidencial.

Los demandantes consideran que en el país no hay una crisis política ni conmoción interna, por lo que tildan de ilegal al decreto.

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