El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, conmocionó al Ecuador en julio de 2023.
El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, conmocionó al Ecuador en julio de 2023.Foto: Archivo/ EXPRESO

La mano del narcotráfico en las candidaturas regresa para 2025

Unos políticos han muerto y su indagación se extinguió. No ha dado resultado el rastreo de los nexos, ya denunciados en 2023

La narcopolítica. Un término que lastimosamente año a año se va colando en las elecciones a diferentes autoridades.

Ya en enero de 2023, un grupo de legisladores, presididos por Fernando Villavicencio (+), presentó en la Fiscalía la denuncia contra una veintena de entonces candidatos para las alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales.

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El informe que suma 104 páginas contiene datos como: relaciones societarias y familiares, denuncias en la Fiscalía, reportes del Servicio de Rentas Internas e información de juicios pasados “que denota la existencia de vínculos de estructuras criminales con candidatos a ocupar diferentes dignidades”, señala el informe del entonces Frente Parlamentario Anticorrupción.

Un año y ocho meses después, el caso no ha pasado de la investigación previa, que se maneja de forma reservada. Uno de los denunciantes es el exlegislador Ricardo Vanegas, quien asegura que hasta hoy no ha sido llamado a rendir versión.

“La narcopolítica estuvo presente y seguirá presente mientras no se persiga a los políticos que tienen vínculos con los delincuentes. La Fiscalía ha logrado grandes avances pero todavía falta más”, dijo Vanegas.

De la veintena de candidatos denunciados, el más conocido fue Agustín Intriago, alcalde de Manta, asesinado en julio de 2023, junto con la futbolista Ariana Estefanía Chancay Morales, una víctima colateral de los nexos entre la política y el narcotráfico.

Otra denunciada, pero que falleció es Adis Solís Rodríguez, alcaldesa de San Lorenzo, un cantón fronterizo, del norte de Esmeraldas.

En sus casos, la Fiscalía ya no avanzó las investigaciones, pues la acción penal se extinguió con su muerte.

El informe parlamentario no solo señalaba la mano de la narcopolítica, sino también alertaba sobre el financiamiento ilegal desde redes vinculadas al tráfico de migrantes, minería ilegal, tráfico de armas, etc.

La narcopolítica estuvo presente y seguirá presente mientras no se persiga a los políticos que tienen vínculos con los delincuentes

Ricardo Vanegas

Exlegislador Frente Parlamentario Anticorrupción

Para uno de los funcionarios legislativos, que colaboró en la investigación contra los narcocandidatos, y cuyo nombre pidió no ser publicado, la falta de control comienza desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con el marco normativo.

Las reglas del juego político permiten la infrltración

“El Código de la Democracia solo tiene dos impedimentos para participar como candidato: por no pagar pensiones alimenticias y tener una sentencia en firma y ejecutoriada. El hecho de compartir una empresa con un narcotraficante o tener nexos con redes ilícitas no es una causal para impedir las candidaturas”, señala.

Mafer Vargas habla del caso Metástasis.
Mafer Vargas habla del caso Metástasis.TOMADA DE @Maferitavargas

El CNE también año a año ha sido incapaz de controlar el financiamiento ilícito. En el caso Sobornos se da cuenta de un sistema de propaganda millonaria que fue financiado por los representantes de contratistas del Estado como Hidalgo e Hidalgo Constructores, Gezhouba Group Company, Grupo Azul, Metco...

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La Unidad de Análisis Financiero calificó en 2021 a los partidos y organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar. Sin embargo, es común ver que los candidatos gastan miles de dólares en shows, regalos, material publicitario, contratación de vehículos y guardaespaldas para sus campañas.

La idea era vigilar los aportes privados recibidos provenientes del exterior para funcionamiento institucional, recursos obtenidos por las actividades organizativas o donaciones recibidas para campaña, entre otros.

En el expediente del caso Metástasis, Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte del Guayas, entregó su computadora, como parte de la cooperación con la Fiscalía. En su interior estaba la campaña de la hoy alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas.

En la producción, Salazar proformó que tendría un costo de 300.000 dólares, según sus documentos judicializados. ¿De dónde provenían los recursos? Ella, en la Contraloría, ha declarado tener un patrimonio en contra de menos 5.000 dólares. En su caso, las investigaciones tampoco han avanzado.

  • Redes. En la denuncia de Frente Parlamentario aparecían candidatos de la Revolución Ciudadana, ID, movimiento Mejor Ciudad.

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