Lucha anticorrupción: el Gobierno deserta

A la asambleísta de CREO Ana Belén Cordero le tocó hacer el trabajo sucio. No es la primera vez. Ya en abril pasado, cuando la Comisión de Fiscalización de la que ella es vicepresidenta debatía el informe Petrochina, sobre la trama de corrupción que le costó 5 mil millones de dólares al país por concepto de intermediación petrolera, ella prefirió ausentarse, enviar a su alterno e instruirlo a control remoto para que se abstuviera en la votación. En aquella ocasión el voto dirimente de Fernando Villavicencio salvó el informe, que precisamente esta semana llegó al gobierno de Estados Unidos. El expediente Coca Codo Sinclair no corrió la misma suerte: el que probablemente sea el trabajo de investigación más documentado, exhaustivo y multidisciplinario que haya parido esta Comisión de Fiscalización o cualquier otra, que pone al descubierto el fraude descomunal tejido por el gobierno de Rafael Correa en torno a la construcción de su central hidroeléctrica más emblemática y establece las conexiones de esa obra con un sistema de enriquecimiento ilícito (Ina Papers) que el correísmo se moría por investigar, pero no tan a fondo como para que se descubrieran sus propias responsabilidades; ese informe fue bloqueado este jueves por los asambleístas del gobierno. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a Ana Belén Cordero, que fue quien expuso las contradictorias y, por momentos, falaces razones para desperdiciar tanto trabajo. Lo malo es que Ana Belén Cordero no contesta su teléfono. No, por lo menos, a este Diario.

Las líneas maestras del informe (de apabullantes 410 páginas repletas de datos duros) son suficientemente conocidas: se cuenta ahí cómo se configuró el proyecto para la construcción de la hidroeléctrica a fines del siglo pasado, cómo el gobierno de Rafael Correa duplicó su tamaño sin tomarse la molestia de actualizar esos estudios, cómo un presupuesto de 900 millones de dólares terminó convertido en uno de 3.100 millones de dólares y cómo, en medio de esta feria de dinero a manos llenas, prosperó un entramado de sobornos y cobro de comisiones: 54 millones de comisiones maquilladas como consultorías pagó Sinohydro, que luego sumó al costo total de la obra para que la pagáramos todos. De esos 54 millones, 18,3 fueron para una compañía de Panamá: Recorsa, del íntimo amigo de Lenín Moreno, Conto Patiño. ¿Qué hacía él cobrando comisiones en una negociación entre Estados?

Ese es el caso Ina Papers, que el correísmo se retuerce de las iras de ver así, tan íntima e indisolublemente vinculado con sus propios esquemas de corrupción. En cuanto a Coca Codo Sinclair, falta lo peor: las fallas estructurales que se introdujeron en la obra con pleno conocimiento de todos los involucrados (gobierno, contratistas, empresa fiscalizadora), que pudieron ser evitadas y que hoy son, según los reportes más realistas, irreparables. No solo que el gobierno de Correa aceptó acero que no cumplía las especificaciones técnicas y tenía fallas de origen, pues había sido mal fundido (en China por supuesto), sino que permitió (y esto es aún peor) que ese acero fuera empotrado en la obra con miles de toneladas de hormigón. El 18 de noviembre de 2016, cuando Rafael Correa y el presidente chino Xi Jinping, invitado para la ocasión, inauguraron la obra y la pusieron en funcionamiento, ambos sabían que la cosa estaba podrida. Ya había fisuras por todo lado y estas comenzaron a multiplicarse. Para 2018 sumaban más de 7 mil. Desde entonces no se ha hecho otra cosa que arreglarlas mediante soldadura pero, en vez de disminuir, aumentan: el último informe técnico cuenta 17.499. Según la empresa alemana TÜV SÜD, contratada por la propia Sinohydro para que haga un diagnóstico del problema, muchas son irreparables.

La obra, que abastece entre el 27 y el 30 por ciento de la energía del país según datos que se manejan en la Asamblea, no ha sido oficialmente recibida por el Estado. Lo de 2016 fue un montaje teatral para el lucimiento del caudillo. Hay un informe de Contraloría, de cumplimiento obligatorio, que ordena no recibirla hasta que la constructora repare las fisuras y garantice el tiempo de vida útil que establece el contrato: 50 años. El informe de la Comisión de Fiscalización insiste en lo mismo: no recibir la obra. Hay, además, un arbitraje internacional en marcha.

Aquí es donde aparece Ana Belén Cordero. Se presenta en la Comisión de Fiscalización el día en que se votaba el informe (esta vez no envió a su alterno) y dice que el gobierno sí va a recibir la central hidroeléctrica. “No recibir la obra, como se sugiere aquí que puede ser lo más sensato -dice-, lo que haría es que no tendríamos este abastecimiento del 30 por ciento de energía eléctrica. Lastimosamente en este momento el Estado está o estaría entre la espada y la pared”.

El argumento es una falacia. En primer lugar, porque no recibir la obra no implica que los chinos se la lleven puesta: la central seguiría trabajando, nomás tendrían que repararla. En segundo lugar, porque aceptarla como está podría reducir su vida útil.

Las declaraciones de Ana Belén Cordero en la comisión agitaron el avispero en Carondelet. A tal extremo que la Corporación Eléctrica se apresuró a sacar un comunicado en que se asegura que la obra no será recibida “hasta que no estén resueltas todas las inconformidades”. Y la propia asambleísta de CREO tuvo que volver sobre sus pasos con tuit inverosímil en el que jura no haber dicho lo que dijo. La pregunta, entonces, cae de su peso: si el informe de Fiscalización pide al gobierno no recibir la obra y el gobierno está de acuerdo, ¿por qué sus asambleístas bloquearon la aprobación del informe?

En el gobierno de Guillermo Lasso hay un cúmulo de conflictos de interés relacionados con Coca Coda Sinclair que ponen en duda la imparcialidad de las autoridades a la hora de emprender acciones administrativas o penales contra algunos de los responsables señalados en el frustrado informe de la Comisión de Fiscalización. El principal de esos conflictos de interés afecta al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, cuyo padre y otros parientes en primer y segundo grado de consanguinidad son parte de compañía encargada de la fiscalización y gerenciamiento de Coca Codo. Por eso el informe pedía al presidente reconsiderar la permanencia de Vera Grunauer en su cartera. En noviembre se cumplen los cinco años que el contrato concede al Estado para demandar a esa compañía en caso de encontrar motivos para hacerlo (y motivos sobran). La no aprobación del informe, por tanto, debe significar un respiro para la familia del ministro. Y también para la del vicepresidente, Alfredo Borrero, cuyo sobrino Antonio José Borrero Vega fue el gerente de Celec que firmó el cuestionable contrato con Sinohydro. Pero Borrero Vega también es primo de… ¡la asambleísta Ana Belén Cordero!

Ya no puede ni moverse el gobierno de Guillermo Lasso entre tantos árboles genealógicos y tantos acuerdos políticos. Acuerdos como los que tiene, por ejemplo, con el gobierno chino, que no son poca cosa. ¿Los tiene también, al interior de la Asamblea, con el correísmo? Muchos lo creen así. Para Villavicencio, obviamente, es tiempo de renunciar a la presidencia de la comisión. El presidente de la República no ha contestado sus llamadas; el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, tampoco. Está claro que, puesto a elegir entre la lucha anticorrupción que encarna la figura de Villavicencio y sus acuerdos políticos, el gobierno no se lo ha pensado dos veces.