En manos de la Corte Constitucional, dirimir sobre la presidencia del Consejo de la Judicatura
Se alista una audiencia para resolver una acción de protección. El conflicto inició a inicios de año tras la dimisión de María del Carmen Maldonado
La Corte Constitucional (CC) se alista para la audiencia sobre la acción de protección solicitada por Álvaro Román Márquez, que reclama la titularidad del Consejo de la Judicatura (CJ).
La diligencia se desarrollará de forma virtual desde las 10:00 del jueves 8 de septiembre. El proceso fue admitido a trámite a mediados de julio pasado. La audiencia estará a cargo de la jueza Carmen Corral.
Román era el vocal suplente de María del Carmen Maldonado quien renunció a la CJ, en febrero pasado, siendo presidenta del organismo. De ahí su reclamo que ha sido elevado a dos instancias previas en la que le han negado la acción de protección.
Esta dimisión causó un enredo que deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. Maldonado fue designada por el Consejo de Participación de transición y quienes la acompañaban en la terna fueron descalificados.
Ante su ausencia, fue la propia Maldonado la que sugirió que su reemplazante sea Román. Sin embargo, la Constitución dispone que la Judicatura debe ser presidida por el representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Por eso, en sesión extraordinaria del 3 de febrero de 2022, el pleno del CJ resolvió designar como su presidente a Fausto Murillo Fierro que salió de la terna de la CNJ, aunque no era el suplente de Maldonado.
La audiencia de este jueves servirá para escuchar a las partes y a quienes se han presentado como amicus curiae. Luego, la jueza deberá elaborar un proyecto de sentencia que será puesto a consideración del Pleno de la CC.
A finales de agosto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una nueva terna para conformar el CJ y, por ende, designar a su presidente.
El titular del CPCCS, Hernán Ulloa, rechazó la pretensión a la que calificó como un “instrumento para el caos y negocios políticos”. Informó que no dará trámite a la terna hasta que los jueces constitucionales se pronuncie sobre la discrepancia jurídica que hay entre Román y Murillo.
Esto pese a que los seis restantes integrantes de Participación le han pedido públicamente que convoque a una sesión plenaria para conocer la terna remitida por Saquicela.
