La Liga Azul queda fuera del CPCCS: TCE confirma su destitución por grave infracción
El Tribunal Contencioso Electoral ratifica la destitución por violación de la ley electoral en las elecciones de 2023
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este viernes 31 de enero de 2025 la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incurrir en una grave infracción electoral durante su participación en las elecciones seccionales de febrero de 2023. La decisión se tomó con el respaldo de cuatro de los cinco jueces del tribunal.
Detalles de la apelación y la sentencia inicial del juez Fernando Muñoz
Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplente) habían apelado la sentencia que les había impuesto el juez Fernando Muñoz en septiembre de 2024. En la resolución inicial, se les había sancionado con la pérdida de sus cargos, una multa de 31.500 dólares (equivalente a 70 salarios) y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
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Leer másEl TCE validó esta decisión por mayoría, con los votos favorables de Guillermo Ortega Caicedo (ponente), Ivonne Coloma Peralta, Joaquín Viteri Llanga y Ana Abril Olivo. El único voto en contra fue el del juez Richard González Dávila.
La sanción tiene su origen en una denuncia presentada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach, quienes señalaron a los ahora exvocales de hacer campaña a favor del movimiento Revolución Ciudadana (RC), encabezado por el expresidente Rafael Correa, durante las elecciones de 2023.
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La Liga Azul al CPCCS. pic.twitter.com/VZMINb9cMt
— Rafael Correa (@MashiRafael) February 2, 2023
La infracción electoral cometida
A pesar de estar prohibido por la Constitución y la ley del CPCCS, estos exfuncionarios participaron en actividades proselitistas, lo que llevó al TCE a considerar que cometieron una infracción electoral grave.
Consecuencias legales según el Código de la Democracia
Según el artículo 279 del Código de la Democracia, esta falta se encuadra en el incumplimiento de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o las sentencias del TCE, y puede acarrear sanciones que incluyen multas y la destitución de los involucrados. En este caso, el tribunal estableció la destitución, el pago de la multa y la suspensión de los derechos políticos de los exvocales por un período de hasta cuatro años.
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