La Ley de Carrera Sanitaria aún no convence a todos los médicos

Autoridades del Gobierno, de la Asamblea y de la Federación Médica Ecuatoriana, entidad que agrupa a los colegios médicos provinciales, la presentaron en conjunto y como un logro para el personal médico del país. No obstante, la recién promulgada Ley de Carrera Sanitaria genera dudas y críticas en doctores públicos, exdirigentes gremiales y exministros de Salud.

Si un médico ingresó por concurso al sistema público de Salud hace 10, 15 o más años, con seguridad aún percibe la misma remuneración. No importa que en ese lapso haya hecho maestrías o especializaciones, investigaciones o publicaciones, que labore en la ciudad o en una recóndita zona rural; que sobresalga en su desempeño o que tenga falencias. “Con esa partida entraste y con esa te mueres”, es la máxima que rige entre los doctores públicos.

De allí que la nueva ley genere optimismo en unos por la posibilidad de que al fin mejoren las condiciones profesionales y salariales de los galenos; y decepción en otros que la ven como una oportunidad desaprovechada. El gráfico a continuación pretende sintetizar algunos de los principales argumentos de ambas posturas.

“La nueva ley no contiene nada que ya no esté estipulado en la Ley de Servicio Público, solo que le han puesto el apellido para los trabajadores de la salud”, dice el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco.

Alude específicamente al tema del ingreso a la carrera por concurso y al del escalafón. Médicos activos consultados también señalaron que el ingreso por concurso no es nuevo. Aunque sí el escalafón salarial.

“El problema es que no hay concursos desde hace años y la mayoría de los que han ingresado son contratados que no están cubiertos por la ley, porque es solo para los de nombramiento”, agrega Carrasco.

Quienes laboran para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dudan de si ellos también estarán incluidos, pues la entidad tiene una normativa propia. Igual duda han planteado los colectivos de enfermeros y auxiliares.

“No tiene una proyección integral en beneficio de la clase médica y de sus derechos. Esperaba un verdadero criterio de selección, de calificación y un real sistema de promoción, para de esa manera ir incrementando la posición médica en función de experiencia, categoría, edad y ejercicio de un cargo”, señala el exministro de Salud, Luis Sarrazín.

En cambio, el actual presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, resalta los cambios y beneficios para el gremio que introduce la ley, como el escalafón con la consecuente mejora salarial. De igual manera, la posibilidad de movilidad horizontal (geográfica) y vertical (ascensos) que la normativa implementa.

Expresa que toda ley es perfectible, que los aspectos que causen dudas los puede aclarar el reglamento y que el gremio debe ver esto como un inicio.

No obstante, Carrasco critica que todo lo relacionado con mejora salarial e incentivos la ley los deja sujetos a que el Ejecutivo determine que existe disponibilidad presupuestaria.

Advierte de que otros temas, como la certificación y recertificación quinquenal obligatoria, que crea la ley, puede dar lugar “a un negocio redondo”. Explica que un curso de estos cuesta entre 800 y 1.000 dólares. “Y si multiplica por los 60.000 médicos públicos, ahí está la plata”. La norma no indica si esto debe ser cubierto por el Estado o por los médicos,

Todos los artículos de la nueva ley relacionados con el escalafón y los incentivos económicos dejan pendiente su aplicación a lo que establezca el reglamento y a que haya la fuente de financiamiento respectiva. Esa norma complementaria debe estar lista en un plazo de 180 días.

El presidente de la comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea, que impulsó la norma, Marco Molina, dice que esta Ley es para todos los trabajadores de la red pública integral de salud, lo cual incluye tanto a los enfermeros y auxiliares, como al personal médico de otras entidades como el IESS. 

También afirma que los costos que supone la certificación quinquenal, así como las demás disposiciones sobre incentivos, los asumirá el Estado. Asegura que para ello el Ministerio de Salud cuenta con una partida inicial de $ 50 millones. Y coincide en que cualquier duda u observación, lo debe aclarar el futuro reglamento.