Mamá de reo no sabe que fue masacrado en la cárcel

En la cabeza de Ángela Burgos, David es su niño. Es ese peladito moreno y delgado que corría por las calles del Guasmo sur de Guayaquil, jugando con sus siete hermanos mayores.

La señora, de 70 años, no sabe que su hijo fue a la cárcel, en 2020, acusado de intento de asesinato; ni mucho menos que es una de las 65 víctimas mortales de la masacre carcelaria del 12 de noviembre de 2021, en la antigua Penitenciaría del Litoral.

El Alzheimer juega con sus recuerdos. Los esconde y los revuelve. Elena, hermana mayor de David, fue la última que escuchó la voz del joven, de 35 años, a través de audios de WhatsApp en el que imploraba que cuide de sus hijas, dos niñas de 12 y de 4 años.

David sabía que lo iban a matar. Cumplía su pena en el pabellón 2 de la ‘Peni’, donde se perpetró la última matanza que suma, solo en 2021, a 329 reos asesinados en el sistema penitenciario nacional, sin contar los “suicidados”.

Más de un mes ha pasado y Elena, de 40 años, no sabe nada de su ñaño. Las dos opciones son igual de crueles: o fue incinerado o desmembrado. “Él nos contaba que allí dentro solo había bala y muerto. Lo veía flaquito, y él me decía que comían cuando se podía. Me decía que las cosas estaban negras, pero él estaba tranquilo, porque no pertenecía a ninguna de esas bandas”, recuerda la hermana, quien a más de un mes de haber perdido al menor de sus ñaños, espera los resultados de una prueba de ADN para cumplir su único anhelo, sepultar a su familiar.

Edison Lima, jefe de Criminalística de la Policía Nacional, informó que el reconocimiento de los cadáveres, sobre todo cuando están en mal estado, lleva un tiempo y por eso no se realiza la entrega inmediata.

A las muertes del motín del 12 y 13 de noviembre, los 61 fallecidos se elevaron a 65 porque en primera instancia uno de los heridos en los hospitales murió, luego se ha podido determinar por los estudios realizados a las “piezas anatómicas” encontradas que estas corresponden a tres cuerpos que cumplen con un proceso de acoplamiento. De estos hay 56 identificados y 9 por identificar, hasta la primera semana de diciembre.

Vulnerabilidad

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, las familias que no conocen del paradero de sus parientes, que estaban bajo la custodia del Estado, están en condiciones de reclamar la desaparición forzada de los mismos, que es un delito de lesa humanidad, considerado como la más extrema forma de tortura. Detalló que hay una serie de derechos vulnerados en torno a estas desapariciones forzadas.

Dijo que, como en el caso de Elena, muchas veces el servicio de información que se les da es insuficiente para el requerimiento de las familias. “A ellos lo que más angustia les da es la poca información y el maltrato en relación a la ausencia de atención a lo que están sufriendo, respecto al paradero de sus parientes”, comentó.

El trabajo de reconocimiento e identificación fuera más eficiente si el Servicio Nacional de Privados de Libertad (SNAI) tuviese la lista de fallecidos en las prisiones, pero ni siquiera cuenta con el registro total de las personas asesinadas entre las masacres de septiembre y noviembre de este año.

Al dolor de no saber nada de su hermano se sumaba la preocupación de que su mamá se enterara y esto agravara su condición.

En un inicio les habrían dicho que era a ella a quien tenían que sacarle las muestras de ADN para identificar los restos de su ñaño. Sin embargo, la semana pasada la toma fue realizada a una de sus hijas.

“A nosotros nos cuesta movilizarla, porque a ella hay que llevarla en taxi. Su enfermedad hace que se ponga agresiva y muchas veces ha intentado escaparse de la casa”, contó.

Esa falta de dinero es la que no solo ha hecho que su madre no pueda tratarse de la manera adecuada, sino que fue la que hizo que jamás pudiera visitar a su ñaño en prisión. También hizo que las diligencias sobre su caso se tardaran o no tuvieran posibilidad de ayudarlo porque, según ella, jamás le asignaron a un abogado y ellas no tenían como pagar uno.

Causas

Freddy Viejó, de la Defensoría de Pueblo y quien lleva los casos de las masacres carcelarias, contó que cuando pasaron las masacres no había “información completa” sobre las víctimas, de parte del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).

“Nosotros abrimos una investigación defensorial el 17 de noviembre de 2021. Hemos recibido nula información (de parte de la SNAI), y lo que nos dicen es que esa información es reservada y confidencial”, comentó.

Añadió que solicitaron datos de los privados de la libertad que fallecieron en las masacres de 2021, las condiciones jurídicas de cada uno, “porque en la última masacre hubo víctimas que no tenían sentencia, que se presumía su inocencia, y estaban entreverados con personas que tenían sentencias”, dijo.

De todas estas irregularidades también habla Navarrete, quien explicó que muchas familias viven en un estado de vulnerabilidad y desconocimiento tal, que no saben los procedimientos a seguir en cuanto a pelear por sus derechos.

Esto sintió Elena cuando su hermano ingresó a prisión. Se debería entre el problema legal de su pariente y procurar que esta noticia no enfermara más a su madre que, por falta de recursos, no recibe tratamiento.

Cada día que pasa, Ángela pregunta más y más por su David. Lo que antes podían solventar con llamadas, que calmaban a la señora, ahora tratan de aplacarlo con “ya regresa, mami, que salió”.

Quizá a Ángela le funcione la oración, pero Elena sigue rogando que, al menos, le digan que encontraron los restos de su hermano para tener un lugar donde irlo a llorar.

Pruebas de ADN

Los resultados podrían estar el próximo año.

Para que el fragmento de un hueso de las víctimas quemadas en la Penitenciaría del Litoral esté apto para extraer una muestra de ADN debe pasar al menos una semana. Este proceso es solo una parte del estudio total que puede durar entre 45 y 50 días para llegar a un perfil genético y luego ser identificada.

Normalmente el hueso es un elemento resistente que puede ser analizado de distintas formas, incluso desde los tejidos que se queden en la pieza. Pero en el caso de los reos, el daño era tal que a varias víctimas hubo que sacar piezas molares para triturarlas y así obtener material de análisis.

“Eran cuerpos totalmente carbonizados, no había sangre, no había nada de dónde tomar ADN, los huesos se deshacían, se tomó de dientes, fémures y cavidad craneal”, explicó Ilich Murillo, perito en genética forense del Servicio Nacional de Medicina Legal en Guayaquil.

Murillo detalló que una vez encontrado el lugar de donde se puede sacar la posible muestra, pasa por etapas hasta convertirlo en polvo (revisar imágenes), ese tratamiento demora generalmente una semana.

Sin embargo, luego debe cumplir una fase de incubación para convertir ese polvo en líquido, que al ser sometido a pruebas técnico científicas permiten que el ADN aparezca “en forma eluida”, flotante o separada del líquido en el que se lo convirtió hace unas semanas.

Recién el lunes 6 de diciembre el Servicio Nacional de Medicina Legal inició el proceso para identificar los cuerpos de la masacre del 12 y 13 de noviembre.