No saben leer pero reescriben la historia

“Usted me dijo que hay una pérdida de más o menos 6,1 millones de dólares -trata de razonar la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las voces cantantes de la acusación contra el presidente Guillermo Lasso- y que se han entablado responsabilidades administrativas y civiles”. Ella y sus colegas llevan dos días dando vueltas alrededor del cargo de peculado sin decidirse a aterrizar en él. Pero ahora tienen por delante nada menos que al director de auditoría de transportes de la Contraloría, el despacho donde se elaboró el famoso informe que constituye la piedra angular del caso, así que no les queda más remedio que entrar, finalmente, en materia. Y vaya que les cuesta. Especialmente a Pazmiño: ya de partida tiene suficientes dificultades con el lenguaje articulado de primero de básica como para lidiar además con la jerga especializada de la administración pública. Lo que sigue a continuación es un diálogo delirante en el que la acusadora más rabiosa del presidente de la República demuestra que no entiende media palabra del caso que la ocupa. Y que le vale un rábano.

-Nos sorprende por qué no hay alguna glosa a alguna autoridad -dice Pazmiño, aunque acaba de reconocer que “se han entablado responsabilidades administrativas y civiles”-. ¿Qué pasó?

-Están establecidas... -empieza a responder Manuel Mesías, que así se llama el funcionario-.

-¿Qué consideraron -le interrumpe Pazmiño con voz rabiosa, fiel al estilo de la casa- para que no haya glosas para los responsables de que exista ese déficit de 6,1 millones de dólares?

-Existe una responsabilidad civil culposa por 6,1 millones -le regresa a ver el funcionario, un tanto incrédulo-.

-¡Pero no hay glosas para nadie! ¡Es sorprendente! -se irrita Pazmiño. Es claro que no sabe qué cosa es una glosa-.

-Esa es la glosa.

-¿A quién es la glosa?

-Al gerente general y el gerente comercial de esa época.

-¡Hay una responsabilidad solidaria! ¡No hay glosas! -replica la asambleísta, alzando la palma de la mano derecha en actitud admonitoria-.

-Ya llévame, Dios mío -murmura casi inaudible una reportera al fondo de la sala-.

-Esa es la glosa, la responsabilidad civil es la glosa -insiste Mesías. Mientras habla, otros asambleístas tratan de advertir en voz baja a Pazmiño sobre el ridículo sin atenuantes en el que está incurriendo-.

-¿Esa es la glosa? -los regresa a ver Pazmiño- ¿De 6,1 millones de dólares? ¿Con responsabilidad solidaria?, -y en un intento desesperado por dar la vuelta a la tortilla:- ¡hay una pérdida de 6,1 millones de dólares! ¿Y no hay recomendación penal? ¿Qué pasó ahí?

En apenas un minuto y medio, este diálogo recoge el espíritu y la esencia del juicio político contra el presidente de la República, cuya etapa inicial se desarrolla en estos días en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Están aquí fielmente retratadas las características básicas de los acusadores: su grosera ignorancia (que es universal pero atañe específicamente a los rudimentos del idioma y a los conceptos básicos del juicio); su desparpajo para conducirse, no obstante, con una autoridad de la que carecen; su indescriptible arrogancia a la hora de humillar, maltratar y amenazar a los comparecientes. En este rubro, Pazmiño y su colega correísta Viviana Veloz son las auténticas especialistas. Cuando interrogan a un funcionario, no importa si se trata del contralor, el procurador o cualquier burócrata de rango medio o bajo, su primera preocupación consiste hacerle entender, de la manera más descomedida e impertinente posible, en qué consisten sus funciones, recordarle cuáles son las obligaciones de su cargo y restregarle en la cara cualquier artículo de la ley o de la Constitución que ellas consideren pertinente. Sin escatimar un solo gesto de desprecio, desde la altura inalcanzable de su superioridad moral, Pazmiño y Veloz pontifican sobre ética y pública y se escandalizan al comprobar cuán lejos de sus estándares se encuentra el común de los mortales. Y exclaman: ¡Esta es la clase de funcionarios de este Gobierno! Y piden cuentas: ¿Acaso no ha leído usted el artículo 27 numeral 8 de la ley orgánica de lo que fuese? ¡Qué horror! ¡Qué nivel!

“¡Hay una pérdida de 6,1 millones de dólares! ¿Y no hay recomendación penal? ¿Qué pasó ahí?”. Mireya Pazmiño acaba de quedar en evidencia como una perfecta ignorante de los conceptos básicos del juicio político pero aún tiene los arrestos suficientes para escandalizarse y pedir cuentas. Durante todo el interrogatorio se dirige al director de auditoría de transportes de Contraloría, un funcionario de carrera con 20 años de servicio, como si lo acabara de sorprender metiéndole la mano en la cartera y ahora lo tuviera de rodillas y humillado. Es un nivel de toxicidad difícil de digerir para el humano promedio y que parece no tener otro objetivo que disimular las abrumadoras carencias de los interpelantes.

“Yo no debo estar equivocado”, dice el correísta Comps Córdova, miembro de la Comisión de Fiscalización, de cuyos votos depende la suerte del presidente de la República. ¿Equivocado? ¿Yo? ¡Cómo! “Es más bien el actuar de usted ante una acción que tenía que cumplir violentando la Constitución”, pasa al ataque y acusa al exprocurador confusamente, con su medio castellano hablado a martillazos. Íñigo Salvador ha traído a colación la cláusula de arbitraje internacional del contrato de Flopec con Amazonas Tanker y eso a Córdova le indigna. ¿Por qué? Porque “en el 2010 el Ecuador salió del CIADI. ¡Pero usted autoriza un arbitraje internacional!”. Ya se armó de paciencia el exprocurador, ya explicó tres veces la diferencia entre contratos y tratados internacionales, que son los que tienen que ver con el CIADI, ya le dijo al asambleísta, arriesgándose a ser arrastrado por la intemperancia de sus anfitriones, que estaba cometiendo “un craso error”. Pero nada: “Yo no debo estar equivocado, es más bien el actuar de usted”.

Resulta inquietante comprobar que aquellos de cuyos votos depende la suerte de la democracia son incapaces de entender lo básico. La víspera, luego de que el contralor Carlos Riofrío explicara que la glosa por 6,1 millones de dólares al contrato con Amazonas Tanker provenía de no haberse encontrado los informes técnicos, financieros, legales y de riesgos que respaldaran una adenda firmada en diciembre de 2020, el mismo Comps Córdova lo interrogaba: “¿Existieron informes técnicos, financieros, legales y de riesgos en la adenda suscrita en diciembre de 2020?”. Precisamente acabo de decir que no hubo ningún informe, respondía el contralor. “Si no hubo ningún tipo de informe -se retorcía literalmente Córdova componiendo su mejor cara de inteligencia-, ¿cómo ustedes generan al final un informe de auditoría?”. Atónito el contralor, atónitos los presentes, atónito el mundo: justamente de eso se trata la auditoría, ¿entiende? No hay informes y por eso hay glosa. Todavía una pregunta más: “Si no hubieron (sic) esos informes técnicos, ¿no cree usted que se pudieron suscitar algún perjuicio al Estado ecuatoriano?”. Nada que hacer: Comps Córdova no entiende nada.

Por no hablar de Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, abogado de los tribunales de la República y acusador del presidente, que simplemente no sabe leer. Alguna vez aprendió, claro, pero es obvio que no lo hace nunca: “El exgerente de Flopec manifestó que quienes beneficiá…, benef…, a ver... Que quiénes, sé, beneficiá, bennn, be-ne-fi-cia-ban del contrato de aván…, de Amazonas Tanker, eran, intermediarios, o, coinciden, o-o ¿usted coincide con esta-a…, con esta afirmación?”. Solo le falta seguir los renglones con el dedo: por lo demás, inclinado sobre el papel con cara de máxima concentración, es un párvulo perfecto.

¿Y qué decir de la firme convicción de Viviana Veloz de que en un juicio político no es necesario probar nada? Su colega Roberto Cuero la secunda en esta idea, según la cual la naturaleza subjetiva del proceso los exime de demostrar el cargo que le imputan al presidente. Y si se la contradice, Veloz se revuelve en su asiento y manda a callar a gritos, cita siete artículos de la Constitución en tiempo récord, inaccesible al diálogo, y se asegura de tener siempre, pero siempre siempre, la última palabra.