El Machángara enfrenta a colectivos y Municipio en los tribunales

¡Victoria histórica del río Machángara! Con esa frase festejaron los 36 colectivos la decisión de un Tribunal que concedió la acción de protección que solicitaron para el principal río de Quito, afectado con una severa contaminación.

En primera instancia, el Tribunal dispuso que el Municipio deberá trabajar junto a la sociedad civil en la recuperación del río. La sentencia reconoció al Machángara como sujeto de derechos, responsabilizó al Cabildo por su omisión en el control y falta de tratamiento de las aguas residuales, y le ordenó diseñar y ejecutar un plan específico para limpiarlo.

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El Municipio decidió apelar pero, según el alcalde Pabel Muñoz, no fue porque no estén de acuerdo con el concepto de sanear el río, sino porque no coinciden con la vía. “Si mañana un juez nos ordena hacer una obra equis y la municipalidad no tiene plata o, en términos de ingeniería, es inadecuada, nosotros tenemos que decirlo”.

Según el funcionario, el Municipio se habría adelantado y dos días antes de la audiencia conoció y aprobó la Estrategia de Descontaminación de los Ríos de Quito, en el directorio de la Empresa de Agua (Epmaps). Ahora es un tema de política pública. No será porque la actual administración se lo inventó, dijo, pues esta discusión lleva años en la entidad, pero considera que hay que tener voluntad política para que esas discusiones técnicas vayan a un nivel de grandes objetivos de la ciudad.

Pero la capital se cansó de esperar y por eso vino la demanda. Ramiro Ávila es miembro del equipo legal y critica que la defensa del Cabildo haya reclamado porque él fue, hace tres años, juez constitucional y estuvo en el Tribunal que otorgó medidas en favor del río Monjas. “La actitud que tuvo el Municipio es la que tiene en otros espacios donde se discuten políticas públicas: no reconoce su responsabilidad”, aseguró.

También hubo discusión porque ya existe una sentencia en favor del río Monjas, que originó la ordenanza Verde Azul, que se enfoca en los 94 ríos y 819 quebradas de la ciudad que registra el Cabildo. Sin embargo, Ávila sostiene que son ríos diferentes y mientras haya afectaciones a derechos, la Constitución permite presentar demandas de este tipo por políticas públicas. Hoy, los colectivos ofrecerán una rueda de prensa para ahondar en el tema.

Ricardo Buitrón, del Cabildo Cívico de Quito, ocupó la silla vacía en el debate de la ordenanza Verde Azul, y señala que la sentencia del río Monjas se ha cumplido parcialmente, pues se creó una pequeña dirección de Microcuencas, con poco personal y sin presupuesto ni personal técnico necesario que dirija y coordine las acciones. Esto, en la práctica, significa que persiste la fragmentación del manejo”, y cada entidad actúa por su lado, sin coordinación. Además, faltan obras integrales.

Planta de Tratamiento Residual

Los quiteños han escuchado por años sobre los planes para descontaminar el Machángara, pero los resultados no llegan. El más sonado fue la Planta de Tratamiento Residual (PTAR) Vindobona que en octubre de 2019 recibió licencia ambiental. Ese proyecto, al igual que otros de envergadura como el Metro de Quito, no han sido una apuesta de una sola administración.

Vindobona empezó a gestarse en la alcaldía de Augusto Barrera para descontaminar el río y extender los beneficios a los ríos Monjas, Guayllabamba y San Pedro. El efecto, dado las redes hidrográficas, llegaría al río Esmeraldas y su desembocadura en el Océano Pacífico.

Esa PTAR era la parte más ambiciosa de un Plan de Descontaminación de Ríos y Manejo de Aguas Residuales que incluía también la de Quitumbe, que está en funcionamiento, pero que actualmente, junto a otros 36 sistemas de tratamiento, tiene apenas el 3 % de cobertura.

Estudios, avances, obras complementarias como los interceptores que iban a alimentar esa planta continuaron en las alcaldías de Mauricio Rodas, Jorge Yunda y Santiago Guarderas. Pero nada fue suficiente para viabilizar el proyecto. En septiembre, Muñoz anunció que esa planta estaba descartada por su alto costo y que, en su lugar, se implementaría otro plan.

Las cifras varían, pues era un proyecto complejo, que abarcaba varios interceptores y obras en un extenso trayecto desde La Tola (centro) hasta San Antonio de Pichincha (norte).

Según la Epmaps, el costo total de toda la estrategia, que se prevé funcione en su totalidad en 17 años, sumará $ 900,29 millones.

De Vindobona solo quedarán los estudios en los que se invirtieron 10 millones y que, de acuerdo con Irina Moncayo, de la Gerencia Técnica de Infraestructura de la Epmaps, son un importante insumo para el nuevo plan. Afirma que la ventaja es que este cuesta menos y puede desarrollarse paulatinamente, pues cada PTAR tardará según su complejidad. Vindobona debía hacerse de golpe, con una tuneladora, a lo largo de 27 km y por ello conseguir financiamiento fue imposible, dijo.

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