La Ley Tributaria enfrenta a asambleístas y empresarios

Una decisión con posturas encontradas. El veto del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto derogatorio a la Ley Tributaria aprobado por la Asamblea Nacional avivó las diferencias entre los legisladores y los gremios del sector empresarial. Mientras los asambleístas denuncian el aumento de impuestos que “afectan a los ecuatorianos”, los empresarios señalan una jugada más del Legislativo contra del Gobierno.

“La Ley Tributaria afecta a miles de familias ecuatorianas, a los artesanos y emprendedores que todos los meses pagan más impuestos”, dice a EXPRESO Yeseña Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática, quien también indica que, en su oficio, Guillermo Lasso hace referencia a que la modificación de impuestos es una atribución exclusiva del presidente, pero que “el artículo 140 (de la Constitución de la República) le permite a la Asamblea modificar o derogar una ley como esta”.

Dicho artículo, en su parte pertinente, señala que en el caso de que una ley sea promulgada como decreto-ley por parte del primer mandatario, “la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”. Sin embargo, según Guamaní, la insistencia del presidente Lasso de mantener la Ley Tributaria no se corresponde, por ejemplo, con la poca ejecución presupuestaria en temas urgentes como la seguridad; además de las trabas para generar más empleo.

Una postura que no comparte Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien increpa a la Asamblea señalando que, en lugar de revisar la ley para “quitar lo malo”, los legisladores escogieron el camino político de la derogatoria total “para tratar de golpear al Gobierno Nacional”.

Sin embargo, hace hincapié en que, si bien es cierto que la normativa aumenta impuestos, también deroga otros y da más herramientas a Lasso. “Abre la puerta a que haya una mayor reducción. Por ejemplo, gracias a esa ley el presidente puede disminuir los impuestos a los consumos especiales vía decreto ejecutivo”, indica.

Incluso el Ejecutivo defendió su decisión señalando, a través de un comunicado, que el veto del presidente Lasso fue una “decisión responsable” que precautela el ingreso de $ 1.000 millones al Estado para la atención de los sueldos de médicos, maestros, los programas sociales, los créditos, la lucha contra el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. Asimismo, el Gobierno recordó que la Asamblea Nacional necesitará 92 votos y esperar un año más para “insistir o no (en la derogatoria de la Ley Tributaria)”.

Pese a la argumentación del Gobierno y del sector empresarial, para Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, el telón de fondo del veto del presidente Guillermo Lasso es su intención de salvaguardar sus intereses. “La derogatoria de la Ley Tributaria es conveniente para el pueblo ecuatoriano, pero inconveniente para los intereses de los suyos”, continúa y, al igual que Guamaní, explica que la Asamblea sí tiene la atribución para derogar dicha ley.

Por otro lado, Ruiz también señala que el veto es para cuidar el “acuerdo entre el correísmo y el Gobierno para blanquear los capitales robados”. Según el legislador, los simpatizantes de la revolución ciudadana se benefician al tener la posibilidad de reportar capitales que tenían en el extranjero sin consecuencia alguna, mientras que el Gobierno “no perjudica a los suyos y sus intereses monetarios”.