Ley LODA: ¿un retroceso en la protección de los animales en Ecuador?

La reciente propuesta de reforma impulsada por la Comisión de Biodiversidad para renombrar la Ley Orgánica de Animales (LOA) como Ley Orgánica de Diversidad Animal (LODA) y someterla a un segundo debate ha desatado una ola de indignación entre activistas y colectivos de defensa animal en Ecuador.

Los promotores originales de la LOA denuncian que esta reforma vulnera los derechos de los animales, reconocidos por la Corte Constitucional en 2022, cuando se los declaró sujetos de derechos, garantizando su protección contra el maltrato.

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¿Qué contempla la reforma? 

Entre las modificaciones más alarmantes del nuevo texto legal se encuentran disposiciones que podrían facilitar la venta de animales en espacios públicos, la realización de peleas de gallos, el uso de collares de ahogo y la experimentación con animales en instituciones educativas.

Además, la reforma contempla la reducción de sanciones por maltrato animal y elimina la participación de la sociedad civil en los procesos de protección animal. De aprobarse, también impediría que los municipios sancionen la zoofilia, lo que ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos de los animales.

Vanesa Carrión, líder legal de la organización Quito Verde, busca que la Asamblea Nacional reconsidere el texto original de la ley. Carrión recuerda que el proyecto inicial, presentado en octubre de 2022, incluía medidas contundentes para la protección animal, como la prohibición de la experimentación con animales, la erradicación de las peleas de gallos y la tauromaquia. Sin embargo, la reforma impulsada por la Comisión de Biodiversidad desmantela estas protecciones.

“Las sanciones contempladas en el nuevo proyecto son irrisorias. Las infracciones leves se multarían con apenas el 30 % del Salario Básico Unificado (SBU), las graves con un SBU y las muy graves con tres SBU. Con estas sanciones, los responsables de maltrato animal no sentirán el peso de la ley”, advirtió Carrión.

Como ejemplo mencionó que actos como dejar a un animal de compañía expuesto al sol en una terraza serían considerados infracciones muy graves, pero con sanciones tan bajas que estas prácticas podrían continuar impunemente.

Por su parte, Sofía Jaramillo, activista con 25 años de trayectoria, calificó la reforma como un “retroceso inadmisible” en la legislación de protección animal. “Necesitamos una ley que garantice el bienestar de los animales, no una que retroceda en sus derechos”.

También denunció que el proyecto responde a intereses económicos que buscan debilitar la legislación para favorecer actividades lucrativas a costa del bienestar animal.

En respuesta a esta reforma, los colectivos animalistas han organizado una tercera marcha nacional en cada capital provincial, con el objetivo de presionar para que el documento sea archivado.

Cristina Alarcón, miembro del colectivo LOA y promotora del proyecto original de la ley, manifestó que cuando presentaron el borrador ante la Asamblea, su intención era promover y garantizar la protección de los animales. “La Comisión de Biodiversidad ha tergiversado su esencia, incluyendo graves retrocesos en derechos y vulneraciones alarmantes”, denunció.

Uno de los cambios más preocupantes, según Alarcón, es la eliminación del principio de sentencia, que reconocía que los animales son seres capaces de sentir dolor y emociones. Además, la regulación de la zoofilia también ha sido modificada. En el texto original, esta práctica estaba expresamente vetada en el artículo de “prohibiciones generales”, pero en la nueva propuesta se ha eliminado dicho artículo, dejando la referencia a la zoofilia en una sección de sanciones, lo que podría generar confusión e impedir que los gobiernos locales la sancionen adecuadamente.

Otro punto crítico es la normativa sobre el encadenamiento de animales de compañía. En el artículo actual se establece que no deben ser atados o limitados en su movilidad por tiempos prolongados, lo que podría interpretarse como una permisividad para encadenarlos durante ciertas horas, cuando la prohibición debería ser absoluta.

El artículo 31 también ha sido modificado, eliminando la prohibición de la experimentación cosmética en animales y retirando la restricción sobre disecciones y vivisecciones en planteles educativos.

Ante estos cambios, los defensores de los derechos de los animales han presentado un oficio a la Corte Constitucional para que supervise el cumplimiento de su dictamen. “Si esta ley llega a aprobarse, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad, ya que vulnera derechos reconocidos por la Corte”, adelantó Alarcón.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Guido Vargas, informó que la documentación está siendo revisada, aunque no proporcionó detalles acerca de posibles modificaciones. Señaló que una vez concluido el análisis, se emitirá un pronunciamiento oficial.

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