Luis Loyo enreda a Fiscalización

Entre el cerebro de Luis Loyo y el orden instituido de la República media un abismo. Autor confeso del delito de tráfico de influencias mientras ocupaba el cargo de director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Loyo compareció ayer ante la Comisión de Fiscalización que tramita el juicio político contra Diana Atamaint, presidenta de ese organismo. ¡Y salió bien librado! Su secreto: el pensamiento mágico. Considerado en el juicio, a tenor de las evidencias presentadas, como una figura clave en la serie de irregularidades que sustentan las sospechas de fraude electoral, Loyo burló todas las preguntas mediante el más insólito de los expedientes: apelar a la ley como si se tratara de un conjuro.

Compareció vía videoconferencia desde la cárcel en la que cumple su condena. En la pantalla gigante colgada al frente de la mesa de sesiones de la comisión, apareció chorreado sobre un asiento sin respaldo, encorsetado en un bividí de estibador, en medio de una bodega de papeles: resmas de documentos sin orden ni concierto, archivadores carcomidos por la humedad, sobres de manila amontonados sobre anaqueles metálicos, cajas de cartón de las que emergían páginas amarillentas.

El pensamiento de Loyo es binario y robótico. Incapaz de subordinar una oración a otra (y probablemente, por lo que se vio ayer, incapaz también de comprender estructuras gramaticales complejas cuando las escucha), habla a trompicones, sin concordancia ni lógica. Se hace entender apenas, con un amplio margen de incertidumbre. En tales condiciones, la fluidez que se espera de un interrogatorio de esta naturaleza, resulta impracticable. Varios integrantes de la Comisión le plantearon preguntas y terminaron dando por válidas una serie de respuestas que no lo eran ni mucho menos.

La ley como conjuro. ¿Es verdad que usted llamó a la Dirección Provincial Electoral de Manabí para pedir que se suspenda el escrutinio?, preguntó un asambleísta, acogiendo la denuncia presentada por el consejero Enrique Pita. “Nosotros en el Código de la Democracia no podemos intervenir en las elecciones, pero qué pasa, en vista de que estaban demorándose demasiado no estaban dando trámite, entonces hubo una reunión informal. 

¿Por qué se lo hizo? Porque manifestaron en la junta de Manabí que se preocupaban, en verdad ahí manifestaron que todavía no mandaban las notificaciones, se pidió y en verdad no enviaban. Nunca se debe detener, eso tiene que seguir y eso tenía que ser en el Pleno, que tenía una vez aprobado tenía que enviar rápidamente, por qué se detiene. Entonces esa fue la preocupación”. Luego vendría el director provincial electoral de Manabí, Fernando Chávez, y confirmaría que sí, que Loyo pidió suspender los escrutinios, cosa que excedía a sus facultades.

Como si hubieran entendido lo que dijo, continuaban los asambleístas: ¿Es verdad que, en la provincia de Manabí, quiso retirar usted las carpetas C1 y C2, que contienen el padrón y las papeletas no usadas, cosa que a usted no le corresponde? “No-no-no, ahí hay un desconocimiento administrativo porque el C1 y el C2 siempre se lo retiran y no es que lo haga yo sino los funcionarios de proceso”. Esa fue la tónica de toda la comparecencia: -¿Violó usted la ley? -No, ahí hay un desconocimiento, la ley no lo permite.

Terminado el interrogatorio, quedó sin respuesta la pregunta del millón (que a nadie se le ocurrió plantear, por cierto): ¿cuál es la relación entre el delito de tráfico de influencias, que Loyo confesó, y su desempeño como director general de procesos electorales? ¿Cómo operaba su red al interior del organismo? Oportunidad perdida. Incluso las piedras en bruto que lanzaba el compareciente ante los miembros de la Comisión quedaron inexploradas. 

Como cuando dijo: “Tengo una mala experiencia de que a un exfuncionario, un exasesor del ingeniero Pita, lo habían sacado a punta de pistola de Los Ríos, se retiró de ahí y manifestó que era muy peligroso, es por eso que yo nunca más me fui para allá”. ¿Qué diantres significa eso? No se sabe. La curiosidad de los interrogadores rozó el grado cero.

Por lo demás, Loyo negó que fuera la consejera Esthela Acero, cercana al correísmo, quien lo recomendara para el cargo de director de Procesos Electorales. “No es verdad porque el trámite legal correspondiente en cualesquier institución pública la persona nominadora es la que nombra y yo asistí mediante Talento Humano que se lo realizó mi respectivo nombramiento”.

Más adelante, sin embargo, admitiría lo siguiente: “aquí la situación dentro de toda institución pública hay tendencias políticas que se lo hace trabajando. Yo como ciudadano he presentado carpetas y presenté y la ingeniera Esthela Acero me acogió lo cual no es pecado”. Entiéndalo quien pueda.