“Hemos desmontado una estructura de encubrimiento”

La ministra del Interior, María Paula Romo, resalta el diálogo como el único camino para resolver los efectos de las medidas económicas tomadas por el régimen. En una entrevista con EXPRESO, la funcionaria anuncia la entrega del plan de seguridad ciudadana y reflexiona sobre el momento que vive el país.

- ¿En qué consiste el diálogo nacional que propone el Gobierno?

- Hasta este momento, el diálogo ha servido para resolver problemas de estos últimos años. Se está pensando en un diálogo que mire un poco más hacia el futuro, ya no solamente para resolver un acumulado muy grave que tenía el país. Me refiero a un diálogo en el que se han logrado normalizar las relaciones políticas, en el que tenemos algunos acuerdos mínimos que han permitido que se aprueben leyes en la Asamblea Nacional.

- La Asamblea ha vetado todos los proyectos de ley.

- Creo que también se ha normalizado el hecho de que la Asamblea pueda decir con esto no estoy de acuerdo.

- Pero ha vetado todo.

- Así es, muchas cosas tienen vetos parciales, en la mayor parte de casos, la Asamblea está de acuerdo con el veto porque se hacen observaciones razonables.

- Lo hacen con el apoyo del propio bloque morenista.

- Muchas veces, los distintos sectores de la Asamblea reciben los vetos y los aceptan porque son observaciones razonables. No es lo mismo hacer una ley a doce manos que una observación desde el Ejecutivo. Yo creo que esa es la marca de este nuevo momento, construir acuerdos mínimos desde los distintos sectores en lo que está por venir, una vez que se han logrado estabilizar algunas cosas, transparentar las cifras, revertir la tendencia de crecimiento del déficit, sincerar temas como el que en cuarenta años y catorce gobiernos no se había tocado, como el de los combustibles.

- Si esto es así, ¿por qué ceden a los chantajes de los que piden subsidios a las gasolinas? ¿Cuál es el límite del diálogo?

- Los grandes industriales y algunos sectores económicos también piden subsidios.

- Y el Gobierno cede.

- No sé a cuáles hemos cedido.

- Han cedido a los pedidos de los transportistas.

- Estamos discutiendo. Se ha liberalizado el precio de la gasolina Súper. En este momento, el diésel industrial se está vendiendo a precios internacionales y se ha conservado el subsidio para el diésel de transporte de carga y de pasajeros.

- Entonces no hay que negociar ningún subsidio.

- Algunos sectores están en diálogo con el Gobierno porque estamos explorando posibles mecanismos de compensación. Por cierto, no es solamente el tema de taxis, también el de la cuantía doméstica, por ejemplo, para el sector agrícola, porque el precio del diésel subsidiado es de 1,037 centavos y el precio de uno no subsidiado es de 2,70, entonces también está en discusión este tema de la cuantía, que ya se viene haciendo con sectores agrícolas. El de la pesca artesanal, que también está en debate, el del combustible en lugares donde hay desplazamientos por ríos.

- ¿Cuánto durará el diálogo?

- Mientras se lleguen a acuerdos. Lo que trato de decir es que hay en general una preocupación del Gobierno para comprender si es que hay una afectación específica en la que le corresponda o no intervenir. Ese es el estado exacto de las cosas, hay sectores que también han pretendido diálogo, compensación y cupo cuando no había subida, cuando no había ninguna modificación en el diésel, y eso yo creo que, después de algunas escaramuzas, está ya descartado.

- ¿Cuáles son los temas que no entran en discusión?

- El compromiso del presidente respecto de la democracia, la independencia de poderes, la lucha contra la corrupción. Yo creo que ahí no hay un estado de negociación. En febrero pasado se hizo la consulta popular. Hace un año, en el Ecuador estaba vigente la reelección indefinida, la Superintendencia de Comunicación estaba imponiendo sanciones, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría, todos los órganos de poder en el Estado respondían a una sola lógica. En diez meses, una estructura de encubrimiento e impunidad que estaba programada para la próxima década ha sido completamente desmontada.

- Uno de los temas es la seguridad. ¿Cómo va a actuar el Gobierno con una cifra preocupante de narcotráfico, la violencia en la frontera, etc? Parecería que van de escándalo en escándalo.

- No, de hecho el Gobierno es el que provoca que estas cosas se conozcan, porque todos estos temas no son escándalos a los que el Gobierno tenga que responder o pretenda ocultar. En muchos de los casos son denuncias hechas por el mismo Ejecutivo. Es decir, creo que lo que tenemos es un Gobierno que está tomando decisiones en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción y eso nos obliga a vivir de noticia en noticia.

- ¿Los escándalos son una cortina de humo para esconder la poca acción del Gobierno?

- No, es parte de la realidad que estamos viviendo. Para nosotros, lo ideal sería un Gobierno que funcione a la perfección, pero esa no es la realidad del país, entonces el Gobierno está obligado a gestionar y a llevar sus proyectos adelante en medio de las investigaciones, de los cambios institucionales, de los desafíos políticos, de la crisis económica.

- En cuanto al narcotráfico, ¿cuál será la política para este año?

- No es posible que un país tenga una política de un año contra el narcotráfico. Hay una política general en el país, que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, y en el caso de la Policía, diría que tenemos algunas cifras que nos muestran que no solamente hay una policía dedicada al trabajo en la seguridad en las calles, sino que este momento tenemos una policía que está logrando objetivos importantes por su trabajo de inteligencia y de cooperación con otros países. Cerramos el año (2018) con 97 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización que fueron decomisadas.

- ¿Y cómo se lucha contra las filtraciones del narcotráfico en estructuras como la Policía, los militares, en la política?

- El modus operandi del narcotráfico es cooptar las instituciones y la sociedad. No solamente están en riesgo la Policía o las Fuerzas Armadas, sino también la política, los medios de comunicación, las organizaciones, los jueces, los fiscales. En el caso de la Policía, no es un método infalible porque además trabaja en el límite con el delito, pero estamos fortaleciendo nuestros sistemas de control de confianza.

- Usted hablaba de una especie de libro blanco aplicado a la seguridad. ¿En qué consiste?

- Uno de los hitos importantes en este período va a ser la planificación. En el caso de la Policía, la planificación se presentará en el primer trimestre de este año. Estamos trabajando en un plan nacional de seguridad ciudadana, seguridad pública y convivencia pacífica, que tiene un horizonte hacia 2030. En esa misma línea se está planteando un nuevo modelo de gobernanza que incluya a los gobiernos seccionales.

- ¿La decisión de acudir al PNUD para auditar las cinco obras del anterior gobierno significa que el Ecuador se va acercando a organismos internacionales para evitar que los casos se contaminen en la justicia local? ¿Esa es la lectura?

- Esa es la realidad, el Ecuador le ha pedido a Naciones Unidas una investigación de cinco megaproyectos por lo importantes que son, pero también porque simbólicamente se ha dicho que son unas grandes obras que no funcionan. Eso es lo que al Gobierno le mueve a decir traigamos voces independientes de un organismo internacional. Después de hacerlo con estos cinco proyectos, le ha pedido al sistema de Naciones Unidas organizar una investigación similar para el IESS.

- La Fiscalía ha dicho que no hay peritos para investigar estas denuncias.

- Me parece insólito que la fiscal general tenga esa respuesta. Hemos hablado con ella de este tema porque es indispensable que si esa es una deficiencia se subsane, no podemos escatimar en los peritos, eso no es posible. De todas maneras, el responsable de la gestión de recursos humanos de la Fiscalía es el Consejo de la Judicatura y vamos a hacer todo lo necesario.