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Yadira Saltos es una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana que fue destituida por el TCE.
Yadira Saltos es una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana que fue destituida por el TCE.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Liga Azul: al fin alguien en el TCE vio lo que era imposible no ver

Análisis | Era insólito que a los cuatro auspiciados por el correísmo se les haya permitido ser candidatos

Si algo de insólito y hasta de trágico tiene la sentencia del juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), es que tuvieron que pasar dos años para que alguien le ponga fin a algo que era groseramente ilegal y que, por algún motivo inexplicable, ninguna autoridad evitó: que candidatos auspiciados por movimientos o líderes políticos hayan podido llegar a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Lo insólito es que, a pesar de lo que dice la ley, a estos cuatro consejeros que fueron auspiciados por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana les hayan permitido ser candidatos y, aún peor, ejercer la función de consejeros del CPCCS, la anomalía constitucional que había sido el barco insignia del correísmo desde que Correa dejó el poder. 

La Ley sobre los candidatos al CPCSS

La ley del CPCCS establece en su artículo 37 que “ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral”.

Esta normativa fue el eje de la sentencia de Fernando Muñoz, con la que cuatro consejeros rabiosamente correístas fueron destituidos: Sócrates Verduga, Betsy Yadira Saltos (titulares), Vielka Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor (suplentes).

La grosera permanencia de estos cuatro consejeros (Alembert Vera ya había sido destituido en octubre del 2023 por la Corte Constitucional) nunca habría sido posible si no es por la manifiesta complicidad o brutal incompetencia de Diana Atamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella nunca movió un dedo a pesar de lo público y grosero que resultaba el auspicio de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa en redes y medios.

La conducta de Atamaint en este caso

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Esto, incluso, a pesar de que el consejero Enrique Pita envió a Atamaint un documento en el que expresaba su inquietud ante este patrocinio evidentemente ilegal. Y no es que Atamaint sea de las funcionarias a las que no les gusta poner demandas por incumplimiento de la ley electoral: hace poco le puso una a Betty Zambrano, excandidata a la Prefectura de Esmeraldas, porque no se presentó al debate alegando haber estado enferma. Y como en primera instancia Zambrano le ganó la partida a Atamaint en el TCE, la presidenta del CNE apeló.

Es decir, le resultó mucho más relevante castigar a una candidata que perdió por no presentarse a un debate, que a un grupo de consejeros ultra correístas que a la vista de todo el mundo habían violado la ley electoral y que serían los encargados de integrar a los organismos de control del Estado.

Y eso no es todo lo que habla de la conducta de Atamaint: la ley establece que para evitar la concentración de poder en el CPCCS se prohíbe que un movimiento social tenga dos candidatos al mismo tiempo. Es decir, si la Conaie o alguna agrupación ambientalista quería poner dos o tres candidatos, eso no hubiera sido permitido. Pues bien, Atamaint ‘se hizo la loca’ y no quiso ver que el correísmo tenía siete candidatos. 

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El otro puntal de la sentencia es la prueba presentada por los demandantes: un video que se transmitió el 29 de enero de 2023 en la cuenta de Facebook de una tal “comunidad Rafael Correa”, donde aparece el expresidente prófugo desde Bélgica en una suerte de conversatorio con los siete candidatos de la Liga Azul.

Se trata de un video que dura algo más de una hora y veinte minutos, en los que los siete candidatos se relamen diciendo lo mucho que admiran y quieren a su líder, mientras que Correa resalta los méritos de sus coidearios por los que recomienda a la sociedad votar. De uno, incluso, dice que es su jardinero en Bélgica. Si eso no es proselitismo puro y duro, entonces ¿qué es?

En la escena, Correa es el conocido, el referente, el que pide el voto para los siete candidatos de su movimiento. Es por ello que resulta infantil y un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos que los ahora sancionados consejeros aparezcan diciendo que la sentencia no es justa porque ni ellos ni el mismísimo Rafael Correa son afiliados a la Revolución Ciudadana. 

A más de que el tema de la afiliación no está en la Ley del CPCCS, el argumento de que no debió sentenciarse en su contra por no ser afiliados resulta una leguleyada infame. ¿Alguien no sabe que Correa es el líder fundador y el mandamás absoluto de ese movimiento?

Aunque más vale tarde que nunca, la sentencia del juez Muñoz al menos servirá para que los que se hicieron los locos con la situación de la Liga Azul se avergüencen de su conducta. ¿Tendrán vergüenza?

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