La libertad con la que Daniel Salcedo operaba en hospitales

Dicen que no hay crimen perfecto; y que, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Lo que parecía un buen plan que le dio la vuelta a insumos que se requerían con urgencia durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, se vino abajo por un aparente error de quienes habrían sido parte de una presunta red de corrupción, que vincula a exfuncionarios de un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Un error que sería una modalidad delictiva que fue desvelada por la fiscal Claudia Romero, al culminar -el martes- la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que lleva a Daniel Salcedo Bonilla, investigado por varios delitos, a encarar un tercer juzgamiento por peculado; junto con otros 7 procesados, entre los que constan 4 exfuncionarios del hospital de Los Ceibos del IESS.

Un caso que se convirtió en la punta de un ovillo, que fue desatando o desvelando otros actos de corrupción en tiempos de pandemia, que lo que más requería era humanismo.

Según la investigación fiscal, como modalidad se detectó que en los procesos contractuales, aparentemente ingresaban los productos que se adquirían a bodega; pero al mismo tiempo se realizaba una devolución de los productos. “Esa devolución no consta en ninguna parte del contrato. Se comercializa presuntamente en otras casas de salud y el pago se hace por la totalidad, como que siempre estuvo la totalidad de los insumos dentro del hospital y fueron utilizados”, explicó la fiscal Romero.

Una situación que, asegura, la conocían las máximas autoridades que en ese entonces estaban al frente del hospital. Pero fue el bodeguero quien, al parecer, no era parte del plan, quien sustentó la devolución en una disposición que hizo la jefa de Compras Públicas, de insumos como mascarillas, guantes y 4.000 fundas para cadáveres, por un valor de $ 148,50 cada una.

Un valor cuestionable. Peritos que fueron nombrados para esta causa determinaron que existía en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) procesos de otras instituciones para la adquisición de bolsas para cadáveres, por valores más bajos. Como ejemplo se citó: el hospital Vaca Ortiz, de Quito, que las adquirió a 16 dólares; igual que la Policía, o en Puerto Quito a $ 12,50.

Romero resaltó que entre los elementos más importantes en que se sustentó la acusación fueron: el análisis societario, así como el financiero y la triangulación entre las compañías, de cómo funcionaban y cómo se enviaban los fondos a empresas donde Daniel Salcedo es accionista, como Silverti, Bioim y EcapMedi, cuyos representantes están prófugos.

Además, la forma como se dio la suscripción del contrato. En este caso, las fundas para cadáveres estaban contempladas dentro de un pack; y, por lo tanto, no se tenía que dar bajo un proceso de emergencia sanitaria, sino por un proceso normal conforme lo establece el Sercop. Adicionalmente, se detectaron que las proformas fueron adulteradas y se falsificaron firmas, al igual que en la presunta recomendación que hizo la comisión técnica a favor de la empresa Silverti.

Aunque, al final se realizó la devolución de 3.202 fundas, la fiscal señala que eso no se registra dentro del contrato ni tampoco se deja constancia del motivo de la devolución. “Simplemente se dice que a pedido de la jefa de Compras Públicas, pero la partida presupuestaria se emitió por un valor de 872.000 dólares, se envía al Ministerio de Economía y Finanzas para su pago, lo que está pendiente”.

Un pendiente que, según un peritaje que menciona la fiscal, puso en riesgo al hospital Los Ceibos. Por ese contrato, no contaron con los recursos para poder solventar necesidades y dar apoyo a los profesionales de primera línea, quienes no contaban con los implementos necesarios “y por eso existió contagio de los médicos a falta de los implementos que requerían (y) que no se pudo adquirir por falta de recursos”.

Por ello, el juez Reinaldo Cevallos, quien llamó a juicio a 8 de los 9 procesados, aclaró que así no se hayan llevado un centavo, solo con ese acto de corrupción se hizo daño al patrimonio del Estado, conformado por todos los ecuatorianos.