Las leyes del Ejecutivo, de la traba legislativa a la constitucional
Proyectos urgentes firmados por el presidente siguen en estudio de la Corte. Analistas advierten que la CC querría suplir el rol político de Asamblea
Un filtro necesario o rumbo a convertirse en otro obstáculo. El primer decreto- ley de urgencia económica firmado por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, está por cumplir dos semanas en manos de la Corte Constitucional (CC) sin que esta emita un pronunciamiento a favor o en contra.
Podría llegar a superar el mes si se toma en cuenta que recién para el martes 6 de junio la CC convocó a Lasso y otros funcionarios para que justifiquen la urgencia y determinar la constitucionalidad de la propuesta de normativa para el Fortalecimiento de la Economía Familiar o Reforma Tributaria.
Incluso, el organismo constitucional abrió un espacio para la presentación de amicus curiae, para que personas externas puedan dar a conocer sus puntos de vista en torno a la iniciativa del Ejecutivo. Eso tiene inquietos a algunos actores y sectores.
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Al economista y analista político Alberto Acosta Burneo le llama la atención que los jueces constitucionales hayan llamado a esa audiencia y hasta estén buscando criterios de terceros. Es decir, haciendo un procedimiento completo.
Si las cosas siguen como están podemos terminar estos meses sin que se procesen los proyectos que envíe el Gobierno; el país no habría ganado mucho con la activación de la muerte cruzada.
“Cuando lo que se entiende es que la Corte debe hacer una revisión de constitucionalidad. Significa que no tiene por qué revisar ni la pertinencia del proyecto o si la oportunidad (urgencia) es la adecuada. Esos son temas que le corresponden decidir al Ejecutivo”, señaló.
Lo cierto, es que la activación del decreto de disolución de la Asamblea y lo que eso conlleva develó que no existe normativa ni reglamentos que regulen el procedimiento para que la CC tramite los decretos leyes que emita el presidente en materia económica.
De hecho, a diferencia del plazo de 30 días que tiene el Legislativo para procesar los proyectos económicos urgentes en períodos ordinarios, para la Corte Constitucional no existe establecido un tiempo para que se pronuncie en este momento extraordinario.
En un sistema democrático el presidente debe estar consciente que no gobierna solo, no es monarca, y sus decisiones deben pasar por la revisión de otros órganos, antes de la Asamblea y ahora de la Corte.
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El abogado constitucionalista Stalin Raza reconoce que existen vacíos que deben ser absueltos con agilidad para que exista un procedimiento para estos casos, pero mientras tanto dijo que la Corte está cumpliendo su rol que es: mirar si el proyecto en realidad se refiere a materia económica; si reúne el requisito de urgencia; y, finalmente, si es compatible con la Constitución y eso, a su criterio, toma tiempo.
A ese mismo control se deberá someter el segundo decreto- ley que fue firmado, el 23 de mayo pasado, por el presidente Lasso para promover las zonas francas en el país y cuya audiencia está prevista para el 8 de junio próximo.
“No es que los decretos- leyes no sean importantes, pero teniendo en cuenta que la Corte, a falta de Asamblea, se convierte en un cuasicolegislador con el presidente, entonces se va a tomar el tiempo para revisar de forma exhaustiva la propuesta. Eso no significa entorpecer al Gobierno. En un sistema democrático hay que entender que hay pesos y contrapesos”, dijo Raza.
La Corte está adoptando un rol que no le corresponde: un rol político. Que no haya Asamblea no significa que no haya contrapesos, porque la futura Asamblea podrá revisar todas las decisiones.
Al exministro de Economía Mauricio Pozo le quedan dudas de que el fondo del asunto y la demora tenga que ver con la minuciosidad en la revisión de la propuesta y teme que haya un trasfondo e interés político para bloquear los proyectos y que no entren en vigencia.
“La Corte es la máxima instancia de decisión que tiene el país y lo que se está enviando son reformas, por decirlo de alguna manera, ‘blandas’, por lo que me parece que esto no necesita esta suerte de consulta externa cuando la misma Corte debe tomar una decisión”, puntualizó el exministro.
Acosta Burneo recordó que no hace falta que la CC asuma el rol de la Asamblea, porque en seis meses habrá nuevos legisladores que podrán determinar, desde lo político, si los decretos firmados por Lasso en este tiempo fueron oportunos y convenientes, y los podrán echar abajo de encontrarlos innecesarios.
El CPCCS quiere ser barrera
También, se quieren sentir fiscalizadores. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó la conformación de una veeduría ciudadana a los decretos leyes que firme Lasso en estos meses.
No es lo único. A falta de Asamblea, este organismo se ha propuesto observar, a través de veedurías, todos los actos del Ejecutivo en este período.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que están en su deber y derecho, siempre que se apeguen exclusivamente a sus competencias.
