Ley de Transito: el Pleno escucha a todo el mundo

Nadie quiere estar en los zapatos de Fafo Gavilánez. Las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, a cargo de la comisión ocasional que él preside, se han convertido en el texto legislativo más difícil de sistematizar en esta legislatura: por la enorme cantidad de aportes (muchos de ellos enfrentados y contradictorios) provenientes de todos los actores de la movilidad; por la presión de los gremios de transportistas; por la vigilancia que mantienen los observatorios ciudadanos y otros grupos de la sociedad civil; por las insospechadas aristas de la ley y las complejidades sociales que acarrea. No es extraño, entonces, que la discusión se prolongue y se complique. Ayer se cumplió la sexta jornada de intervenciones parlamentarias y aún no se ha dado por concluido ni siquiera el primer debate.

Cada vez que el Pleno vuelve sobre el tema, los sindicatos se manifiestan en la entrada y llueven las solicitudes de representantes de los más diversos organismos y asociaciones que piden ser recibidos para plantear sus demandas. Con solo organizar ese calendario de comparecencias (que hasta el momento ha sido lo más representativo posible de la diversidad de actores de la movilidad) la Comisión ya tiene bastante trabajo.

Ayer pasaron por el Pleno los secretarios de movilidad de Quito y Cuenca, dos representantes de las empresas de transporte turístico, uno de las cooperativas de transporte rural de la provincia de Bolívar y un directivo de la organización civil Justicia Vial. Hubo de todo: observaciones técnicas, quejas por discriminación, denuncias de corrupción, demandas difíciles de resolver... Un pequeño muestrario de las complejidades que tendrá que resolver la nueva Ley de Tránsito.

Está, por ejemplo, el problema de las comunidades: los criterios técnicos separan en dos categorías diferentes los servicios de transporte de carga y transporte de pasajeros, pero en las zonas rurales operan cooperativas de camionetas que igual movilizan lo uno como lo otro; para ellas, se pide establecer la categoría de transporte mixto. ¿Es técnico? Y lo contrario, ¿es socialmente sustentable?

Las empresas de transporte turístico tienen su propio vía crucis. Su servicio está catalogado como de transporte pesado y, por tanto, tienen prohibido el ingreso a las zonas turísticas de los cascos urbanos. ¿Tiene algún sentido? Además, se consideran víctimas de una resolución de la ANT que habilita a las cooperativas de transporte intercantonal para ofrecer servicios turísticos, a pesar de que ellas no cumplen los reglamentos de seguridad internacional ni pagan los impuestos que sí paga el transporte especializado. Luis Díaz, presidente de la Cámara de Transporte Turístico, atribuye este problema a “un negociado de la ANT por debajo de la mesa”.

Así, con cada nueva comparecencia, aparecen nuevos aspectos problemáticos de la ley. Lo que no impide que los asambleístas pierdan el interés. Ayer, la sesión tuvo que ser suspendida al mediodía porque el Pleno se quedó sin cuórum.

Propuestas

Nuevo modelo societario

El exdirector de Justicia Vial y actual secretario de Movilidad del Municipio de Quito, Guillermo Abad, presentó algunas propuestas para la nueva ley. Defendió el sistema de licencia por puntos, la vigencia de las plataformas tecnológicas para el servicio de taxis y un modelo de organización societaria que obligue a inscribir los buses a nombre de las cooperativas.