Una ley urgente que lleva ocho meses en construcción

Al gobierno del presidente Lenín Moreno le ha tomado ocho meses elaborar una normativa que regule, de forma técnica y razonable, las limitaciones de libertad de tránsito, pese a que con la pandemia de la COVID-19 convivimos desde principios del año pasado.

Presionado por las circunstancias, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional en quince días. Esto luego del último dictamen de la Corte Constitucional (CC), en el que le da un plazo de tres meses para hacer una propuesta legal que ayude a evitar confusiones cada vez que se emiten disposiciones restrictivas.

No es la primera vez que los jueces constitucionales se pronuncian al respecto. En agosto de 2020, advirtieron a Moreno que se debe establecer un marco legal con disposiciones temporales para enfrentar al coronavirus porque ya preveían que no habría una solución en el corto plazo. En esa ocasión, la CC no estableció un tiempo límite.

Para el abogado constitucionalista André Benavides, este último detalle liberaría a Moreno de haber incurrido en incumplimiento de una disposición constitucional. Sin embargo, considera irresponsable no haber planteado una propuesta antes de que la Corte Constitucional insista en su pedido, pero esta vez dando plazos.

“Estamos a un mes y días de que ingrese un nuevo presidente y la nueva Asamblea y no sería raro que, si no enviaron el proyecto en ocho meses, no lo hagan ahora. Ese será uno de los pendientes urgentes a resolver por el nuevo Gobierno”, señaló Benavides.

El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, contradice esta percepción y asegura que las entidades estatales han venido trabajando en una propuesta y será presentada antes de que finalice este mes.

Una de las razones para la demora sería el tiempo que tomó analizar las reformas que se deben aplicar a normativas vigentes, para hacer una nueva propuesta de ley. Los códigos que sufrirían modificaciones son el de Salud; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), explicó Zapata.

La directora del Observatorio Jurídico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Pamela Aguirre Castro, considera que por un tema de tiempo, pero sobre todo de legitimidad sería mejor que la propuesta sea enviada por quien resulte electo presidente el domingo a la nueva Asamblea que se posesiona el 14 de mayo.

La especialista considera que esta normativa debe especificar los parámetros de acción de los gobiernos locales en temas como la movilidad, pero también la vacunación. Además, los ámbitos de competencia de los COE nacional y cantonales.

Benavides añade que debe haber una regulación específica que señale que, por ejemplo, dos semanas antes de un feriado, las autoridades locales o nacionales den a conocer las medidas pertinentes de acuerdo a informes técnicos de momento.

En ese sentido, los dos juristas coinciden en que la actual Ley de Feriados podría ser revisada temporalmente en la normativa que envíe el Ejecutivo, a través de una disposición transitoria u otra figura que se aplique mientras dure la pandemia.

El toque de queda llega a su fin

El toque de queda de este viernes durará apenas cuatro horas: desde las 20:00 hasta las 23:59. De ahí en adelante, no habrá más restricciones de movilidad, según el dictamen emitido por la Corte Constitucional.

El COE nacional anunció que acatará esa decisión y dejó en manos de los organismos del Estado central, pero sobre todo de los gobiernos locales, la aplicación de medidas encaminadas a enfrentar la pandemia de la COVID-19.

Estas, sin embargo, podrían empezar a ser aplicadas desde el lunes 12 de abril, porque la Corte en su resolución pide que no se afecte el desarrollo de las elecciones de este domingo.