La legalidad de los fedatarios se discute en la Procuraduria
Una funcionaria pide la nulidad del contrato entre el Municipio y la Cámara de la Construcción. El Cabildo replica. El titular del organismo legal tiene la palabra.
El convenio entre el Municipio de Guayaquil y la Cámara de la Construcción para que la segunda entidad controle las obras que se edifican en la ciudad, protagoniza una polémica legal que al momento ha llegado a la instancia máxima de la Procuraduría General del Estado.
Justamente, la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado es la que demanda la nulidad del citado convenio. Este establece la presencia de fedatarios para la inspección de construcciones que reciban el permiso municipal.
La decisión se conoció mediante oficio a inicios de este mes y fue refutada ayer por el alcalde Jaime Nebot, quien, en cambio, solicita al procurador general, en un documento de ocho páginas, dejar sin efecto el pedido de la directora regional 1 (e), María Dolores Rivas.
Ella aduce, entre otros puntos, que el Municipio incumplió los principios de legalidad en la contratación.
En su defensa, el alcalde despliega una serie de observaciones a lo que él califica como “una grave desubicación jurídica” de parte de la funcionaria.
Entre esos puntos, hace hincapié en que la Municipalidad de Guayaquil cumplió plenamente en el proceso contractual de los profesionales que participan como fedatarios, organizados a través de la Cámara de la Construcción.
Allí también recalca la experiencia de la Cámara, al decir que “nadie más la tiene en Guayaquil”.
El cuestionamiento ya fue publicado por este Diario en agosto pasado, y llegó a la Procuraduría ese mes, tras una demanda de nulidad de contrato solicitada por un grupo de profesionales liderados por el arquitecto Carlos Ochoa Quezada, que el alcalde nombra en este nuevo oficio como un “excontratista municipal”.
Ochoa, en conversación reciente con este Diario, recuerda que la demanda la impuso por cuanto considera que la exclusividad de que el contrato beneficie a la Cámara de la Construcción es visto por el colectivo de arquitectos como una “discriminación profesional”.
El director de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, José Miguel Rubio, refuta esa postura y dice que ningún profesional afín a la construcción está excluido de convertirse en fedatario.
Señala que por ley es prohibido obligar a un profesional a afiliarse a un gremio, que es otra de las quejas de Ochoa.
En agosto, Nebot recordó en este Diario que la Cámara lo que hace es organizar que los profesionales realicen las inspecciones, y que “nadie excluye a los arquitectos. Constructores son todos, no solamente los ingenieros civiles. También los arquitectos son contratados”.
“Todo lo que hacemos aquí es legal, es constitucional, la Cámara solo coordina”, insistió en este mes.
El magíster en Derecho Constitucional Alejandro Vanegas, tras leer la documentación, considera que “el Municipio de Guayaquil, mediante el Concejo Cantonal, cumplió con todos los presupuestos legales y constitucionales para celebrar el contrato con la Cámara de la Construcción” y que, por ende, “las conclusiones del informe de la Procuraduría General del Estado son erróneas”.
Y señala que quien ha pagado la revisión no debe preocuparse por dicho informe, pues el contrato no ha sido declarado nulo. “La Procuraduría no tiene la capacidad legal ni constitucional para hacerlo”.
Para aquello, explica, la entidad deberá acudir ante la justicia ordinaria y presentar una demanda de nulidad de contrato, para que un Tribunal Contencioso Administrativo así lo declare mediante sentencia.
El contrato
Las claves y la ejecución del proyecto
El Municipio y la Cámara de la Construcción suscribieron un contrato de
$ 151.200 para la acreditación de fedatarios y la implementación del sistema de inspección. El convenio se firmó por tres años.
Para acreditarse, los arquitectos e ingenieros deben pasar por un curso dictado por maestros de la Universidad Católica, cuya duración es de una semana. El pénsum fue supervisado por la Dirección de Urbanismo.
Los usuarios que detecten irregularidades en el proceso de inspección podrán impugnar las decisiones que tome el fedatario frente al Municipio.
Para saber
Costo
Cada inspección de un fedatario cuesta 77,2 dólares, que representa el 20 % del salario básico unificado.
Metodología
La Cámara tiene alrededor de 40 fedatarios para realizar las inspecciones. Se las agenda por semana.
Demanda
Alrededor de 1.200 solicitudes de permiso de construcción se tramitan mensualmente en las oficinas del Cabildo.
