Ley de Alivio Financiero enfrenta segundo debate entre pugnas por sus beneficios

La ley económica-urgente de Daniel Noboa enfrenta el segundo debate en la Asamblea Nacional. Con mejor suerte que el proyecto sobre el combate al lavado de activos, la normativa fue discutida entre disputas sobre los aportes de cada bancada a la normativa.

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Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que en la normativa se incluyó la condonación del impuesto a la renta del 2022 y 2023 a los negocios populares. También suspender los procesos coactivos del BIESS, IESS y de Banecuador; además de la reestructuración de los créditos hipotecarios.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Blasco Luna, señaló que el proyecto que envió Noboa fue modificado en cerca de un 80%. Esto porque incluía más impuestos. Citó como ejemplo el cobro a las universidades privadas que, finalmente, no se incluyó. 

Pero el Partido Social Cristiano también reclamó su parte en la construcción de la ley. El asambleísta Jorge Acaiturri resaltó que no se suspenderá el servicio de energía eléctrica mientras haya reclamos por el cobro de altas facturas en medios de los apagones.

Sin embargo, el PSC cuestionó lo relacionado con la obligatoriedad de contratar a una persona adulta mayor por cada 50 trabajadores en una empresa. Acaiturri dijo que no se especificó e área en la que se generarían esas contrataciones. Por eso, su bancada presentó un proyecto de ley para ese tema. Así, los adultos mayores se contratarían en sectores como atención al cliente.

El tratamiento de este tema ocurre después de que el pasado 27 de noviembre del 2024, el Pleno negó y archivó el proyecto de Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos y que generó una nueva disputa entre el Ejecutivo y Legislativo.

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