Una Ley de Comunicación ‘parchada’, lista para ver la luz
Criterios ‘arbitrarios’ se mantienen. Legisladores insisten en necesidad de un nuevo marco legal. Las reformas serían publicadas este 11 de noviembre
Cambios en la forma, pero no todos en el fondo. La Asamblea Nacional remitió al presidente Guillermo Lasso el texto íntegro de las últimas reformas a la Ley de Comunicación y varios artículos mantienen una estructura casi inalterable desde su origen, en 2013, pese a los vertiginosos cambios en materia de comunicación.
En el Legislativo, el ánimo es el de dar la vuelta a la página sobre este tema que estuvo en debate más de un año. Pocos se animan a hablar de por qué se mantienen disposiciones como aquella que indica que para tener carácter nacional, los medios de comunicación deben contar con una cobertura, publicación o circulación que llegue a más del 30 % de la población, de acuerdo con el último censo nacional.
Eso significa 4,5 millones de personas, algo que no se ajusta a la realidad del país, reconoció la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Marjorie Chávez, que impulsó el informe de mayoría que finalmente fue descartado por la oposición, para apoyar uno de minoría que terminó en gran parte objetado por el Ejecutivo.
Se podría decir que con el cambio del informe de minoría, hubo que concentrarse en defender la libertad de expresión, que fue puesta en peligro. La idea era una nueva ley.
“Si bien el veto presidencial logró mejorar algo de lo que se pretendía aprobar, los problemas siguen siendo los mismos y por eso la propuesta era cambiar una ley que promueve la censura previa, por una que sostenga la corresponsabilidad ulterior y esté acorde a lo que vive el país”, señaló Chávez.
Y ese es precisamente uno de los problemas que tuvo la Ley de Comunicación desde su origen, que se basó en teorías de la comunicación de la década de los setenta en pleno siglo XXI y ahora ni siquiera tiene en cuenta las nuevas plataformas tecnológicas de información y entretenimiento, según el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte.
El defensor de la libertad de expresión recordó que la normativa vigente tiene como base lo aprobado por el correísmo, lo reformado por el Gobierno de Lenín Moreno en 2019, lo propuesto por el presidente Guillermo Lasso, más los propios cambios que han incluido los legisladores: “un Frankenstein”.
En la normativa reformada, que está a punto de ser publicada en el Registro Oficial, se mantienen disposiciones como que las radios que emitan programas musicales deben programar un 50 % de material compuesto o producido en Ecuador en todos sus horarios, algo que tampoco se ajusta a la realidad.
El debate no está agotado y siempre queda espacio para pensar en reformas. Ahí será importante lo que puedan aportar los actores que hacen comunicación día a día.
“Eso se intentó ya reformar en 2019. Hubo reuniones con Sayce y las gestoras artísticas y estaban de acuerdo de que se revise ese porcentaje porque la norma, en lugar de fomentar la producción nacional, creó un ambiente de enfrentamiento entre las partes. Pero al final hubo presiones, sigue ahí y, como no hay sanciones, se lo mantiene por congraciarse con los artistas”, indicó Ricaurte.
Este 11 de noviembre, el presidente Lasso presidirá en Guayaquil un encuentro al que calificó como “histórico por la libertad de expresión”, en el que el tema central será la Ley Orgánica de Comunicación y se prevé que el primer mandatario disponga la publicación de la normativa reformada en el Registro Oficial.
