Liga Azul: dos frentes abiertos para definir el futuro de los consejero del Cpccs
El caso Ligados abrió escenario penal para el correísmo en el CPCCS. La Fiscalía investiga usurpación de funciones
Al remezón correísta en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) le siguió otro remezón pero esta vez legal. Con el allanamiento de la Fiscalía a las instalaciones de esa entidad en Quito se abrió un nuevo frente que podría definir el futuro de cuatro consejeros.
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Pasaban las 11.00 de ayer. Un grupo de policías ingresó al CPCCS y tomó por sorpresa a los funcionarios de la entidad. En ese momento, el único vocal presente era Augusto Verduga, uno de los vinculados a la denominada Liga Azul.
El nombre de Liga Azul apareció después de que Verduga, Yadira Saltos, Alembert Vera, Eduardo Franco Loor, Vielka Párraga, Hugo España y Jeanneth Lozada aparecieron en un spot publicitario con los colores y frases usadas por el correísmo en la campaña del 2023 para llegar al Consejo de Participación. El mismo Rafael Correa los promovía. Decía que eran los candidatos por los cuales votaría.
Actualmente son parte del CPCCS Franco Loor, Verduga y Saltos. Eso garantiza tres votos del correísmo en ese organismo. Pero, al ser un cuerpo colegiado de siete integrantes, las decisiones se toman con al menos cuatro voluntades. Entonces se sumó la vocal Nicole Bonifaz y se armó una nueva mayoría.
Los cuatro pusieron los votos para regresar a Raúl González a la Superintendencia de Bancos. Eso motivó una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, quien fue designado después de que prosperó una acción de protección que dejó sin efecto la designación de González.
Sin embargo, este último ganó parcialmente una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y esa fue la base con la que Verduga mocionó que, para dar cumplimiento al dictamen, quien debía asumir el cargo era González.
La denuncia de Romero motivó el allanamiento y la Fiscalía nombró al caso como ‘Ligados’. Investiga una presunta usurpación de funciones y el incumplimiento de una decisión de autoridad competente.
Las imágenes de Verduga en el allanamiento circularon en redes sociales. El consejero reaccionó al intento de retener su teléfono móvil por parte de una funcionaria que participaba en el allanamiento.
Ayer, el coordinador jurídico del CPCCS, Santiago Peñaherrera, confirmó que el allanamiento se había hecho en la oficina de Verduga, además de los despachos de Saltos, Franco Loor y Bonifaz. También se hizo en otras áreas con la intención de recopilar documentos.
El coordinador jurídico confirmó que el caso tenía que ver con la sesión del pasado 22 de enero en la que se decidió sobre el superintendente de Bancos. Dijo que recopilaron “todos los documentos relacionados con esa designación del Pleno”, entre esos las actas resolutivas.
Después de casi dos horas de iniciado el allanamiento, la Policía salió por la parte de atrás del edificio del CPCCS, en camionetas. No hubo detenidos. Y la Fiscalía informó después que, entre los indicios, se recabaron dos teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, un disco duro y documentos.
Otro frente en la Corte Constitucional
Pero no es el único frente abierto para la Liga Azul. En la Corte Constitucional también hay una acción que puede incidir en su futuro como parte del CPCCS. El abogado Santiago Becdach pidió a la Corte que inicie la fase de seguimiento de la sentencia relacionada con Raúl González.
Solicitó que se establezca la responsabilidad y sanción en contra de los cuatro vocales del CPCCS. Lo mismo pidió para Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea. Esto último teniendo en cuenta que el Legislativo no posesionó a Roberto Romero como superintendente.
En ese mismo sentido, Romero presentó un pedido en la Corte para actuar como tercero interesado. En el escrito pidió que se declare la resolución del CPCCS sobre González como un incumplimiento de su sentencia. Además, solicitó la destitución de los cuatro vocales que votaron a favor de la resolución aprobada en el CPCCS.
“Inclusive, una resolución temprana de la Corte evitará la proliferación de acciones legales de distinta índole que solo provocaría un caos jurídico en el país.”, manifestó Romero.
También planteó que la Corte se pronuncie de manera prioritaria en esta causa. Así, un nuevo enredo jurídico y político originado en el Consejo de Participación sería resuelto por la Corte Constitucional.
El CPCCS emitió un comunicado ayer en el que aseguró que prestará “todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia”.
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