Lenín Moreno deja una economía que retrocedió cinco años

El presidente de la República, Lenín Moreno, quien mañana entregará el poder a su sucesor, Guillermo Lasso, pasará a la historia como el mandatario que debió hacer frente a la crisis económica más profunda que ha tenido el país desde que hay registros.

La pandemia de COVID-19 dividió a la gestión económica de Moreno en dos momentos: un intento de austeridad para poner en orden las cuentas públicas y, tras la emergencia sanitaria, medidas de contención para reducir el impacto de la grave situación económica que atravesó el país el año pasado.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 7,8 % en 2020, que pudo haber sido peor, según el Gobierno, significa un retroceso de un lustro. Es decir, el PIBde Ecuador de 108 mil millones de dólares en 2019 cayó a 98 mil millones, cifra parecida al PIBde 2015, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Según el más reciente informe del BCE, el año pasado, las pérdidas económicas de Ecuador, como efecto de la pandemia por COVID-19, alcanzaron el 16,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) tras registrar 16.381 millones de dólares menos. La cifra se concentra más en el sector privado, pues el 78 % de ese valor recayó en este segmento, del cual todos esperan vuelva a ser el motor de la futura recuperación.

El mismo Moreno ha reconocido las dificultades económicas que heredará el nuevo mandatario: “La mesa no queda servida”, aseguró el pasado 19 de abril ironizando la frase del expresidente Rafael Correa que señalaba que “la mesa queda servida” cuando dejó su cargo, en mayo de 2017.

La crisis económica llegó al país en medio de una recesión, sin ahorros y con poco acceso a financiamiento. La deuda de los organismos multilaterales se convirtió en una fuente importante de liquidez. Moreno se va tras aumentar la deuda pública en cerca de 20 mil millones, para totalizar más de 60 mil millones de dólares.

Las cifras macroeconómicas se traducen en dos efectos que han golpeado directamente a los ciudadanos:un crecimiento pronunciado del desempleo y la pobreza.

En los primeros tres meses de 2021 la población económicamente activa (PEA), que tiene entre 15 y 24 años de edad, ascendió a casi 1,3 millones de personas. En total hay 476.202 personas desempleadas en Ecuador, de las cuales 143.370 tienen entre 15 y 24 años de edad, según la última Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Eso convierte a los jóvenes en el grupo más golpeado por el desempleo. El 11,1 % del total de la población económicamente activa (PEA) de entre 15 y 24 años de edad busca un trabajo.

Josué pertenece a ese grupo. Tiene 24 años y se graduó el año pasado y obtuvo un título de la carrera de Diseño Gráfico. Tras ocho meses de búsqueda de plazas relacionadas con su profesión se dio por vencido y decidió trabajar como conductor de su auto en una de las plataformas de transporte.

“Es imposible conseguir trabajo. No hay oportunidades y los profesionales nos vemos obligados a realizar otras actividades”, aseguró el joven.

El Gobierno ha anunciado que entregará apoyo económico a los desempleados, sin embargo, las promesas no se han cumplido. El bono de 500 dólares, que fue anunciado, en enero de este año y que tenía como fecha tope hasta abril, ahora no tiene un plazo establecido para su pago. Según el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, existen los recursos para hacer las transferencias, pero no el mecanismo legal.

Otro problema complejo que no ha podido solucionar el Gobierno saliente es la seguridad social. De acuerdo a un informe elaborado por expertos del Banco Mundial, el sistema de pensiones del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) requiere cambios urgentes. En términos generales, actualmente existe un déficit creciente que es cubierto con reservas y transferencias fiscales. Incluso, si el Gobierno transfiriera el 40 % de su aporte, no se alcanza a cubrir el déficit.

Si el Gobierno no pudiese transferir al IESS más de 1.000 millones de dólares por año (en efectivo), las reservas líquidas del IVM se agotarían en menos de dos años. Eso quiere decir que el IESS puede tener serios problemas para afrontar el pago de pensiones entre el próximo año y 2023.

Del otro lado, probablemente el legado más importante en la gestión económica de Moreno es la renegociación de la deuda. En términos generales, el Gobierno consiguió un recorte de capital equivalente al 9 % para todos los bonos. Ese recorte del 9 % equivale a $ 1.540 millones. Además, se establece bajar el interés promedio del 9,3 % a 5,2 %, ampliar el plazo por 10 años más y dar cinco años de gracia para pago de capital y dos para intereses. Además, si se calcula a valor presente, la quita es del 52,4 %.

La renegociación de la deuda, según inversionistas, el FMI y calificadoras de riesgos, se obtuvo gracias a la estrategia “amigable” del Gobierno ecuatoriano con sus acreedores. Puntualmente, el Gobierno no dejó de cumplir con el pago de su deuda en 2020.

Lasso e, incluso, el excandidato correísta Andrés Arauz, han mencionando que la renegociación de la deuda da un respiro a las finanzas públicas, al menos en el corto plazo.

Moreno también se va con dos acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El último, suscrito en 2020, dará financiamiento por 2.500 millones de dólares al Gobierno entrante.

“A la final nos salimos un poco con la nuestra”, dijo Moreno sobre la aplicación del sistema de banda de precios para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles. La medida buscó ser aplicada súbitamente en 2019 con un alto costo político que pudo significar la caída del Gobierno.

Uno de los problemas que los gobiernos no han podido solucionar ha sido la subvención a las gasolinas que le costaba miles de millones de dólares al fisco.

Según el ministro de Energía, René Ortiz, en 2020 Ecuador ahorró 600 millones de dólares en subsidios a los combustibles por la aplicación del sistema de bandas de precios, en el caso del diésel 2 y del diésel premium.

Finalmente, las leyes aprobadas en días pasados por la Asamblea se han sumado a los riesgos fiscales, según la agencia Fitch, aumentando los salarios de los maestros y permitiendo que los gobiernos locales retengan las recaudaciones del IVA.

LA POBREZA EN NIVELES DE 2010. El problema más complejo que deja la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19 es la pobreza.

Al cierre de diciembre de 2020 la pobreza llegó a 32,4 %, un incremento de 7,4 puntos porcentuales respecto a 2019. Mientras que la pobreza extrema se situó en 14,9 %, un aumento de seis puntos con respecto al año previo.

Las cifras reflejan un retroceso de 10 años en términos de pobreza y pobreza extrema, cifras que mejoraron gracias al ‘boom’ de las materias primas. En el caso de Ecuador, el mayor precio del petróleo.

• Tasa. Según la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7 %, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 % y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7 % de la población.
• Número. El total de personas pobres ascendió a 209 millones en 2020, 22 millones de personas más que 2019. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

Una de las razones que explica el crecimiento de la pobreza es la escasez de recursos del Gobierno para afrontar la crisis. Según cifras del monitor de respuesta fiscal ante la COVID-19 del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador destinó 1.200 millones de dólares para hacer frente a la emergencia de 2020, cifra equivalente al 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Comparado con otros países de América del Sur, el monto gastado por Ecuador es el segundo más bajo, únicamente superado por Uruguay, que destinó 500 mil millones de dólares, que representan el 0,8 % de su PIB. Dentro de los 1.200 millones de dólares, señala el FMI, se incluyen transferencias de efectivo excepcionales a familias pobres (250 millones), distribución de canastas de alimentos, relajación temporal de los criterios de elegibilidad para el seguro de desempleo (372 millones) y gastos adicionales en salud (550 millones).

La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia de la COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Estamos enfrentando una década perdida en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina. Hay 208 millones en situación de pobreza; 78 millones en pobreza extrema. Hay un desencanto, un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo”, dijo en días pasados Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

El Banco Mundial considera que el nuevo Gobierno no tendrá condiciones para poner en marcha paquetes de estímulo para sostener la recuperación de la economía, golpeada por el impacto de la pandemia del coronavirus.

El último estudio del Banco Mundial denominado ‘Volver a crecer’ establece que las opciones de Lasso son difíciles porque el país carece de amortiguadores macroeconómicos, como ahorros o emisión monetaria y porque tiene acceso limitado al financiamiento externo.