Ley Antipillos: ¿Por qué el Gobierno insiste en que es una herramienta esencial?

El Gobierno Nacional insiste en la necesidad de que esté vigente la denominada Ley Antipillos. Tras la suspensión del cobro del impuesto a la compraventa de vehículos usados que incluye la normativa, el Ejecutivo señaló que presentará todos sus argumentos para que el caso sea evaluado con imparcialidad.

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Ayer, viernes 20 de diciembre del 2024, la Corte emitió el auto de admisión en el que se incluyó la suspensión de la normativa. Esto después de la solicitud hecha en la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional.

“La Ley Antipillos es una herramienta esencial para combatir y ahogar el financiamiento del crimen organizado”, señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado. También arremetió contra la Asamblea. Señaló que “hace algunas semanas atrás los pillos y sus aliados buscaron sepultar la ley”.

En su pronunciamiento, esa Cartera de Estado señaló que el problema jurídico se originó en la misma Asamblea. Esto porque no respetó el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Ministerio de Gobierno argumentó que eso obligó a que corrijan y enmienden “un proceso que debió llevarse a cabo conforme al marco constitucional”.

Finalmente, el Ejecutivo alista sus argumentos para presentarlos frente a la Corte Constitucional. También hizo un llamado a esa entidad para considerar el impacto de la ley en la seguridad de los ciudadanos.

¿Cuál es el enredo jurídico con la Ley Antipillos?

El presidente Daniel Noboa envió como económico urgente a la Asamblea el proyecto para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, conocida como la Ley Antipillos. 

En el Legislativo, el proyecto lo tramitó la Comisión de Régimen Económico. Allí se elaboró el informe para el primer debate. Pero, el conflicto estuvo alrededor de dos temas: un impuesto y las atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

El más álgido fue el tributo que incluía una tabla progresiva para el cobro en la compraventa de vehículos usados. El oficialismo argumentó que ese impuesto ya existía y que, con la ley, se reduciría para los automotores cuyo valor sea igual o menor a $20.000. Pero, para el correísmo, Construye y el Partido Social Cristiano (PSC) esto se trataba de un nuevo impuesto. 

Entonces, en el primer debate del proyecto se plateó su archivo y hubo los votos necesarios para hacerlo. 

En respuesta, el Gobierno argumentó que eso no podía hacerse porque la Constitución establece la obligatoriedad de que una ley se apruebe en dos debates. Devolvió lo resuelto por la Asamblea y, el pasado 10 de noviembre, lo publicó como Decreto Ley en el Registro Oficial. 

Ahora la Asamblea busca un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre si fue o no legal que el Ejecutivo los promulgara teniendo en cuenta que la Ley Antipillos fue negada y archivada en el Legislativo.

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