El manoseo de las consultas muta su espíritu
Las consultas populares involucran a los ciudadanos en la política, pero también miden los niveles de aceptación de quien la convoca y lo legitiman.
Desde León Febres Cordero a Guillermo Lasso, la historia de las consultas populares en Ecuador, desde el retorno democrático, demuestra que en el país este mecanismo de democracia directa ha funcionado como termómetro de la popularidad del convocante y como método de legitimidad de los gobiernos.
Desde 1978, los ecuatorianos han votado en 13 consultas populares. Doce de estas fueron convocadas por los mandatarios de turno. La única que se impulsó como una iniciativa ciudadana fue la celebrada el pasado 20 de agosto, cuando se resolvió cesar las extracciones de crudo del Yasuní ITT.
De esos procesos, al menos nueve sirvieron para demostrar la aceptación de los mandatarios. Actualmente, el presidente Daniel Noboa tramita una nueva consulta popular. De las 19 preguntas que el Gobierno envió a la Corte Constitucional, diez superaron el filtro del tribunal, según los dictámenes publicados el 26 de enero.
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La dictadura militar, en enero de 1978, llamó a un referéndum para elegir dos proyectos constitucionales. Entonces, la convocatoria era uno de los pasos para el retorno democrático del país. El objetivo principal era retomar los canales constitucionales para restablecer el sistema democrático, pero no una medida de aceptación popular.
Durante los gobiernos de León Febres-Cordero y Sixto Durán-Ballén también se celebraron consultas populares. El fenómeno sobre el rechazo y aprobación en estos casos estuvo relacionado con la percepción ciudadana sobre los mandatarios.
Febres-Cordero preguntó si las personas no afiliadas a los partidos políticos podrían ser candidatos. El 56 % respondió que no. En 1994, Durán-Ballén consultó lo mismo que su antecesor y obtuvo el 48 % de aprobación. Cuando el entonces líder del socialcristianismo celebró su referéndum, había enviado tanques a la Corte Suprema de Justicia, tuvo denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de represión a sus opositores.
En noviembre de 1995, Durán-Ballén convocó a una nueva consulta, pero perdió. Apenas un mes antes, su vicepresidente Alberto Dahik había salido del país en medio del escándalo de la malversación de los gastos reservados y tras la expedición de una orden de encarcelamiento en su contra. Durán-Ballén tuvo el 60 % de rechazo.
El momento más evidente del uso de la consulta como medida de legitimación y de aprobación popular fue durante el gobierno de transición de Fabián Alarcón, este llamó al referéndum de 1997 y obtuvo el respaldo a sus 14 preguntas que buscaban legalizar la destitución de Abdalá Bucaram, la asunción de Alarcón al poder, la instalación de una Constituyente, entre otros.
Dos meses antes de dejar el poder, Alfredo Palacios llamó a los ecuatorianos a las urnas en 2006 y preguntó sobre la creación de políticas públicas y leyes relacionadas con la educación, salud e inversión social.
Durante el gobierno de Rafael Correa, el expresidente convocó a tres consultas populares y un referéndum: en 2007 para la Constituyente; en 2008 para aprobar la Constitución; en 2011 cuando se consultó sobre el sistema de justicia, las corridas de toros y los casinos; y en 2017 cuando se trató la prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales para los funcionarios. Según la encuestadora Cedatos, Correa mantuvo un promedio de aceptación del 62 % durante sus períodos presidenciales.
La politóloga y profesora de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, Alicia Lissidini ha señalado en uno de sus libros que la consulta popular de la Asamblea Constituyente, que obtuvo el 82 % de respaldo, “funcionó como plebiscito sobre la figura presidencial, como voto de castigo para la clase política ecuatoriana y aumentó las potestades del Poder Ejecutivo”.
Con la consulta de Lenín Moreno, sucedida en 2018, además de obtener aprobación para realizar cambios constitucionales e instalar órganos transitorios; el referéndum sirvió para que Moreno ganara capital político y pudiera legitimarse tras romper públicamente sus relaciones con Correa y su partido.
Guillermo Lasso, en febrero de 2023, impulsó una consulta que fue íntegramente rechazada. Pese a que su plan de vacunación anti-COVID resultó en una aprobación de alrededor del 70 %, para el momento del referéndum el gobierno de Lasso estaba desgastado por la creciente crisis carcelaria y de seguridad. En las urnas hubo un voto de castigo.
Ahora, el gobierno de Daniel Noboa impulsa una consulta para realizar reformas legales. De obtener el respaldo de los votantes, no solo consolidaría su aceptación ciudadana, que llega al 80 %, según Comunicaliza; sino que marcaría la agenda de las próximas elecciones generales.
Aunque fueron concebidas como un mecanismo de democracia directa, las consultas se han convertido en un recurso político de popularidad y legitimidad.
“Puede debilitar las alicaídas democracias”
El experto en comunicación política y exsecretario de Comunicación, Leonardo Laso, dijo a EXPRESO que los resultados de las consultas están más vinculados a la aprobación ciudadana que a las propuestas que abordan: “Cuando (los presidentes) tienen buena imagen y los ciudadanos están contentos, la consulta va a tener aprobación de cajón y cuando tienen mala imagen no, pero algunos creen que eso les puede afectar, que fue lo que pasó con Guillermo Lasso”.
La politóloga y profesora Alicia Lissidini reitera en sus investigaciones que las consultas populares promueven “una cultura de involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público” que permite el control y la transparencia política. Advierte que el uso que los presidentes le dan a este mecanismo en países de escasa institucionalidad, “puede debilitar las ya alicaídas democracias latinoamericanas, aumentando la delegación y el verticalismo presidencial”.
La doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de España, Yanina Welp, ha analizado que en el caso ecuatoriano, el uso de este mecanismo democrático de participación ha resultado en “la búsqueda del Gobierno de incrementar y/o sopesar sus niveles de legitimidad”.
Aunque la ciudadanía puede convocar a estos procesos, desde el 2006, el Latinobarómetro indicaba que, pese a la disposición de los electores, el fracaso de las instituciones al entender y atender las demandas ciudadanas, estos prefieren participar en acciones “percibidas como eficaces” como la protesta.
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