La Ley de Comunicación puede tomar hasta cuatro giros en manos del Ejecutivo
El veto total mete en el congelador la intención correísta. En un año se pondría a prueba a mayoría en la Asamblea. El documento llegó al Gobierno
La decisión está en manos del Ejecutivo. La Asamblea Nacional remitió ayer al Gobierno las reformas a la Ley de Comunicación, aprobadas el jueves pasado, y el presidente Guillermo Lasso cuenta con 30 días para pronunciarse sobre las modificaciones
El panorama para los cambios propuestos por el correísmo y aprobados con los votos de una parte de Pachakutik, los disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y algunos independientes se proyecta poco favorable en manos del Ejecutivo y difícil, aunque no imposible, de revivir en un futuro no tan lejano en el Legislativo.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia ya calificó como “mordaza” lo aprobado por los legisladores porque se intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión e implementar mecanismo de persecución.
Por supuesto que todos debemos ser responsables de lo que decimos o hacemos, pero la ciudadanía debe entender que no es posible que se pretenda coartar la libertad de expresión.
Agregó que, una vez que el documento sea entregado oficialmente, el mandatario en ejercicio de sus atribuciones “evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”, con lo que dejó zanjada la posibilidad de un allanamiento.
¿Cuáles podrían ser esas acciones? Para el catedrático y abogado Ramiro García, al ser esta una reedición de la antigua Ley de Comunicación “que contiene los mismos vicios y defectos en relación a la libertad de expresión”, el camino que le quedaría al presidente Lasso es el veto total.
Si eso sucede, la normativa aprobada con 73 votos no podrá ser abordada por un año. Luego de ese tiempo, los asambleístas pueden intentar la ratificación, pero se requiere el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, es decir 92 votos.
“Difícilmente los van a obtener porque no creo que el Partido Social Cristiano (PSC) y la ID vayan a prestarse para eso. No vería de dónde los podría obtener”, le dijo a EXPRESO García que ha patrocinado varios casos por violación a la libre expresión.
Teniendo en cuenta la cantidad de defectos que tiene este proyecto de ley y la línea represiva que evidentemente tiene entendería que el veto parcial no es la opción
Sin embargo, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) Esteban Ron explicó que, si bien el PSC y otros se ha manifestado en contra de lo aprobado, es riesgoso confiarse de que lo mismo sucederá en un año. “Los votos en la Asamblea en este momento son extremadamente coyunturales. Es difícil tenerlos, pero no es imposible”, señaló.
El abogado Lenín Hurtado dijo ayer que lo aprobado por la Asamblea no solo afecta a los medios de comunicación, sino a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que también cree que la opción que tiene Lasso es el veto total “hasta que hayan las condiciones para aprobar una nueva normativa que tenga concordancia con los parámetros internacionales sobre este tema”, señaló.
Ese es el camino más probable, pero no el único. El presidente Lasso podría objetar parcialmente lo que significaría el envío de textos alternativos a los artículos en desacuerdo. En 30 días, la Asamblea debería analizar el veto parcial y se aprueba o desaprueba por mayoría simple (entre los asistentes a la sesión), pero también pueden intentar insistir en el proyecto inicial, para lo cual se requieren 92 votos.
Ron dijo que existe una cuarta posibilidad que es la objeción total o parcial por insconstitucionalidad en donde el presidente debería fundamentar sus argumentos y enviarlos a la Corte Constitucional (CC) que en un lapso de 30 días debe emitir un dictamen: “Si los jueces determinan que efectivamente existe una insconstitucionalidad del proyecto, este queda archivado y no se vuelve a tratar más. Pero si es parcial, regresa a la Asamblea que deberá modificar de acuerdo a lo que la Corte le disponga”, señaló el jurista.
Suman pedidos de veto total
Organizaciones como Participación Ciudadana (PC) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) piden al presidente Guillermo Lasso que el veto a las reformas a la Ley de Comunicación sea total.
PC alertó ayer que la vigencia de esta normativa supone un alto riesgo de autocensura y el retroceso de derechos fundamentales sobre libertad de expresión en diferentes niveles.
Cristóbal Peñafiel, presidente de la UNP, le dijo a EXPRESO que en este momento se están haciendo la consultas con los diferentes núcleos de la organización previo al envío del pedido al presidente de la República.
También, propondrán que de haber un veto total empiece un proceso de construcción de una nueva normativa que cuente con el apoyo de varias entidades de la sociedad civil.
Sin embargo, reconoció que mucho dependerá de la configuración que tenga la Asamblea cuando se aborde el tema en un año, como establece la ley.
