Llori pierde el control de la Asamblea y se abre el camino a una comisión evaluadora

Por un momento reinó el caos y el descontrol. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, no logró frenar el debate para la conformación de la comisión pluripartidista de evaluación. Aunque hizo su mejor esfuerzo, la apelación de su presidencia cambió el panorama que le había sido favorable en los últimos dos meses.

La jefa del bloque de Unión por la Esperanza (UNES), Marcela Holguín, presentó un pedido de cambio de orden del día precisamente para debatir el tema. Este incluso llegó a ser leído por el secretario, pero antes de que se tome votación Llori entró en acción.

Pidió al secretario Álvaro Salazar que certifique si las medidas cautelares otorgadas a su favor por el Tribunal de Garantías Penales de Quito fueron revocadas. Al obtener como respuesta un no, señaló que “no se puede tratar este cambio del orden del día en razón de que las medidas cautelares están vigentes”.

Esto enardeció a los correístas, el bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y los rebeldes de Pachakutik a los que se les había dando una oportunidad para que regresen al bloque que apoya a Llori, pero volvieron a insistir en la evaluación, que desembocaría en una eventual remoción.

Fue necesario el ingreso de la Escolta Legislativa para poner algo de orden y frenar a los asambleístas que se acercaban hacia la mesa directiva para increpar a Llori, al secretario y a los asesores de la presidenta.

El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, gritaba desde su curul que apelaba la presidencia. Esta intentó alargar la decisión, pero fue tal la presión que no le quedó más remedio que encargar la presidencia a Virgilio Saquicela. Con 84 votos, Llori perdió la dirección de esta sesión. Solo nueve legisladores dijeron que no a la apelación; el resto se abstuvo.

Esto cambió todo. Saquicela decidió dar la palabra a Holguín para que sustente su pedido de cambio del orden del día. Con 93 votos, incluso del bloque de Pachakutik, se aprobó como segundo punto el análisis de la creación de la comisión evaluadora. Hasta el cierre de esta edición el tema no había sido abordado, pero todo apuntaba a que este organismo iba a ser creado con los votos de la mayoría opuesta a Llori.

Minutos antes del inicio de la sesión el correísmo anunció que presentaría tres denuncias en contra de Llori: dos irán a la Comité de Ética de la Asamblea Nacional y una a la Fiscalía General del Estado.

La primera hace referencia a un posible caso de diezmos que se habría camuflado con el alquiler de un vehículo de alta gama para la movilización y traslado de Llori a diferentes eventos oficiales entre junio y septiembre de 2021.

La segunda, del legislador Ferdinan Álvarez, es por un posible caso de ‘piponazgo’ en el que habrían intervenido varios cercanos a la presidenta de la Asamblea que la acompañan desde que fue prefecta de Orellana. De este mismo caso se proyecta la tercera denuncia presentada ante la Fiscalía por el asambleísta Ronny Aleaga, por supuesto tráfico de influencias.

También está pendiente la denuncia del legislador independiente Bruno Segovia en contra de Llori por posible tráfico de influencias ante el Comité de Ética.