Latacunga: Incertidumbre en el proceso de denuncia para la remoción del alcalde

El pasado 11 de junio, el ciudadano Raúl Arias presentó ante la vicealcaldesa de Latacunga, María Esther Veloz, un pedido de remoción del alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, por supuestamente no haber realizado la reunión del Consejo Cantonal por la Equidad para tratar la aprobación del presupuesto prorrogado del año 2023. Esta reunión debía realizarse en julio de 2023.

Una vez conocida la denuncia de remoción, el Alcalde de Latacunga y la Vicealcaldesa se excusaron de formar parte de la Comisión de Mesa, debido a que ambos se encontrarían inmersos en inhabilidades, ya que no podían ser juez y parte del proceso.

Ante este hecho, al faltar dos integrantes de la Comisión de Mesa, el martes 18 de junio, durante una sesión del Concejo Municipal convocada por la Vicealcaldesa de Latacunga, se eligió a los concejales Nancy Chacón y Cristian Molina para integrar la comisión y calificar la denuncia.

El lunes 24 de junio, los dos ediles denunciaron que, desde el día que fueron electos por el Concejo Municipal, no fueron notificados de la denuncia por el Secretario General del Municipio, Diego Morales. Además, realizaron pedidos para que se convoque a la reunión donde se elija al presidente de la comisión, quien deberá dirigir las reuniones donde se analizará la denuncia presentada.

La tarde del miércoles 26 de junio se reunió la Comisión de Mesa, donde fue electo el edil Cristian Molina como presidente. Este manifestó que, una vez entregada la resolución de la reunión en la que fue electo, se iniciarán los trámites correspondientes. Además, buscarán que el trámite se lleve con transparencia e imparcialidad, y estarán vigilantes de que no existan trabas en el proceso.

Por su parte, Xavier Cajilema, integrante de la Comisión de Mesa, explicó que desde la Secretaría General del Municipio de Latacunga certificaron la tarde del jueves 27 de junio que han finalizado los plazos para que la Comisión de Mesa trate sobre la denuncia de remoción realizada contra el alcalde Fabricio Tinajero.

El doctor Carlos Poveda, abogado constitucionalista, explicó el proceso y las implicaciones legales de la denuncia de remoción presentada contra el Alcalde de Latacunga hace unas semanas. Señaló que el proceso se encuentra regulado por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aunque ciertos aspectos quedan sujetos a la jurisprudencia, como es el caso de la Corte Constitucional en el Caso Yunda, lo que llevó a reformas en el procedimiento de remoción.

Destacó que la participación ciudadana y el escrutinio público son ejes transversales en la Constitución de Montecristi de 2008, y que acciones como las de Raúl Arias son legítimas y legales. Además, enfatizó que las autoridades deben estar al tanto de estas normas y procesos. La denuncia contra el Alcalde de Latacunga representa, según Poveda, una manifestación legítima y legal de las normas ecuatorianas.

En cuanto al procedimiento, Poveda dijo que la denuncia contra el Alcalde implica también la excusa de la Vicealcaldesa, de acuerdo a una reforma implementada en 2023 debido a potenciales conflictos de interés. Sin embargo, él considera que la Vicealcaldesa debía haber delegado a otro concejal la dirección de la sesión del Concejo Municipal en la que se eligieron a los dos representantes que actualmente integran la Comisión de Mesa, ya que esto podría plantear una posible violación del debido proceso.

¿Cómo se ha dado el proceso de denuncia para la remoción del alcalde?

Una vez conformada la Comisión de Mesa, esta tenía un plazo de cinco días para notificar y calificar la denuncia, pero el secretario no realizó la notificación respectiva, según Poveda. Además, los dos concejales de la Comisión de Mesa habían solicitado ser informados oficialmente. La falta de notificación correcta llevó a que el plazo de cinco días aún no comenzara, generando preocupación y críticas sobre el manejo del proceso.

Poveda rechazó profundamente las amenazas y confrontaciones personales, destacando que el procedimiento de remoción debe ser llevado a cabo de manera normal y transparente. El abogado expresó que la causal propuesta por el señor Arias podría implicar no solo al Alcalde, sino también a todo el Concejo Municipal debido a la omisión en el presupuesto participativo.

Poveda manifestó que la ciudadanía está preocupada por el proceso, aunque también hay otros temas de mayor relevancia. Insistió en que el pedido de remoción, aunque legal y legítimo, no debería desviar la atención de los problemas fundamentales del cantón.

El abogado advirtió que la falta de cumplimiento de los términos por parte de los servidores públicos implicados podría conllevar sanciones y responsabilidades legales.

Por su parte, Gabriel García Moreno, exconcejal de Latacunga y abogado en libre ejercicio, señaló desde su punto de vista jurídico que la denuncia se basaba en presuntos incumplimientos relacionados con la ordenanza de participación ciudadana y la priorización de inversiones según lo establecido por el COOTAD.

Subrayó la importancia de respetar el debido proceso y las garantías consagradas en la Constitución de la República, advirtiendo que cualquier vicio de legalidad en el expediente podría invalidar el procedimiento. Aunque hubiera causales y votos suficientes para la remoción, insistió en que todo debía llevarse a cabo de manera adecuada y legal.

Destacó que el alcalde, en caso de una resolución desfavorable, tendría la posibilidad de apelar al Tribunal Contencioso Electoral en Quito, donde se revisaría la legalidad del proceso. Explicó que si se encontraran irregularidades en los plazos o en la actuación del secretario, el tribunal podría declarar la nulidad del procedimiento, permitiendo al alcalde regresar a su cargo en caso de ser removido.

Señaló que la Vicealcaldesa, tras presentar su excusa, no debía haber convocado ni dirigido sesiones del Concejo Municipal. Según García Moreno, estos errores procedimentales contribuyen a la nulidad del proceso. Criticó que la excusa de la Vicealcaldesa fue presentada ante el secretario, quien no tiene la potestad de aceptarla, lo que añade otro error al proceso.

García Moreno, con su experiencia en la Contraloría General del Estado, advirtió que los servidores públicos no están exentos de responsabilidades por sus acciones u omisiones. Indicó que la Contraloría podría realizar exámenes especiales y sancionar a los responsables, incluidos concejales y miembros de la Comisión de Mesa.

Según él, los plazos legales para conocer y calificar la denuncia ya habían vencido sin que se hubiera tomado ninguna acción formal. En su opinión, estos errores insubsanables conducen inevitablemente al archivo de la denuncia.

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