La licitación de Petroecuador evidencia el abuso de la justicia
Dos medidas cautelares se emitieron por un contrato de $ 98,6 millones. Un juez echó abajo; el otro impulsó la adjudicación. Falta seguridad jurídica
Que la justicia pueda meter su mano para entorpecer o acelerar un proceso de licitación es una clara señal de la falta de seguridad jurídica.
Es el razonamiento de tres juristas consutlados por este diario, tras analizar el proceso de licitación de las pólizas de todo riesgo de Petroecuador.
El 30 de agosto de 2023, la empresa de pública de petróleos informó que adjudicó por los próximos dos años las pólizas de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima a La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.
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Lo hizo en medio de fuego cruzado. Primero, durante la madrugada del 28 de agosto, la Unidad Multicompetente del cantón Yaguachi, en Guayas, recibió un pedido de medida cautelar. En una hora el juez Jhon Erik Rodríguez Mindiola, ordenó que se declare desierta la licitación, como se lo había solicitado una abogada que trabajó con él.
Más tarde, la ciudadana Doris del Carmen Castillo Romero presentó otra medida cautelar en el cantón Balsas, en la provincia de El Oro. Esta vez consiguió que el juez Eleuterio Edulfo Aguilar Heredia ordene a Petroecuador adjudicar el contrato.
En juego se encontraban casi 100 millones de los ecuatorianos, pues la adjudicación se dio por 98,6 millones de dólares.
Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, es ilógico que una medida cautelar sea tumbada por otra medida cautelar. Indica que este tipo de acciones causa una grave inseguridad jurídica. “Considero que la Corte Constitucional debe, como ya hizo con los habeas corpus, necesariamente intervenir y poner un alto a ello. Y debe establecer las reglas como deben ser presentadas (las medidas cautelas) estableciendo la competencia y cómo deben presentarse”.
Hoy, cualquier persona, incluso que sin ninguna relación con el caso, la controversia o el contrato puede presentar una medica cautelar ante los jueces de primer nivel, que también son constitucionales.
Por eso, aparecen acciones constitucionales en Yaguachi, Manglaralto, Penipe, La Concordia, Balsas, y a nombre de cualquier ciudadano.
Ocaña dice que también es sospechoso que el mismo juez de Yaguachi, Jhon Erik Rodríguez Mindiola, que ya se ha visto involucrado en otros fallos polémicos e ilegales, como la restitución de los derechos políticos de Jorge Glas, sea quien emita la medida cautelar de parar la contratación.
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El penalista Miguel Revelo, dice que desde el 2008, el Consejo de la judicatura no ha hecha un concurso para designar jueces constitucionales. “Esto ha hecho que se faculte a todos los jueces a ser jueces constitucionales... y esto también abrió las puertas a la corrupción en el sistema de justicia constitucional ya que varios jueces ordinarios, a cambio de dinero en efectivo, se pronuncian de cualquier manera amparándose en derechos constitucionales”, indica.
Esto no es más que una desnaturalización y abuso del derecho de las garantías jurisdiccionales.
Dice que esto “afecta indiscutiblemente a la seguridad jurídica”, pues las empresas o ciudadanos que quieran participar en licitaciones se ven entorpecidos por los intereses de otros oferentes o intereses políticos.
Pamela Aguirre Castro, directora del Observatorio Jurídico Social de la UESS, dice que se ha tergiversado el ejercicio de las garantías constitucionales. Esto se ve cuando se lleva un proceso a otro territorio. Por ejemplo, en el caso de las pólizas de Petroecuador, el concurso que se tramita en Quito, es interrumpido por una demanda en Yaguachi. Y por accionantes que nada tienen que ver con el caso.
Para Aguirre Castro, se necesita una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, una adecuada interpretación, mejorar una ética de los abogados a través de fortalecer sus colegios y la creación de una judicatura constitucional especializada. “Si tenemos un sistema que no ofrece seguridad, el problema es para empresas y personas. El crecimiento de la inversión extranjera va de la mano de instituciones sólidas y el derecho que se aplica”.
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El crecimiento de la inversión extranjera va de la mano de instituciones sólidas y el derecho que se aplica.
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