Maestros convocan a movilización en contra de las medidas económicas

No están de acuerdo. El anuncio del presidente Lenín Moreno de que los servidores públicos deberán aportar con un porcentaje de su salario para enfrentar la crisis económica del nuevo coronavirus no fue del agrado de los maestros del sector público. La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció una movilización para el próximo 18 de marzo en rechazo a esta y otras medidas económicas anunciadas ayer, 10 de marzo de 2020, por el primer mandatario en cadena nacional.  

Jorge Escala, dirigente del gremio, considera que este recorte, sumado a otros, el sueldo no les alcanzará a los educadores. "Así no puede haber calidad de las educación cuando se maltrata al maestro y se afecta la vida de las familias de los educadores. Esto es violatorio a la Constitución. Además genera violencia por parte del Estado al meterse con lo más sagrado que es la remuneración". 

Este próximo sábado, en las provincias, los núcleos de la UNE tienen previsto sesionar para definir las acciones. Escala no descarta que el gremio de educadores se sume al llamado del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para el 20 de marzo próximo a un encuentro para debatir y dar respuesta a lo que calificó como un "paquetazo económico". 

La marcha convocada para el 18 de marzo, según el dirigente, son jornadas de protestas que irán de menos a más. "No es un reclamo tardía", dijo Escala quien hoy, 11 de marzo de 2020, entregó en la Dirección Regional de la Contraloría General del Estado en Guayaquil una denuncia en contra de los 24 directores distritales de Educación de la coordinación zonal 5 y la Subsecretaría de Educación zona 8. Esta denuncia, según el dirigente, responde a que maestros con contratos ocasionales están recibiendo un salario de 675 dólares cuando, y citó una resolución del Ministerio de Trabajo, debería recibir una remuneración de 817 dólares a los educadores con títulos de tercer nivel. 

La próxima semana, el gremio estará en la Fiscalía General de Estado para presentar una denuncia penal en contra de los mencionados directores distritales que firmaron los contratos con salarios recortados.