Maestros jubilados de Guayas realizan crucifixion simbolica
Apoyan la huelga de hambre que se efectúa en Quito. Exigen el pago del incentivo jubilar.
Un grupo de maestros jubilados de la provincia del Guayas realizó, este lunes 29 de julio, una crucifixión simbólica en la Plaza San Francisco de Guayaquil (9 de Octubre y Pedro Carbo). Ellos exigen el pago del incentivo jubilar que el Gobierno les adeuda desde el 2008 hasta el 2010 y desde el 2015 hasta el 2019, cuyo monto asciende 900 millones de dólares.
La medida de los docentes fue en respaldo a los 31 compañeros que desde el 23 de julio pasado desarrollan una huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional. Cuatro de ellos son de Guayas.
En la calzada de la Plaza San Francisco los jubilados exhibieron carteles con mensajes que exhortaban a las autoridades a velar por la salud de los huelguistas. “La huelga de hambre es la más alta expresión de la lucha pacífica. ¿Cuántos muertos necesita Sr. Presidente”, se leía en una pancarta tirada en el piso.
Luego de una hora de gritos y silbidos, los maestros jubilados marcharon por la avenida 9 de Octubre, Pichincha hasta llegar al palacio de la Gobernación donde gritaron consignas a favor del pago del incentivo jubilar.
Ricardo Ramírez, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, informó que el Gobierno les adeuda 900 millones de dólares a 21.000 exdocentes. Estos rubros fluctúan entre 18.000 y 53.000 dólares en el caso de algunos maestros.
Para este martes 30 de julio tienen prevista otra movilización. Esta vez será hasta el edificio del Gobierno Zonal, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad, donde funciona la Subsecretaría de Finanzas. “Allí no nos moveremos hasta que el Gobierno nos muestre el cronograma de pago y el compromiso formal de cancelar lo que nos adeuda”, dijo Ramírez.
La medida del lunes fue apoyada por varios dirigentes de la Unión Nacional de Educadores del Guayas (UNE). Ellos rechazan supuestos despidos de maestros contratados que laboran en varios planteles de la provincia y sugieren un cambio de autoridades educativas de la Zona 8.
