“Construir carceles no soluciona el hacinamiento. Hace falta una politica”

La Defensoría del Pueblo intenta ser el “huésped incómodo” del Estado. El nuevo titular de esa entidad, Freddy Carrión, asegura que recuperar su rol es un reto tras la invisibilización, durante el Gobierno anterior. Él conversó con EXPRESO sobre las omisiones históricas en derechos humanos que se mantienen hasta hoy en el Ecuador.

- La Defensoría del Pueblo vivió dos momentos antes de su llegada: el silencio durante el correísmo y el ruido constante en la gestión de la encargada Gina Benavides. ¿Cuál es el camino correcto?

- La Defensoría del Pueblo es la magistratura ética. Somos la institución que debe guiar al Estado en temas de derechos humanos. Por lo tanto, las posiciones extremas no pueden ser parte de la gestión. Por un lado, efectivamente, en la gestión de Rafael Correa la entidad fue absorbida por el poder y se convirtió en otra institución más del Ejecutivo. Eso desdibujó la gestión de la Defensoría. Luego, en la anterior administración, creo que se hicieron una serie de actividades importantes, pero creo que el extremo no es bueno. Estamos para generar consensos, pero en coordinación con las entidades públicas. Yo [en poco más de un mes] me he reunido con actores públicos para generar una política de diálogo. Nadie puede pensar que tiene la verdad absoluta.

- Esa postura extrema se reflejó en los constantes exhortos de Gina Benavides. ¿Esa política se mantendrá?

- No. No creo que el exhorto sea una competencia de la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos para promover, proteger y tutelar los derechos humanos. Nuestro papel debe orientarse a ello. Debemos decirle al Gobierno que tiene que cumplir, pero generando un diálogo. El nivel de exhorto es una buena intención, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que sentar al Gobierno para que tenga una política clara de derechos humanos.

- ¿Y si el Gobierno no escucha los llamados de atención?

- Por nuestra naturaleza no tenemos competencias coactivas. Nos convertiríamos en decisores judiciales y ese no es nuestro papel.

- ¿Y dónde quedan los pedidos que no son escuchados?

- La Defensoría del Pueblo forma parte de la Función de Transparencia. Ahí se nos permite exigir un cumplimiento de lucha contra la corrupción y respeto de derechos humanos. Pero nuestro papel es insistir y ser el huésped incómodo del Estado. Si el Gobierno no escucha, nosotros podemos emitir informes al sistema internacional de la ONU en temas de derechos humanos. A ningún Estado le interesa presentarse como un país que no respeta los derechos humanos.

- ¿Tras un mes en el cargo ha visto los informes que se mandaron a la ONU, por ejemplo, en el Gobierno de Correa?

- No. No hemos hecho una evaluación porque estamos un poco más de un mes, pero nuestra mayor fortaleza ha sido ubicar a la Defensoría del Pueblo como la entidad que reclama por los derechos humanos.

- Entre los exhortos de Gina Benavides se envió uno por el acuerdo con el FMI. ¿Eso es competencia de la Defensoría?

- Ahí hay que hacer una diferenciación. La defensora encargada actuó bien al pedir un informe para poder conocer los términos con el Fondo por un tema de elemental transparencia. Sabemos que las condiciones del FMI pueden implicar ciertas violaciones a derechos reconocidos o regresiones en contra de los trabajadores. Eso sí es una competencia de la Defensoría. Uno de los temas que nos preocupa muchísimo es el despido masivo en el sector público.

- ¿Qué se puede hacer?

- Velar para que esa situación no constituya una violación de derechos de los trabajadores. Que los empleados que salen tengan alternativas.

- ¿Cuál es la otra diferenciación en el FMI?

- Es que sabemos que existe una crisis y todos debemos encontrar soluciones. Incluso la Defensoría. Nosotros no estamos para decirle al Gobierno que no suscriba acuerdos. Pero sí para pedirle que se garanticen los derechos.

- ¿El Gobierno les entregó los términos del acuerdo?

- El Gobierno sigue con su política de diálogo y creemos que el gran acuerdo también surge por la preocupación de la Defensoría.

- ¿Qué acciones se han tomado ante la migración venezolana?

- Es un problema regional. El Estado, por un tema de reconocimiento de derechos, tiene que garantizar la seguridad de las personas venezolanas, pero también de los ecuatorianos. La crisis no se va a resolver de inmediato, pero se necesitan políticas regionales al respecto. Ese es un tema que preocupa y le exigimos al Estado mayor claridad. Esto no se soluciona poniendo más requisitos para el ingreso, porque si se ponen más requisitos solo se genera el ingreso por pasos irregulares y, por esa vía, los migrantes son víctimas de inseguridad, violaciones y asesinatos. Esto se soluciona otorgando seguridad y garantías para las personas que están dispuestas a migrar.

- Su antecesora fue muy activa en derechos de la naturaleza. ¿Usted mantendrá esa postura?

- Hay que ser completamente claro: la naturaleza es sujeto de derechos y debe ser protegida. Las actividades mineras e hidrocarburíferas siempre van en detrimento de la naturaleza. Me preocupa la actitud intransigente del Gobierno, que dice que la minería va porque va. No, la minería no va porque va, porque tiene que ser en absoluto respeto a la naturaleza y a los pueblos que viven en esas zonas. El Decreto 751 nos preocupa muchísimo porque se deben proteger los recursos naturales. Este tema de extractivismo no lleva al desarrollo de los pueblos sino de los funcionarios. Estamos hablando de corrupción. La Defensoría será una voz de protesta.

- El vicepresidente Sonnenholzner cuestiona que haya grupos que se oponen a la minería, pero que exigen recursos y fondos.

- Uno de los temas en los que el Gobierno no ha cumplido es en el de la consulta libre e informada para las comunidades afectadas por actividades extractivistas. Ahí tenemos reconocimientos judiciales porque se violaron derechos. Entiendo la postura del vicepresidente, pero la posición del Gobierno es atender las necesidades de los ciudadanos pero con respeto a la naturaleza.

- ¿Qué hacer con la violación de derechos en las cárceles?

- Falta una política penitenciaria. No existe. No hay un sistema de rehabilitación social. Tampoco hay un correcto uso de las medidas sustitutivas. Del 100 % de personas privadas de la libertad, 66 % tienen sentencia. El 34 % no.

- Eso produce el hacinamiento que agobia a las cárceles.

- A nivel provincial el hacinamiento puede llegar al 300 %. Pero la construcción de cárceles no es la solución. Hace falta una política.