¿Mafias en el Sistema Judicial? Ecuador enfrenta una crisis de credibilidad
Tres casos de corrupción muestran la vulnerabilidad del sistema ante el crimen organizado La ciudadanía clama por cambios
Ecuador atraviesa un momento crítico en su sistema judicial, evidenciado en escándalos que han sacado a la luz la infiltración de mafias en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Tres casos importantes, denominados Metástasis, Purga e Independencia Judicial, han dejado al descubierto cómo redes de corrupción comprometen a jueces, altos funcionarios y otros actores del sistema judicial.
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La situación ha generado un profundo impacto en la opinión pública. EXPRESO consultó a la ciudadanía sobre su percepción respecto al estado de la justicia en el país. Las respuestas reflejan indignación generalizada y un clamor por reformas estructurales. “Los jueces corruptos deberían recibir penas más severas. Esto no puede seguir así”, expresó uno de los entrevistados
Esta visión se repite entre los ciudadanos, quienes exigen acciones concretas para restaurar la confianza en el sistema judicial.
Uno de los casos más significativos es Metástasis, que concluyó en 2024 con una sentencia de primera instancia contra 20 personas por delincuencia organizada. Entre los condenados se encuentran figuras de alto perfil como Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Ambos desempeñaron roles claves en una red que favoreció los intereses del narcotraficante Leandro Norero.
Las investigaciones revelaron cómo las instituciones judiciales fueron manipuladas para proteger a actores del crimen organizado. Evidencias decisivas, como chats y conversaciones filtradas, permitieron exponer la operación gracias al uso de tecnologías modernas y redes sociales. Estas plataformas no solo han visibilizado la magnitud de la corrupción, sino que también se han convertido en espacios donde la ciudadanía critica la ineficiencia y el silencio de las autoridades.
Juanita Cerez
“¿Cuántos casos de corrupción se estarán tratando bajo la mesa sin que la ciudadanía se entere?”, cuestionó Cecilia Orozco, destacando que lo revelado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Para Orozco, la Fiscalía ha mostrado una parte del problema, pero queda un largo camino por recorrer para desentrañar la corrupción que envuelve al país.
En contraste, otros como Imelda López y Juanita Cerez insisten en que las leyes actuales favorecen a los delincuentes. Ambas exigen reformas profundas en el Código Penal y la Constitución para endurecer las sanciones y cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad.
Marco Cevallos y Óscar Salcedo, por su parte, apuntaron hacia la manipulación del sistema judicial por parte de legisladores y el Gobierno. Cevallos subrayó la necesidad de que el nuevo régimen priorice la educación política y fomente un sentido renovado de identidad nacional.
Rodrigo Salazar y Luis Román hicieron un llamado contundente a sancionar severamente a jueces corruptos, proponiendo penas de hasta 20 años de cárcel para quienes manipulen decisiones judiciales. Julio Martínez, en cambio, considera que la situación es producto de una herencia política que perpetúa la impunidad. Para él, esto refleja una falta de respaldo gubernamental hacia el ciudadano común.
Rodrigo Salazar
Miguel Quiroga también planteó una interrogante. Si el narcotraficante Leandro Norero usó a sus abogados para corromper a jueces, “¿qué nos garantiza que otros capos de la mafia no hayan hecho lo mismo con otros jueces? Me parece que solo hemos visto la punta del ovillo, pues lo más seguro es que los cabecillas de otras bandas delictivas tengan a su propia gente en el sistema judicial”.
La gravedad de casos como Metástasis e Independencia Judicial, sumada a la percepción ciudadana de un sistema judicial corrupto y politizado, plantea un desafío monumental para el país.
Según los encuestados, Ecuador enfrenta no solo el reto de castigar a los responsables, sino también el de reconstruir un sistema judicial que garantice transparencia, equidad y justicia para todos. El clamor por un cambio estructural es claro, y la ciudadanía espera respuestas concretas de las autoridades.
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