Ley Antipillos: Cuatro claves para entender lo absolutamente inentendible

Enredo jurídico de proporciones en torno al proyecto urgente de ley contra el lavado de activos, que el gobierno ha bautizado con el nombre publicitario de ‘Ley Antipillos’. La Asamblea lo archivó al término del primer debate e hizo publicar su resolución en el Registro Oficial. 

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El gobierno, indignado, sostiene que eran necesarios dos debates, desconoce lo actuado y lo publicado y ha decidido que, transcurridos 30 días desde su ingreso en la sede legislativa, el texto entra a regir por el ministerio de la ley. El presidente de la República ya firmó el decreto respectivo y lo envió al Registro Oficial, cuya bien mandada directora lo publicó también.

1. Esto es campaña anticipada

Interpretaciones y contrainterpretaciones. Argumentos y contrargumentos. Órdenes y contraórdenes. Esa maraña de opiniones contrapuestas la acaba de resolver el gobierno, para variar, con un video de TikTok de 14 segundos de duración.

En pantalla, Daniel Noboa sentado a su escritorio, firmando lo que se supone es el decreto que pone en vigencia la ley contra el lavado de activos. Aparece relajado, cool. Tan cool como la música de fondo: los clips electrónicos de la canción ‘Born Yoo’, de Nizam Mama, el trap de moda entre los tiktokeros, precisamente porque se acomoda a la perfección a sus contenidos relajados y cools. “¿Qué estamos firmando, presidente?”, le pregunta una voz en off, juvenil y traviesa. “La Ley Antipillos”, contesta él, con uno de esos gestos incontrolables que se le escapan como si fueran tics. “¿Y quiénes son los únicos que se oponen a la Ley Antipillos?”. La respuesta del presidente es obvia: “Los pillos”.

Así, en 14 segundos, el debate jurídico que ocupa a los constitucionalistas de la patria, que son legión y hacen cola en las puertas de los estudios radiofónicos, queda resuelto por virtud del lenguaje publicitario. El mismo hecho de haber bautizado a la ley contra el lavado de activos como Ley Antipillos refleja la voluntad de la Presidencia de escamotear el debate en beneficio de la propaganda. No importa si los impuestos a los carros tal cosa, o si las competencias de la UAFE tal otra. Lo único que ustedes, ciudadanos, necesitan saber, está diciendo Daniel Noboa, es que esta ley es antipillos. No se trata de controlar el lavado de activos: esto es campaña pura y dura.

2. Martha Vargas hizo todo y lo contrario

Se suponía que al Registro Oficial lo mudaron a la Corte Constitucional para evitar que el Ejecutivo haga con él lo que le venga en gana. No es que el Registro dependa de la Corte, pero se esperaba que esta independencia frente al gobierno le permitiera ejercer un cierto criterio en cuestiones polémicas como la presente. Pero no: su directora encargada, Martha Vargas, decidió pasar a la historia de este boletín accediendo a la publicación de una cosa y su contraria, de una ley y del archivo de esa misma ley. Y se justifica, esto es lo peor, diciendo: “el Registro Civil es el periódico del Estado ecuatoriano encargado de dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos”. Lo cual es exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer.

3. La gran fiesta de los constitucionalistas

Cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, mandaron a imprimir cientos de miles de libritos del tamaño de una fosforera con la intención de que los ciudadanos la llevaran a todo lado en sus bolsillos, se la aprendieran y la sacaran cuando necesitaran invocarla. Dieciséis años después está clarísimo que la Constitución no sólo es imposible de invocar sino que resulta incomprensible: habría que llevar no solo el librito bajo el brazo, sino al constitucionalista de bolsillo amarrado con una soga

Este caso, por supuesto (como todos los demás), se resolverá en la Corte Constitucional. Ya dijo la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, que recurrirá a ella, aunque la odia. 

Mientras tanto, los constitucionalistas mediáticos están de fiesta. No se ponen de acuerdo, por supuesto: si lo hicieran no habría gracia. Ismael Quintana dice que la Asamblea tiene la razón; José Chalco, que el gobierno. Si hemos de creer en la Navaja de Ockham, regla según la cual la explicación más simple es la más probable, Quintana tiene las de ganar: él se limita a invocar el artículo 140 de la Constitución, según el cual una ley urgente ha de tener el mismo tratamiento de una ley ordinaria excepto en los plazos; y leyes ordinarias se han archivado en el primer debate por decenas. Chalco, en cambio, se rebusca en sentencias interpretativas de la Corte Constitucional y lo confunde todo.

De La Gasca, el vocero de la Ley Antipillos

4. José De La Gasca es el ministro de Gobierno perfecto que el presidente Daniel Noboa necesitaba para justificárselo todo. Desde el grotesco absurdo de suspender a una vicepresidenta de la República por sumario administrativo, hasta el capricho de publicar en el Registro Oficial lo contrario a lo que ya había sido publicado. Para ello, De La Gasca se vale de lo que aprendió en la escuela de Derecho: a comportarse como abogado. A saber: despachar cualquier barbaridad, por abstrusa y farragosa que fuera, con la compostura y el talante de un abogado. Aunque lo que se diga no signifique nada, basta decirlo como lo haría un abogado.

“¿Y el artículo 140 de la Constitución?”, le preguntan a quemarropa en una rueda de prensa improvisada en los pasillos de la Asamblea. “Sí”, contesta él, “pero eso usted tiene que leerlo, porque ahí le establece un mandato concreto a la Asamblea, lo que tiene que hacer. Y eso es materia de desarrollo legislativo, por favor, o sea. Tenemos que entender que cuando habla el trámite de ley ordinaria, también tiene un trámite de ley orgánica, entonces no confundamos las leyes orgánicas y que vamos a crear una suerte de nueva naturaleza de las leyes económicas urgentes. Creo que eso está claro”.

El remate lo soluciona todo: está clarísimo.

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