Ley Antipillos: ¿Cuál es el futuro de la ley tras el enredo jurídico?

Al menos de momento, la pugna por la Ley Antipillos la ganó el Ejecutivo. La normativa se publicó ayer en el Registro Oficial y, según dos expertos, eso significa que está vigente y puede implementarse.

(No te pierdas: Ley Antipillos: Proponen acción penal si se publica en el Registro Oficial)

El nudo jurídico que se armó alrededor de esa pugna apunta a desenredarse, una vez más, en la Corte Constitucional. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad y así todo quedará en manos de ese organismo.

El experto en Derecho Constitucional Gonzalo Muñoz dice que el decreto ley está vigente y hay que cumplirlo. Sin embargo, cuestiona lo hecho por el Ejecutivo y lo califica como una decisión arbitraria.

Esto porque la Asamblea sí podía archivar la iniciativa en el primer debate. La razón es que los proyectos urgentes tienen el mismo trámite que los ordinarios. El artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite el archivo desde la primera discusión.

Pablo Santillán, exprosecretario de la Asamblea y experto en legislación parlamentaria, coincide en la vigencia de la ley, pero argumentó en contra de la actuación del Parlamento. Esto porque la Constitución establece que las leyes se aprobarán después de dos debates.

Los dos expertos coinciden en otra cosa: una vez publicado el decreto, cualquier persona puede presentar una acción ante la Corte Constitucional.

Anticipan otros problemas jurídicos

Pero hay legisladores que anticipan otros problemas jurídicos. El primer vicepresidente, Otto Vera (PSC), señala que el sistema judicial podría recibir demandas en las que se argumente que la ley fue archivada por la Asamblea. Esto podría ocurrir en temas como el impuesto a la compraventa de vehículos usados.

En el mismo sentido se pronuncia el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel; pero explica que los efectos jurídicos, por ejemplo al incurrir en un delito como arrogación de funciones, serían para quien intente aplicar lo que se establece en la ley.

Para el Gobierno, esta normativa es importante. En el comunicado con el que se anunció su envío al Registro Oficial, el Ministerio de Gobierno mencionó que “es una herramienta clave diseñada para atacar y asfixiar las economías delictivas”.

Pero existe otro tema clave: la ley pasó al Registro tal y como fue enviada desde el Ejecutivo. Es decir, sin los aportes que recibió el documento en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

Por ejemplo, respecto al impuesto a la compraventa de vehículos usados, la normativa publicada establece que sea sobre la base imponible (precio de venta del vehículo usado). Además, el cobro se haría con una tabla progresiva en la que el valor no supere el 5 %.

Sobre esto, la oficialista Nathaly Farinango dice que el Gobierno acogerá parte de lo trabajado en la Comisión de Régimen Económico, pero la regulación se establecerá en el reglamento. También recuerda que estará vigente el que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas.

Otro tema que pasará como lo pensó el Ejecutivo, sin filtro del Legislativo, es la atribución que tendrá la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El poder que se le daba a esta entidad generó reparos entre las diferentes bancadas legislativas.

Nuevamente la Corte intervendrá en un conflicto entre funciones 

Ahora, la pugna se resolverá en la Corte Constitucional. Muñoz explica que el tratamiento puede demorar. La razón es que ese organismo tramita las demandas de inconstitucionalidad en orden de llegada.

La Asamblea esperará ese pronunciamiento, después de que su presidenta acusó a la Corte de haberse convertido en un instrumento del Gobierno para asfixiar la economía de los ecuatorianos. “Condenamos que la Corte Constitucional y el Registro Oficial hayan permitido que se publique un decreto ley sin cumplir las formalidades establecidas en el orden jurídico”, se señala en un comunicado que se expuso pocas horas después de que se publicó la normativa.

Para la Asamblea, esta decisión vulnera el equilibrio de poderes y la institucionalidad del país. “No se puede permitir que los intereses del FMI primen sobre los derechos de los ecuatorianos”, se lee en el escrito.

También anunció otra acción legal. En un comunicado, la Asamblea señaló ayer que se presentará una acción penal en contra del máximo representante del Registro Oficial.

Ante ello, esa entidad explicó que no tiene la facultad de dirimir o realizar controles de legalidad ni constitucionalidad antes de la publicación de las leyes.

Con esto, el conflicto Ejecutivo-Legislativo se agudiza, después de que la relación ya era tensa por los juicios políticos que se emprendieron en contra de funcionarios de Noboa. 

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