Un listado de omisiones salpica a Víctor Anchundia
Tres comparecientes dijeron que la estafa al Isspol se cometió con colusión de funcionarios de la Super de Compañías Su titular es objeto de juicio político
El juicio político contra Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, siguió este lunes 15 de noviembre del 2021 con una noticia: John Campuzano, contador de Ecuagran, es uno de los fallecidos en la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, el fin de semana.
Él fue convocado por la Comisión de Fiscalización para que narre lo que sucedía al interior de Ecuagran. La noticia de su muerte la dio a conocer José Ibáñez, interventor, de Ecuagran, Delcorp S.A., Storeocean y Fertisoluble.
Tras esta noticia, sostuvo que las firmas integraban una red de corrupción dentro del sistema bursátil, en el que fue víctima el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), ya que hizo operaciones financieras por $ 900 millones y una parte de ese dinero se llevó el grupo Ecuagran.
La acusación contra Anchundia, impulsada por los legisladores Luis Almeida (Partido Social Cristiano) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), es justamente por una posible falta de control del mercado bursátil.
Ibáñez dijo que las operaciones financieras no hubieran sido posible sin la colusión de las casas de valores, calificadoras de riesgo, bufetes de abogados “que tenían llegada con la Superintendencia” y los funcionarios públicos.
En 2019, por ejemplo, la Superintendencia avaló la sexta emisión de deuda del grupo Ecuagran a través de “facturas sin sustancia económica” (operaciones ficticias).
Ya para entonces, las empresas llevaban, desde 2014, presentando balances manipulados. Se inflaron los activos. Se simularon importaciones al mismo estilo del sistema de compensación Sucre. Incluso, las empresas captaron más de $ 20 millones de dinero en efectivo de forma ilegal a través de letras de cambio. “Funcionaban como un sistema ponzi, pues pagaba las utilidades de los inversores con el dinero de otros inversores”.
Como responsables de la trama, el interventor señaló directamente a Gad Goldstein Valdez, accionista de Delcorp y Ecuagran. Él, junto con su socio Enrique Weisson, ha sido procesado por presunto peculado. Actualmente está prófugo.
A su criterio, la estafa necesitaba de más ayuda para que se pueda concretar y sobre todo mantener desde 2014 al 2020. Según Ibáñez, las transacciones no se hubieran realizado si no existían “colusión de los de valores, que asesoraban, y colusión de los funcionarios de la Superintendencia de Compañías. Porque si la Superintendencia no levantaba la intervención no se hubieran llevado los últimos 30 millones de la sexta y última emisión de valores”.
También señaló la responsabilidad del Banco del Austro, a quien tiene una hipoteca abierta de Ecuagran por un fideicomiso firmado el 6 de agosto de 2020. Ese día, según el interventor, Gad Goldstein y sus socios ya abandonaron el país.
Pero en la notaría aparece que compareció ante la autoridad y firmó el acta. “¡Cómo es posible que un banco firme una reforma de un fideicomiso si no están en el país las personas que deben firmar”.
En esta misma sesión compareció Juan Carlos Rueda, exgerente del Isspol. Dijo que las autoridades de control permitieron que se vaciaran las cuentas de la institución. Dijo que la Superintendencia no impidió la actuación de “empresas sin respaldo jurídico”, quienes hicieron negocios millonarios con los fondos de los pensionistas y sus familias.
Guillermo Lizarzaburo, exeditor de Economía de diario EXPRESO, también entregó información. Dijo que la Superintendencia ya sabía de estos delitos. “José Ibáñez ya lo denunció. Pero lo persiguieron por haber denunciado en 2018, cuando podían haber evitado muchas defraudaciones no solo al Isspol”.
Se analiza pedir más versiones
Nuevos nombres se mencionaron en la Comisión de Fiscalización. Darío Herrera, actual ministro de Vivienda, fue mencionado por Guillermo Lizarzaburo, exeditor de Economía de este Diario. Sobre él, los miembros de la Comisión adelantaron que analizarán si lo llaman a dar una declaración sobre la construcción de unas casas en Montecristi, cuyo proyecto inmobiliario fue financiado por el Isspol y cuyas casas estarían sobrevaloradas. Soledad Diab, asambleísta del partido Social Cristiano, solicitó más información y los nombres de los abogados y estudios jurídicos que asesoraban para crear las operaciones financieras e influían con funcionarios públicos.
EL DETALLE
Defensa. El Superintendente de Compañías deberá comparecer el 22 de noviembre.
