Asamblea dice que hubo un apagón jurídico en Carondelet por Ley Antipillos
El Legislativo se pronunció después de que el Ejecutivo anunció el envío de la Ley Antipillos al Registro Oficial
La Asamblea reaccionó al anuncio del Gobierno Nacional sobre el envío de la ‘Ley Antipillos’ al Registro Oficial. En un comunicado, el Legislativo señala que existe un “apagón jurídico en Carondelet”.
“La Presidencia emite un decreto ley urgente en materia económica sin cumplir con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución”, se lee en el comunicado emitido por esa entidad. La Asamblea negó y archivó el proyecto de Ley del Gobierno sin que llegue a segundo debate.
Y esa fue la razón por la que el oficialismo adelantó que la decisión era inconstitucional y existía la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa la envíe por el denominado Ministerio de la Ley. Eso se cumplió. El Ministerio de Gobierno anunció que dicha Ley fue enviada al Registro Oficial.
“Ante la falta de tratamiento del Legislativo y al cumplirse con el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional asegurando que esta ley entre en vigencia”, detalló este lunes 9 de diciembre, el Ministerio de Gobierno.
En respuesta, la Asamblea calificó eso como una decisión sin precedentes. Además, insistió en que el artículo 140 de la Constitución establece el procedimiento para tratar los proyectos económicos urgentes y eso implica que sigan el procedimiento ordinario, excepto en lo que tiene que ver con los plazos.
“Si el Ejecutivo tenía alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley debió activar mecanismos constitucionales para que, en última instancia, sea la Corte Constitucional quien aclare a la Función Ejecutiva su infundada interpretación”, se señala en el comunicado.
¿Por qué se archivó la Ley?
En la normativa enviada por el presidente Daniel Noboa y tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico se incluía una tabla progresiva para el cobro del impuesto en la compra-venta de autos usados.
El oficialismo insistió en que no se trataba de un nuevo impuesto y que, además, significaba una reducción para los vehículos de menos de USD 20.000. El aumento, argumentó el bloque de ADN, sería para los automotores de más de USD 50.000.
Por su parte, los bloques del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye plantearon que esta ley tenía fines recaudatorios y que no atacaba en su origen el lavado de activos. Por eso, Construye planteó en primer debate el archivo.
