Las leyes ‘de la gente’ se quedan en el papel

La democracia directa llega solo al discurso. El artículo 103 de la Constitución prevé un mecanismo para que la ciudadanía pueda proponer leyes, normas o reformas legales. Se puede presentar un texto con el respaldo del 0,25 % de firmas del padrón electoral. Hasta ahora, sin embargo, ninguna norma legal ha sido aprobada bajo esta modalidad.

Desde que está en vigencia la nueva Carta Política (2008) varias iniciativas populares han llegado a la Asamblea Nacional, pero ninguna ha logrado ser tramitada por varias excusas. Tenía que recoger firmas a nivel nacional, no provincial, que no debían tener firmas de asambleístas, o simplemente ha muerto en la verificación de las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los primeros en presentar una propuesta en este sentido fueron los voceros del movimiento Madera de Guerrero en 2010. Entregaron 47 mil firmas y buscaban incrementar las penas en delitos de asesinato.

El exasambleísta Andrés Roche sostuvo que a pesar de que las reformas tuvieron el respaldo de la gente, las autoridades de la Asamblea no les dieron el trámite que se debía cumplir.

Dos años después, en el 2012, el exasambleísta, César Rodríguez, con el respaldo de 10.000 firmas presentó la Ley Orgánica de Legalización de la Tenencia de la Tierra. Sin embargo, no prosperó, porque las autoridades de ese entonces dijeron que era un tema nacional y no provincial, por lo que el número de firmas era insuficiente.

Luego fue el turno de la Unión Nacional de Educadores que, con 70 mil firmas, buscaba reformar la Ley de Educación para que las horas de trabajo de los maestros sean pedagógicas -de 45 minutos- y no horas reloj. El actual gobierno dio la razón a la ley que nunca se discutió.

La Red Agraria organizó una gran movilización nacional y entregó en la Legislatura el proyecto de la Ley de Tierras con más de 41.000 firmas de apoyo. En esta ocasión, con tarima incluida, los exasambleístas de Alianza PAIS, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, entre otros, aseguraron que esta era una verdadera iniciativa ciudadana. Tampoco prosperó.

Luego siguieron llegando otras, como la iniciativa popular normativa del Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra el Cáncer. Esta propuesta fue presentada por Wilson Merino, miembro del Acuerdo contra el Cáncer, con más de 110.000 firmas.

También se presentó la propuesta de Ley para eliminar las pensiones vitalicias de exmandatarios, en esta ocasión fueron 60.000 firmas de apoyo.

La última, llegó desde el Comité por la Institucionalización Democrática que busca eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), con 132.000 firmas de apoyo. Durante la verificación por parte del CNE se eliminaron más de 100.000 rúbricas por inconsistencias.

Hoy, en cambio, la Asociación de Jubilados y Pensionistas retirarán los formularios para recoger firmas para presentar un proyecto de reformas a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Biess. Para ello tienen que presentar 35.000 firmas. Henry Llanes, dirigente de la Asociación, señaló que la iniciativa busca evitar que el “IESS sea caja chica del Gobierno”.

• Claves

Insistencia

Pablo Dávila, representante de Comité por la Institucionalización Democrática anunció que en enero de 2020 retomarán la recolección de firmas para cumplir con el requisito y volver a presentar el pedido de eliminar el CPCCS; sin embargo, señaló que le preocupa el sistema de verificación que tiene el CNE.

Procedimiento

En el segundo inciso del artículo 103 de la Constitución, se señala que los proponentes de normativas ciudadanas podrán participar en los debates, y el órgano legislativo tiene 180 días para tratar estos textos. El presidente de la República solo podrá vetar parcialmente este tipo de leyes.