Marejada de descrédito para el aparato estatal

La muerte en la cárcel del ciudadano israelí Shy Dahan, testigo clave en la trama de corrupción hospitalaria que apuntaba a la familia Bucaram, acentuó el desgaste político del Gobierno y la credibilidad de las instituciones del Estado, encargadas de su custodia, por el cierre de filas y el silencio de las principales autoridades aludidas. 

Prefirieron abstenerse de desmentir o aclarar la cadena de críticas a la gestión penitenciaria, de cuestionamientos sobre la agilidad de la Justicia y de acusaciones vertidas por uno de los investigados a partir de ese acontecimiento. Esto, pese a la rapidez con la que, en anteriores ocasiones, se han atajado otros reproches por medio de mensajes en las redes sociales.

Luego de la muerte del extranjero, la madrugada del 8 de agosto, salieron a la luz unos audios de una conversación telefónica entre el expresidente Abdalá Bucaram y Dahan, cuando este ya estaba dentro de la cárcel de Guayaquil. En uno de ellos se escucha que Abdalá Bucaram le promete que sus “amistades” se contactarán con él y que, cuando Dahan se enfrente al tribunal de jueces, lo ayudará a salir de la cárcel. “Yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco”.

Sin embargo, durante el fin de semana ni el Consejo de la Judicatura, ni la Fiscalía ni la Policía se pronunciaron sobre el contenido de la conversación donde Bucaram asegura abiertamente que tiene la suficiente influencia, pese a no ocupar ningún cargo público relacionado, como para manejar a la Justicia desde el sillón de su casa.

Esas instituciones -que son responsables por los avances del caso y por la muerte de un procesado detenido- solo se limitaron a decir, después de doce horas de lo sucedido, que las investigaciones estaban en curso, como si el asesinato de un testigo esencial que estaba bajo el cuidado del Estado fuera una cosa de todos los días.

Abdalá Bucaram aprovechó ese silencio institucional para cargar, durante casi tres horas, en contra del Gobierno y de sus principales actores, quienes, pese a la consulta de este Diario, optaron por desmarcarse.

• El reparto de hospitales

¿Quién repartió los hospitales? La interrogante más repetida desde que empezaron a salir a la luz los casos de corrupción durante la emergencia sanitaria sigue sin respuesta. Bucaram sacó el dedo acusador en su intervención: “Responsabilizo a la ministra (María Paula) Romo de toda esta persecución infame (...) ¿Cómo es posible que se diga que mis hijos manejaban un hospital? ¿Y el presidente del IESS o el presidente de la República no son los que nombran a los gerentes? ¿Y entonces con quién eran los acuerdos? ¿Cómo es que la ministra de Gobierno que está señalada de haber repartido los hospitales a todos los asambleístas de este país no está presa?”, reclamó el expresidente, dejando en el aire la duda que nadie ha podido aún responder pese a que la Fiscalía ha procesado ya a más de 30 personas ligadas a la corrupción hospitalaria. 

La ministra Romo despejó el asunto diciendo que no caerá en la trampa. Sin embargo, ningún alto funcionario ha sido procesado por ninguno de los delitos (delincuencia organizada, peculado y asociación ilícita) que son investigados.

• influir en la justicia

En los audios filtrados y durante su intervención, Bucaram se jacta de tener influencias para manejar a la Justicia a su favor y le promete al israelí que lo sacará de la cárcel una vez que su caso llegue al tribunal. La Judicatura presentó ayer una denuncia para investigar quiénes son los jueces involucrados. 

El contenido de los audios en los que el israelí declara sentir miedo, según Héctor Vanegas, el abogado de uno de los procesados, estaba en manos de la Fiscalía desde hace varios días y antes de que fuera asesinado. Sin embargo, eso no aceleró el ingreso de su defendido al Sistema de Víctimas y Testigos.

Vanegas también cuestionó que, pese a que el nombre de Jacobo Bucaram está en la declaración realizada a inicios de junio por los detenidos “la investigación no haya sido dirigida hacia los verdaderos responsables”. 

Hay tres procesos abiertos contra los miembros de la familia Bucaram, tras el allanamiento a su vivienda en el que encontraron cajas de insumos médicos. Uno de ellos, por tráfico de armas. Otro por tráfico de bienes patrimoniales. Y un tercero por asociación ilícita que conecta su comportamiento con los dos israelíes y la trama de venta de insumos médicos en los hospitales, que se abrió tras la detención de los dos extranjeros y de su testimonio.  Durante ese testimonio, Shy Dahan aseguró que Jacobo Bucaram le pagó 321.600 dólares en efectivo por 21.440 cajas de insumos médicos. 

Daniel Salcedo y los hermanos Bucaram Pulley (Dalo, Michel y Jacobo) están procesados por asociación ilícita relacionada a la venta de insumos médicos. En ese proceso también están vinculados el exdirector del hospital Teodoro Maldonado, Luis Jairala, y el exjefe de compras públicas del centro médico, Jorge Henriques.

• La conversación con el israelí

Según Vanegas, Shy Dahan grabó la conversación con Abdalá Bucaram porque ellos estaban siendo amenazados de muerte. Las llamadas habrían sido grabadas por el mismo Dahan desde la cárcel sin que ninguna autoridad carcelaria se percatara de lo que estaba sucediendo en el interior de la celda. 

• La crisis carcelaria

 El asesinato de Dahan se dio días después de que una riña dentro de la misma cárcel dejara a varios internos muertos y heridos. En ese entonces, el general de Policía, Patricio Carrillo señaló que les estaba siendo “difícil mantener el orden” en la cárcel de Guayaquil, una crisis que trae cola desde hace muchos años y que no ha podido solucionarse pese a la reiterada intervención de la policía.

Sin embargo, pese a la importancia de los testimonios, ni la Judicatura ni la Policía decidieron ordenar un mayor resguardo para los extranjeros dejando a dos piezas claves bajo el control de los internos del centro de rehabilitación. Una situación que ya fue corregida para el extranjero que sobrevivió a la agresión, según pudo conocer EXPRESO.