El lío de los radares capta el silencio solapador del poder
La investigación de EXPRESO que halló inconsistencias en la adquisición y uso de fotorradares en el país, ha dejado ‘sin palabras’ a las instituciones de control
Una entidad que regula el tránsito de todos, pero al ser investigada no rinde explicaciones a nadie. Las irregularidades denunciadas por este Diario en la adquisición y uso de los fotorradares en Guayaquil, y otras localidades del país, se posó en la mesa de las instituciones de control sin que esta se inmute. Es más, ha transcurrido más de una semana y las instituciones implicadas, al parecer, han acordado proclamarse en silencio absoluto.
Postura que, según el experto en contratación pública y análisis político, Daniel González, deja entrever la aparente complicidad que hay entre los entes de control y los autores del proceso de adquisición y uso de los fotorradares en el país, como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y el proveedor, Alcolisti S. A.
Si la Contraloría y otras entidades no realizan acciones, se escucha un silencio cómplice.
A esta conducta, a decir de González, se suma la “preocupación” que despierta que las instituciones públicas, “constituidas para ejercer control sobre procesos públicos”, no cumplan sus funciones ante una denuncia pública.
“Si se presume el cometimiento de un delito, y Fiscalía no llama a rendir versión a los implicados; sobre todo a la empresa proveedora de los equipos, estamos hablando de un silencio cómplice”, dice González y señala que esta complicidad se ha expandido a otras entidades, como la Secretaría Anticorrupción y Contraloría por no rendir cuentas de “lo que sucede”.
Si bien es cierto, la Fiscalía inició el pasado 25 de octubre una investigación sobre los fotorradares del país, tras el pedido de investigación hecho el 30 de septiembre de 2022 por el legislador Ricardo Vanegas.
No obstante, según González, la Fiscalía ha tenido “el tiempo considerable” para que, ante la denuncia pública, rinda cuenta de lo que sucede o los avances que ha tenido la investigación. “Debería pedir a un juez o un tribunal penal para que se llame a juicio a los implicados”, recomienda.
La ANT admite la falta de margen específico de error en el reglamento de uso de fotorradares
Leer más“La Contraloría debería intervenir de forma inmediata y emitir pronunciamientos con presunción de responsabilidad penal”, dice González, como acción pronta para que la Fiscalía tenga más elementos para poder actuar.
Sin embargo, si se mantienen al margen, concluye, “están solapando este tipo de circunstancias” y no está garantizando el buen uso de fondos públicos. “Ambas entidades están cayendo en omisión”.
La participación que González diagnostica que debería tener la Contraloría en este escenario, se reduce a la entrega de documentos que realizó una fuente de la entidad a este Diario. En la que, a través de un informe realizado en 2021, se concluye que los radares que controlan el exceso de velocidad en varias localidades, tuvieron mantenimientos incompletos.
“No se adjuntó el informe detallado y actualizado del número de equipos, para determinar el estado operativo, ubicación geográfica y codificación o serie de los activos fijos. La falta de información no le permitió contar con una adecuada planificación (..,) determinándose diferencias entre las cantidades de los equipos detallados en el contrato y términos de referencia, frente a las planificaciones mensuales de los mantenimientos preventivos”, reza el examen realizado por el ente.
Dentro de la comunicación política a veces la mejor defensa puede ser el silencio.
Para Manuel Macías, catedrático e investigador en la Universidad de Guayaquil y director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, es muy pronto para hablar de “complicidad”. Sin embargo, refiere que el silencio de las autoridades implicadas en la adquisición de los fotorradares no huele tan bien y “lleva a sospechar” que hay algo podrido.
Sin embargo, argumenta que este silencio se desprende de “una mala costumbre muy común” que tienen los municipios de no transparentar datos de su gestión.
La ATM debió pronunciarse. Toda crítica o investigación es un punto de transparencia.
Para la analista política Dayanna León, el silencio de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) hace ruido ante las irregularidades encontradas por este Diario.
“Aún les falta entender que la transparencia es parte de sus funciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad debió pronunciarse, sobre todo, si es acusado directamente de irregularidades en procesos que ellos llevaron a cabo”.
