Lo que les falta a las Fuerzas Armadas para evitar otro caso Malvinas

Las recurrentes declaratorias de los estados de excepción, como la que emitió Daniel Noboa el segundo día del 2025, exponen el limitado modelo de gestión del Gobierno para enfrentar los problemas de seguridad en el Ecuador. 

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No ha aplicado otra estrategia a pesar de las recomendaciones de expertos, observaciones de la Corte Constitucional ni por los casos de supuestas irregularidades en la actuación de militares en operativos, como el que derivó en la desaparición y muerte de los cuatro niños en Las Malvinas, Guayaquil.

“Es un modelo securitista. Como vamos a elecciones, en este mes que le queda de gestión, Noboa tiene que ver un mecanismo para indicar a la ciudadanía que sigue combatiendo la inseguridad y su principal aliado son las Fuerzas Armadas y la policía. Para él es su forma más óptima porque no ha realizado política pública ni planes en territorio que inviertan los indicadores de inseguridad”, dice la experta en Seguridad y Defensa, Katherine Herrera.

No obstante, repetir la fórmula tiene implicaciones. “Existe un desgaste de las FF.AA. y policías, que propicia a que se den casos como el de los niños desaparecidos en Guayaquil, cuando se supone que los estados de excepción debían ser temporales”, añade.

Para el catedrático de la PUCE, Efrén Guerrero, “hay una visión de que el estado de excepción soluciona los problemas, pero la medida solo da resultados con un sistema de política pública. Se está demostrando que no están funcionando, ha aumentado el nivel de violencia porque solo limita tres derechos: de domicilio, de correspondencia y de movilidad”.

¿Cómo evitar otros casos como Las Malvinas?

La medida no es la más idónea, coinciden. Pero, ¿cómo evitar más casos como el que enlutó al país en diciembre? Hay que cumplir los procesos más básicos de la ley. En el momento de una detención, los militares deben “entregar a los aprehendidos a la policía, para eso reciben una capacitación técnica. Dialoguen con la Academia, con organizaciones de derechos humanos y que se dejen ayudar, no deben estar enfrentados”, indica Guerrero.

También requieren capacitación en seguridad ciudadana, pues fueron entrenados para defender al país. “Les falta conocimiento sobre cómo funciona la penetración de la criminalidad en el Estado, cómo operan, procedimientos en el tratamiento de sospechosos donde prevalezca la presunta inocencia. Desconocen atención y protección de posibles víctimas, ¿cómo les pedimos que actúen cuando no se les indica la normativa nacional ni ministerial en cada uno de los ejes de seguridad?”, cuestiona Herrera.

La activista, además, sugiere implementar lineamientos para que las Fuerzas estatales compartan información y que los operativos no sean manejados por separado. “Que sea una real interacción más allá de los oficiales a nivel operativo”, coincide el consultor en Seguridad Ciudadana, Rubén Vásconez.

Equipamiento y nuevas unidades

El experto considera que el intento de policialización de las Fuerzas Armadas está incompleto, lo cual ha dado paso a incidentes con civiles. Cree que el Gobierno podría evitarlos con el uso de tecnología, aunque reconoce que los recursos fiscales son escasos. “Adquirir cámaras policiales y militares, así como GPS, que evidencien la actuación en tiempo real y detectar dónde están.

Tampoco es recomendable la entrega de instituciones a los militares, como ha venido sucedido. Sus actividades deberían ser limitadas, “de limpieza y luego entrega a la entidad correspondiente”, como la intervención en cárceles y luego que el SNAI retome el control. “Así se evita que esos agentes sean penetrados dentro de cárceles, crear unidades especializadas en patrimonios de la fuerza pública y más”, observa la especialista.

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