El uso progresivo de la babosada

Orgullosísimos están los asambleístas de la patria. El martes de esta semana arrancaron con el primer debate de la ley para regular el uso progresivo de la fuerza (nomás con un retraso de once meses) y la sensación de que finalmente están haciendo algo útil más allá de bloquear, conspirar y vender votos tiene a muchos de ellos orgasmados. 

“Esta ley es una necesidad urgente para un país golpeado por la inseguridad y la delincuencia”, dicen en coro.

Y se felicitan por el ingente trabajo cumplido: 21 sesiones de comisión, 51 comisiones generales para recibir aportes de ciudadanos y expertos, 50 requerimientos de información fueron necesarios para llegar a este texto final que el asambleísta ponente, Ramiro Narváez de la Izquierda Democrática, pone a consideración del Pleno. Sin embargo, ni la ley en discusión da para tanto ni las herramientas que el Estado necesita para afrontar a las mafias del narcotráfico se encuentran (ni remotamente) en ella. Pero están felices. Allá ellos.

Ley para regular el uso progresivo de la fuerza: es lo que es, no hay que darle vueltas. Muchos en el Pleno creen (siempre se puede contar con la ignorancia del legislador ecuatoriano promedio) que el uso progresivo de la fuerza no estaba regulado y que esta legislatura se está inventando el agua tibia. Pero claro que estaba regulado. 

En este campo, como en todos los que tienen relación con los derechos humanos, se trata de ajustarse a unos estándares internacionales de aceptación universal. Y eso es lo que había, recogido en un reglamento interno de la Policía. 

El trabajo de la Asamblea, básicamente, consiste en convertir ese reglamento en ley, incluir una serie de protocolos de investigación y acompañamiento jurídico para policías acusados de uso excesivo de la fuerza, definir los casos (excepcionales) en que las Fuerzas Armadas pueden participar de estos procedimientos y poco más.

No parece muy difícil. Pero basta con escuchar las intervenciones del primer debate para darse cuenta de que en este tema (como en cualquier otro, hay que decirlo) un buen porcentaje de asambleístas están perdidos en un mar de conceptos que no alcanzan a entender porque a duras penas si leen el periódico. Los hay que están en contra de los estándares internacionales: les parecen muy tibios. Es el caso del club de los provida: ellos quieren, paradójicamente, “tirar a matar”, según feliz expresión del socialcristiano Esteban Torres, que arranca su intervención con un sonoro “permítanmennn”. 

Su compañera de partido y de fundamentalismo religioso Geraldine Weber no se resigna a que las Fuerzas Armadas no puedan salir a la calle a dar bala, como actores fundamentales de la “cruzada de limpieza, de seguridad y de mano dura” que propone. Si los estándares internacionales no lo permiten, una consulta popular lo solucionaría.

Junto a ellos, hay otros que desconfían del uso progresivo de la fuerza por las razones contrarias: creen que son una argucia para reprimir al pueblo. Es el caso de los asambleístas de Pachakutik. “Esta ley -dice uno de ellos, Joel Abad- busca otorgar permisos especiales y adicionales para la represión de personas de bajos estratos sociales y pobres”. Y propone prohibir hasta “el uso de armas no letales” para reprimir protestas, cualquier cosa que pueda producir lesiones (lo cual, bien mirado, debería incluir hasta las manos). 

Otra integrante de la misma bancada, Sofía Sánchez, también con el ojo exclusivamente puesto en el tema de las protestas, planteó una cuestión irresoluble: “¿Cómo se pretende medir -preguntó- si una manifestación es pacífica o violenta? ¿Quién va a calificar esto? Las autoridades no pueden ser juez y parte”. Planteadas así las cosas, ante una arremetida de protestas violentas que el Estado no tendría la facultad de calificar como tales, sólo quedaría una cosa por hacer: nada.

Salvador Quishpe es más radical: él, simplemente, quiere que la ley trate de otra cosa. Empieza quejándose de cómo lo registran a uno cuando va a la cárcel “a visitar a un amigo”: “le van manoseando todo el cuerpo”, dice. Algarabía de risas y silbidos en el kindergarten. Luego va al grano: “la delincuencia -proclama como quien dice eureka- es el fruto de las inequidades sociales. Si no resolvemos esos problemas, no podemos garantizar un ambiente de tranquilidad”. Más claro: no se necesita una ley de seguridad sino una de empleo. Pero resulta que esa tampoco la quiere Salvador Quishpe.

Luego está el grupo, harto numeroso, de los asambleístas que simplemente no entienden un pepino de lo que están hablando. No es raro que el correísmo (movimiento famoso por llevar a la Asamblea gente que levante la mano y cierre la boca) sea el más pródigo en este tipo de personajes. Como Xavier Jurado, por ejemplo. Hablando del uso proporcional de la fuerza, el correísta sorprendió con este hallazgo: “la fuerza -dijo- no es proporcional. El delincuente tiene mayor proporcionalidad”. Y se refería a que dispone de armas más grandes. Para él, eso del uso progresivo de la fuerza requiere de un sofisticado equipo de armas progresivamente más mortales. “El policía ecuatoriano pasa del gas a la pistola y eso es un problema”, diagnostica.

Jurado sueña con un arsenal de dispositivos intermedios que vaya de la porra a la metralleta.

Y luego está Jhajaira Urresta. El problema con ella es que no se le entiende un carajo. “Compartamos que la problemática de base a esta ofensiva orquestada desde el gobierno y sus sectores conservadores de América Latina han mantenido que profundizar es gobernar y reestructura un sistema económico neoliberal”, dice por ejemplo. O bien: “Las protestas pacíficas hacen que la fortalezca de un Estado sea la voz del demandante”. Tal cual. Pasa con ella como con los delfines: creen quienes los conocen que son muy inteligentes pero nadie ha podido comunicarse con ellos.

No estaría completo este resumen sin el indescriptible socialcristiano José Almeida. Él empieza despachando un confuso párrago sobre el Consejo de la Judicatura y el CPCCS, sobre las intromisiones en la Asamblea y “el señor Ulloa”, y termina proponiendo incluir un artículo que diga: “No podrá usarse a la fuerza pública para interferir en el funcionamiento de una institución o función del Estado”. Él lo que quiere es tomar por asalto los organismos de control sin que nadie le joda.

Mientras tanto, el proyecto de ley de seguridad integral que envió el Ejecutivo y que incluye, ese sí, una serie de herramientas para hacerle la guerra al crimen transnacional (por ejemplo, designar las cárceles, desde donde operan las mafias, como lugares de seguridad estratégica, lo cual facilitaría el manejo de las emergencias), ese proyecto duerme el sueño de los justos en algún cajón de la Comisión de Seguridad de la Asamblea y no tiene fecha para su tratamiento. Más aún: no se habla de él. Bien pensado, a lo mejor es una suerte.