Luego de diez años, ya no funcionan los dispositivos para las fotomultas en Quito

En el 2014, en Quito empezó a funcionar el sistema de fotomultas. Las evidencias de infracciones de tránsito, como pasarse el rojo de un semáforo o la invasión al carril exclusivo del trolebús, llegaban al e-mail del ciudadano. En el 2024, los dispositivos cumplieron su vida útil y hasta el momento, no hay ningún control, más que el de los agentes civiles.

Lo confirmó Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Aunque justificó: “Lo correcto es decir que antes había una AMT sancionadora, no había fase preventiva y de educación; se eliminó la injusticia; hay casos que terminaban en abusos de agentes, la tecnología mata a la corrupción”.

Martínez es teniente coronel de la Policía en servicio pasivo; abogado y licenciado en ciencias sociales, políticas y económicas; antes dirigió el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. “No es que Quito está sin fotomultas, se construye un sistema de fotomultas transparente. La ciudadanía sabrá dónde estarán. Antes se compartía el dato, por WhatsApp, por un pago”.

La visión de ciudadanos

“Soy peatón, ciclista y usuario de transporte público. El control, con dispositivos, por los que no se requiere un agente en cada esquina mejora la seguridad vial. Quito es la segunda ciudad del país con más siniestros”, dice Luis Iván Rodríguez, fue vicepresidente de la Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible hasta 2024.

Rodríguez resalta que acceder a la conciencia del conductor implica infraestructura y tecnología, educación y control. “Es complicado cambiar conductas, pero las fotomultas y fotorradares ayudan”, dice. Cree que, “la AMT busca aparecer más laxa porque el alcalde está en un proceso de revocatoria del mandato”.

En julio podría concretarse la adjudicación

En diciembre, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió un reglamento de homologación, operación y control de los dispositivos electrónicos. La AMT -argumenta su director- trabaja en un informe técnico, jurídico y financiero. Para la compra de 32 dispositivos se invertirán 1.4 millones de dólares. Esperan “el ok de Contraloría, Quito Honesto y el equipo técnico. Y a este ritmo en julio tendríamos la adjudicación”.

En los términos de referencia, para el proveedor, según Martínez, señalarán que necesitan trasladar periódicamente, de un punto a otro los equipos, de acuerdo con datos de siniestralidad. Por ejemplo, de una intersección a otra como la 10 de Agosto y Riofrío, que reporta cinco atropellamientos al mes.

Los problemas en las vías y la oferta de la EPN

A Rodríguez le moleta que los agentes no infraccionen a motociclistas que circulan por ciclovías o a vehículos motorizados estacionados en veredas o pasos peatonales. No cree que la AMT esté llegando con campañas de concientización, como ordena la ordenanza de movilidad. “No es fácil luchar contra algo cultural, pero Movilidad redujo su presupuesto el año pasado, por falta de gestión”.

En la Mesa de Movilidad, anota Rodríguez, impulsaron una propuesta de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), para incorporar una aplicación a los controles, con participación ciudadana. “Pero Guayaquil ya se adelantó. Dos millones de ciudadanos se encargarían del control, con sus celulares”.

Desde noviembre, en Guayaquil cuentan con el programa Ciudadanos al control, guardianes de la vía. A través de la app VIPA reportan en tiempo real las infracciones.

Esteban Irribarra, profesor de la EPN, apunta que desde el 2018 presentaron el prototipo al Municipio. “La parte técnica estuvo lista; el problema es lo político”, dice y cuestiona que se invierta millones en hardware que quedará obsoleto.

“La gente se pasa el rojo y corre el riesgo de chocarse, obstaculiza intersecciones; no reduce la velocidad en el paso cebra, acelera. Nosotros proponemos autocontrol ciudadano, no le podrían culpar a un alcalde”, detalla y también que se han aplicado iniciativas similares en Corea, Argentina y Perú.

La necesidad del ciudadano

La falta de controles y conciencia deja huellas. Además de la velocidad y el alcohol, no respetar las señales de tránsito, realizar cambio brusco o indebido de carril, son las mayores causas de siniestralidad.

“Hace una semana y media fui atropellado en la vía a Pifo. Quedé inconsciente y estoy vivo gracias al casco, que está destrozado, al igual que mi bicicleta. El conductor se fugó”, dice Haidar Zúñiga, de 18 años. Es ciclista profesional desde hace cinco años. Relata que a diario ve a conductores de buses pasarse los semáforos rojos y que motos invaden la ciclovía.

Soraya Herrera, de Fundación Cavat, afirma que hay conductores temerarios, por lo que se requiere crear conciencia sobre el riesgo en las vías; insistirá para que la educación vial se incorpore en la malla curricular, como en EE.UU., donde aprenden sobre los peligros de conducir y usar el celular o hacerlo alcoholizados. Le preocupa que se politice este campo, que se retiren radares de velocidad a pedido de transportistas.

Wilson Merino, concejal por Imparables, confirmó que desde el 9 de enero, la propuesta de Ordenanza para registrar las infracciones en el celular está en el escritorio del alcalde. “Se aplicarían sanciones administrativas, como en la Zona Azul”, explica. “Han demostrado inoperancia en la compra pública en el campo de movilidad; la alta tasa de siniestralidad y mortalidad en las vías nos coloca como una ciudad violenta”, reitera.

En contexto

De enero a marzo del 2025 hubo 278 siniestros, 194 lesionados y 25 fallecidos; mientras que el año pasado se registraron 345, 189 y 37 fallecido, en ese mismo período, según la AMT.

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