Manual para montar un fraude político

A semana y media de agotarse su plazo para presentar informe, la “Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el Caso Gran Padrino” se encuentra más lejos que nunca de establecer la verdad, impartir justicia o luchar contra la corrupción en las empresas públicas, pero avanza con paso y firme y decidido hacia su objetivo real: montar un caso de responsabilidad política contra el presidente de la República. En ese propósito, como era previsible desde el día cero, el informe que el secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, presentó con su renuncia el pasado 22 de enero tiene un valor inestimable. El exfuncionario compareció ante la comisión esta semana y contó sobre la tensa conversación que mantuvo con Guillermo Lasso: “Discutimos -dijo- sobre la pertinencia de hacer público el informe en ese momento”, al presidente le preocupaban los probables usos políticos que podrían dársele. Se escandalizaban los asambleístas de la conducta presidencial así descrita por Verdesoto y este continuaba ingenuamente hablando, como si no pudiera darse cuenta de que se hallaba precisamente ante las personas más rabiosa y decididamente dispuestas a manipular su informe, a tergiversarlo, a hacerle decir lo que no dice con el confesado propósito de tumbar al presidente.

El informe del exsecretario Anticorrupción no aborda hechos concretos, evita expresamente adjudicar responsabilidades y se limita a plantear hipótesis. Establece, por ejemplo, que en las empresas públicas impera una serie de condiciones (modelo de concentración de decisiones derivado del sistema hiperpresidencialista establecido en 2009; falta de tipificación penal de ciertas conductas; ausencia de sistemas de control y auditorías…) que favorecen la instalación y reproducción de varios tipos de mecanismos corruptos. Para aterrizar esta teoría en los hechos, Verdesoto propuso varias líneas de investigación que debería seguir la comisión si tuviera tiempo y ganas: conocer los audios de las sesiones del directorio de Emco, estudiar sus resoluciones, examinar los precios promedio de los proveedores, examinar los nombramientos de alta gerencia y del nivel superior de todas las empresas, seguir las rutas de los paquetes accionarios, especialmente de Hernán Luque, el presidente de Emco, y su mano derecha Rubén Cherres… Del cuñado del presidente no tuvo nada que decir, excepto que “no encontré nada que pudiese llevarme a indicios o pistas de implicación del señor Danilo Carrera”.

• Es natural que la comisión desdeñe las engorrosas tareas de investigación propuestas por Verdesoto. El caso de responsabilidad política está montado y resuelto.

“¡Ahí está la prueba, doctor!”, responde en un arrebato de indignación la disidente de Pachakutik y vicepresidenta de la comisión, Mireya Pazmiño. En el decreto ejecutivo que entrega al presidente de Emco la dirección de todos los directorios de todas las empresas públicas, ella encuentra la responsabilidad política suficiente para destituir a Guillermo Lasso (el odio la hace temblar visiblemente cuando pronuncia ese nombre). “La nación está en riesgo, el Estado ecuatoriano está en peligro, hay corrupción, hay delitos, ¿y usted no cree que hay que quitar esa corrupción, ese delito, volando desde la raíz de quien lo provocó? Ahí está la prueba, doctor. ¿Quién hizo un decreto para Hernán Luque, que se atribuyó todo el poder, se concentró todo el poder de las empresas públicas? ¡Guillermo Lasso Mendoza hizo ese decreto! ¡Violando la ley! (…) ¿Acaso no hay ahí la concentración del poder, el hiperpresidencialismo que usted lo dice? ¿Acaso no tenemos un presidente autoritario, fascista, en estos momentos? ¿Qué nos dice ser fascista, la concentración del poder?”.

Hasta la víspera, Mireya Pazmiño, quien supuestamente investiga la corrupción en las empresas públicas, no había leído ni la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Se la tuvo que explicar el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, que dejó su cargo dos días más tarde: eso de que el presidente de Emco presida a su vez todos los directorios de todas las empresas públicas, le mostró (y le leyó el artículo correspondiente: el 7) figura en la ley desde mayo de 2017. Fue una decisión del gobierno de la Revolución Ciudadana. El decreto ejecutivo de Guillermo Lasso no hace sino aplicar la ley. Ahora que lo sabe, Mireya Pazmiño prefiere ignorarlo: según ella, ese decreto ejecutivo diseñado para cumplir con la ley, en realidad la viola. “Estamos frente a un modelo de concentración de poder -dice-. Estamos en un modelo. ¿Quién elabora ese modelo?, (la pregunta es retórica), y estamos en un riesgo de la nación ante terceros”. Lo que fuera que esto signifique.

El partido que, mientras fue gobierno, llegó a disolver el concepto de “responsabilidad política” hasta el extremo de que se opuso al juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas cuando ya estaba preso, y lo bloqueó aduciendo que había que esperar a que se pronunciaran los jueces, ahora es capaz de encontrar responsabilidad política hasta en la sopa: por haber aplicado la ley del correísmo, Guillermo Lasso es culpable. Por haber ejercido su facultad constitucional de designar un presidente para las empresas públicas, culpable. Por no haber ejercido las funciones de la Contraloría y de la Fiscalía para auditarlo y procesarlo, culpable. Hay responsabilidad política en todo eso. Para explicarse ha sido citado el presidente a la sesión de mañana, lunes 13. ¿Y si no va, como es su derecho, pues la ley no lo obliga a comparecer? Pues si no va, culpable. Ya lo dijo la presidenta de la comisión, Viviana Veloz: “Al no comparecer, eso establece responsabilidades políticas”.

• El exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto no parece advertir que se encuentra ante el grupo de personas más rabiosamente dispuestas a manipular su informe.

Así las cosas, es natural que la comisión desdeñe las engorrosas tareas de revisar contratos y nombramientos, seguir las rutas de paquetes accionarios, examinar los audios de las sesiones de directorios y analizar resoluciones, tal como proponía Verdesoto... No es necesario, la decisión ya está tomada. Y las comparecencias de los funcionarios del Estado, de los que se trata de obtener sinuosas, retorcidas confirmaciones, se convierten en humillantes ejercicios de prepotencia política en los que intrigantes, manipuladores asambleístas juegan al fiscal, enredan, intimidan, calumnian y sacan conclusiones descabelladas una tras otra, como salchichas. Marcela Holguín (que no pertenece a la comisión, pero no se pierde sesión) es una maestra en este inmoral arte de la insidia.

-¿Le parece ético -pregunta ella a Fabián Pozo- que parientes políticos del presidente designen a funcionarios públicos?

-Ningún familiar del presidente ha designado a nadie.

-Pero el cuñado del presidente ha designado a quien a su vez puso a varios funcionarios en varias empresas públicas, eso dice el informe del exsecretario Anticorrupción.

-¡Falso! ¡No dice eso!

Ingenuo Fabián Pozo: el informe de Luis Verdesoto dirá lo que la comisión quiere que diga. ¿Que solo plantea hipótesis? Puede ser, admite hasta cierto punto Ferdinand Álvarez, otro correísta que no se pierde sesión. Pero “son hipótesis que van teniendo un cúmulo de hechos que ya generan más que una hipótesis”. Hipótesis que van teniendo hechos: cualquier cosa. Y de cualquier cosa surge cualquier pregunta: “O el presidente actúa solo -remata el asambleísta- o este cúmulo de hipótesis van a generar hechos que podrían determinarse en posibles conductas delictuales”. La construcción fraudulenta de un caso de responsabilidad política no reconoce ni siquiera los debidos procesos del pensamiento lógico.

El canciller no se deja

El interrogatorio de la correísta Patricia Núñez a Juan Carlos Holguín revela el tipo de uso fraudulento de las pruebas que se da en la comisión. “Los audios de La Posta nos dicen que Cherres habría remitido a usted una hoja de vida con la cual se estaría dando un cargo en el ministerio”, empieza diciendo ella. “¿Está segura que eso dice”, le interrumpe Holguín. “Bueno, es hacia donde va el audio”, responde ella. El canciller se niega a aceptar esa razón. “Es lo que dice La Posta”, termina alegremente Núñez.