Algunos legisladores no tributan al Estado que servirán

Una Asamblea Nacional variopinta en ideología y situación tributaria. EXPRESO realizó una radiografía de la nueva Legislatura a instalarse el 17 de noviembre para conocer quiénes son los representantes electos de los ecuatorianos.

Este Diario consultó los aspectos básicos y de acceso público de los 137 legisladores para conocer con qué patrimonio asumen el cargo, si cumplen las leyes y las sanciones de tránsito, sus antecedentes con la justicia y si pagan sus impuestos al Estado que pretenden servir desde su curul en el Legislativo.

La situación no es menor: 46 de los asambleístas electos por los ecuatorianos declararon cero dólares, no tienen ningún registro de haber tributado en los últimos años o no presentaron aún su declaración en 2022. Es decir, cerca del 33% de la nueva Legislatura no tributa al Estado que ahora sirven (ver gráfico).

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Las razones para no tributar pueden ser varias. Una de ellas es que no llegan a la base imponible para hacerlo, no tuvieron ingresos durante ese período de tiempo o presentaron su formulario de declaración a destiempo y no se refleja aún en el sistema de consulta del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cualquiera que sea la causa, el pago de tributos no deja de ser un tema sensible para quienes aspiran o son elegidos para ocupar cargos públicos. Más para una Asamblea Nacional que entre sus ocupaciones tendrá precisamente que poner en orden la normativa tributaria y ejercer un rol fiscalizador.

Entre ellos se encuentra Héctor Valladarez (Revolución Ciudadana), Ingrid Salazar (Construye), Arisdely Parrales (Revolución Ciudadana), Francisco Cevallos (Construye) y Manuel Bohórquez (ADN), quienes no presentaron su declaración de impuesto a la renta de 2022.

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En cambio, Johnny Lavayen (ADN), César Ugsha (Claro que se puede), Nicole Saca (ADN), José Maldonado (Revolución Ciudadana), Amy Gende (Construye) y Jorge Chamba (Construye) no registran períodos fiscales de los últimos años.

Por otro lado, la situación fiscal de parte de la nueva Legislatura contrasta con los millonarios patrimonios con los que algunos de los asambleístas electos llegan a legislar y fiscalizar, según sus declaraciones patrimoniales disponibles en la Contraloría General del Estado.

Por ejemplo, Sandra Rueda (Construye), quien declaró $0 en impuestos el 2022, registra tener uno de los diez patrimonios más altos de la nueva Asamblea Nacional. Según su última declaración patrimonial, posee $1’688.709,52.

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Pero no es el patrimonio más alto. Según una revisión hecha a las declaraciones juramentadas de los legisladores electos, disponibles en el portal de la Contraloría, Erwin Mendoza (Claro que se puede) es quien más patrimonio posee. Registra una fortuna que asciende a los $47’176.573,60.

Entre 2005 y 2009 Mendoza fue concejal de Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, y luego, entre 2014 y 2023, fungió como su alcalde. Según su última declaración disponible (2022), su fortuna responde a inversiones, cuentas por cobrar, bienes muebles y varios terrenos ubicados en su provincia.

La lista de asambleístas electos con más patrimonio la complementan Henry Kronfle (PSC), Nelly Plúas (PSC), Juan Pablo Saldaña (Revolución Ciudadana), Mónica Salazar (Revolución Ciudadana), Rafael Dávila (Actuemos), Jorge Acaiturri (PSC) y Xavier Jurado (Revolución Ciudadana).

Son 41 los futuros legisladores que tienen multas de tránsito que aún están pendientes de pago. La mayoría, según los datos que arroja la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), son por superar los límites de velocidad establecidos, estacionar en sitios no establecidos y otros por infracciones como el no uso del cinturón de seguridad.

El ranking de multas adeudadas la encabeza el legislador por Manabí, Enrique Intriago Alcívar, que acumula diez por un valor de 1.282 dólares. Lo sigue en monto el asambleísta por el movimiento local ÚNETE 100 de Santa Elena, Otto Vera Palacios con $ 868 en seis multas pendientes de pago.

Esto, sin embargo, no constituyó impedimento alguno para que hayan sido candidatos en las elecciones adelantadas de agosto y octubre pasado y, por lo tanto, los legisladores electos continuaron durante toda esta semana ingresando los documentos que los habiliten para tomar posesión en la primera sesión del pleno de la Asamblea y obtener el registro electrónico de la huella dactilar que les permita votar.

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Hasta el viernes pasado, el administrador del Parlamento informó que 33 de los 137 asambleístas electos ya habían completado la entrega de requisitos y obtuvieron el registro. A los primeros que hicieron el trámite les toca volver a presentar el certificado de la declaración patrimonial que otorga la Contraloría General del Estado.

Esto, porque los documentos fueron emitidos, en primer término, con fecha del 20 de noviembre que era el día que estaba prevista la primera reunión de la Asamblea. Sin embargo, una vez que la administración del Legislativo recorrió la fecha de la primera sesión para el 17 de noviembre, el certificado de la declaración patrimonial debe tener esa fecha.

El bajo número de legisladores provinciales que han culminado el proceso de registro preocupa a los asambleístas nacionales y del exterior electos que recién mañana recibirán las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contarán con apenas tres días para entregar los documentos de enrolamiento a la Asamblea. Por eso se hizo un llamado a los parlamentarios que ya cuentan con la acreditación a que legalicen su situación cuanto antes.

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