El letargo judicial, la pena de los extraviados en pandemia
La Defensoría del Pueblo tiene una ruta marcada. Se buscará la creación de una Comisión de la Verdad. Hay que agotar todas las instancias nacionales
La investigación sobre los cadáveres extraviados durante el pico más alto de la pandemia está llegando a su fin. Con ello, surge la pregunta de si Fiscalía tiene las pruebas suficientes para que el delito no quede en la impunidad y, sobre todo, qué pasos se dará en caso de que la justicia nacional no determine responsables.
Una interrogante que ya bosqueja una respuesta en la Defensoría del Pueblo, pero que dependerá de la voluntad de su máxima autoridad. Por su parte, el Comité Permanente de Derechos Humanos exige que se amplíe el delito a desaparición forzada para que sea imprescriptible.
Aunque no existe un procedimiento administrativo establecido por la excepcionalidad del caso, el exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Guayas, Freddy Viejó, dice a EXPRESO la ruta que podría seguir la entidad.
“Se debería iniciar una investigación defensorial”, indica y explica que el objetivo final es la elaboración de un informe que conlleve la creación de una Comisión de la Verdad. Misma que dependerá de la voluntad del presidente de la República, Guillermo Lasso, ya que solo puede ser creada mediante Decreto Ejecutivo.
Sin embargo, Viejó señala que con el informe de la Defensoría, tanto la entidad como los familiares afectados, podrían recurrir a instancias internacionales. Asimismo, indica que “dentro de un procedimiento especial”, el Estado podría indemnizar a los parientes afectados mediante la Secretaría de Derechos Humanos.
Por otro lado, el director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos, Billy Navarrete, señala que la idea de la Comisión de la Verdad “ya se venía hablando” y añade que “no hay pasos en esa vía”.
El tiempo de la Fiscalía no se justifica. Una investigación no puede durar más allá de un amor, máximo dos. Podría denotar una administración de justicia inadecuada.
Asimismo, indica que la investigación defensorial es lo único que podría hacer la Defensoría ya que el resto de medidas, tanto la Comisión de la Verdad como plantear el caso en cortes internacionales, recién se podría hacer una vez agotadas todas las instancias judiciales en el país.
Lo importante, según Navarrete, es que Fiscalía responda ya que “sería nefasto que se archive el caso”. Además, dice que “lo mínimo” que puede hacer es ampliar el delito a desaparición forzada para que se continúe investigando y se determine responsabilidades.
Por su parte, el abogado penalista Mauricio Alarcón coincide con Navarrete, pero destaca que eso implicaría alargar el proceso judicial y, hasta que no se agoten todas las instancias, no se podría acudir al sistema interamericano de justicia.
Debemos confiar en que poseemos la suficiente fortaleza institucional para que la Fiscalía actúe. En el ámbito ordinario tiene que haber una respuesta cabal y oportuna.
Además, sobre la Comisión de la Verdad, Alarcón califica de “irresponsable” la propuesta ya que, en otras ocasiones, esa instancia no ha demostrado ser efectiva. “Lo mismo se hizo para las protestas de octubre de 2019 y después andaban sin recursos para sostenerla”.
“Suena bonito y hasta es necesario”, dice Alarcón y destaca que la Defensoría debería activar todas las instancias judiciales para lograr justicia.
DOS AÑOS PARA INDAGAR LO EVIDENTE
Para el exdelegado de Guayas, Freddy Viejó, el responsable directo es el Estado ecuatoriano. Además, indica que “no se justifica” el tiempo que se ha tomado la Fiscalía.
El director del Comité Permanente de Derechos Humanos, Billy Navarrete, coincide con Viejó. Sin embargo, indica que “eso debe decirlo una autoridad competente”.
En abril del 2020, el líder de la Fuerza de Tarea, Jorge Wated, y el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, denunciaron el caso del mal manejo de los cadáveres. Dos años después, la investigación está por terminar.
