María Paula Romo: “Exijo que mi juicio político sea presencial”
A través de una carta enviada al presidente de la Comisión de Fiscalización la funcionaria ratificó "su disposición y voluntad de colaborar para que la Comisión cumpla con su función"
Luego de que el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pasó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la funcionaria exigió este martes que el proceso sea presencial.
El CAL da paso a trámite a la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo
Leer másEn la solicitud, expresa a través de una carta que envió al presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Elio Peña, Romo manifiesta que quienes la interpelan "den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan”.
He enviado una carta al Presidente de la Comisión de @FiscalizacionAN, para solicitar que mi juicio político se realice de manera presencial; para que los interpelantes me enfrenten, como yo he enfrentado las crisis que ha atravesado el país. pic.twitter.com/4CGbiWIWZ7
— María Paula Romo (@mariapaularomo) October 13, 2020
Exijo que mi juicio político sea presencial.
Romo también le pide a Peña en la misiva que exija a los interpelantes que salgan de la comodidad que significa mantener las reuniones vía zoom, “desde sus hogares, en donde han permanecido los últimos siete meses, mientras yo he enfrentado la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualquier otra adversidad para el país".
El juicio político contra la funcionaria lo impulsaron hace 7 meses los asambleístas Amapola Naranjo (RC), Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (independientes).
La Asamblea censura al exasambleísta Daniel Mendoza y exige la salida de María Paula Romo
Leer másEste martes el presidente de la Asamblea, César Litardo, remitió a la Comisión de Fiscalización la resolución con la que hace más de un mes el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó un pedido de juicio político contra Romo.
Le acusan por un supuesto incumplimiento de funciones durante la crisis de octubre de 2019, de autorizar a la Policía el uso de bombas lacrimógenas caducadas, entre otras causales.