Entretelones del juicio a María Paula Romo

“Estoy lista para ser censurada, creo que la votación que se va a producir aquí no tiene nada que ver con mis argumentos...”. Pasadas las tres de la tarde, María Paula Romo ya había hecho números y decidió utilizar su contrarréplica para despedirse y ajustar algunas cuentas. A esta hora, pasadas las 18:00 del 24 de noviembre, el juicio político contra la ministra de Gobierno se encuentra en su fase final: el debate. Este no tenía nada que ver con los causales del juicio y, en él, hasta el bloque aliado de CREO y los supuestos oficialistas estaban por la censura. En el salón de banquetes de Carondelet, desde donde la ministra se conectó al Zoom, el gobierno en pleno (presidente y vicepresidenta incluidos), junto con el alto mando de la Policía, la respaldaba. Nunca se vio soledad más acompañada.

Si la ministra se presentó rodeada por las autoridades más altas, la correísta Amapola Naranjo habló desde un galpón, junto al pueblo llano. En primera fila, un grupo de mujeres cuyo papel consistía en llorar copiosamente mientras la legisladora se atropellaba al hablar. En cambio, el independiente Roberto Gómez, separado de CREO, precisamente por su obsesión con Romo, apareció en su usual escenario repleto de parafernalia católica: “con la Virgencita y la verdad”, dijo.

Ambos interpelantes hicieron del juicio lo que les vino en gana: probablemente conscientes de la debilidad de los cargos (y de los cuales la ministra fue llamada a defenderse), los dejaron de lado y pusieron sobre la mesa todos los temas imaginables: el incremento de la delincuencia, la crisis carcelaria, la detención de Ola Bini, Ina Papers, el asesinato de Diana Carolina en Ibarra, el reparto de los hospitales (faltaría más), el uso de un helicóptero policial para irse de paseo... Todo.

“El hecho de que no se hayan incluido esos temas en el informe (es decir, en el juicio) no implica que no se puedan debatir”, justificó Gómez. “Esto -insistió- no es solamente por el tema de la violencia de octubre, es porque se encargó de repartir hospitales, ¿vamos a esperar al próximo juicio político por eso?”. Y, al grito de “el único día que podemos hacer justicia política es hoy”, invitó al Pleno a violar todos los procedimientos: “Si bien formalmente está enjuiciada por unas (causales), debe ser censurada por todas”, concluyó. Su colega Lourdes Cuesta dio forma jurídica a esta novedad: “la única causal de destitución -dijo- es incumplimiento de funciones”. Y el incumplimiento de funciones se puede hallar en cualquier lado.

Las causales, en realidad, eran dos, ambas relacionadas con la crisis de octubre de 2019: el uso de bombas lacrimógenas caducadas (los interpelantes no se pusieron de acuerdo si eso hace más daño o menos) y el lanzamiento de gases a los llamados “centros de paz”. Romo insistió en los argumentos de defensa ya expuestos ante la comisión de Fiscalización: que su censura sería un mensaje equivocado a la Policía. Pero la Asamblea no siguió su guion y eludió el debate sobre octubre.

Cuando todo estaba perdido (el viraje de CREO y los oficialistas trascendió pasado el mediodía) Romo, entregada a su suerte, pasó al ataque. Habló de los intereses que se esconden tras el juicio; expuso largamente una de las operaciones financieras que privó al Isspol de 327 millones de dólares en enero de 2016; culpó del reparto de los hospitales a los correístas, habló de Ramiro González, de María Sol Larrea, de Iván Espinel. Y recordó que fue José Serrano quien negociaba con Abdalá Bucaram: “Pregunten a quién presidió la Asamblea, dijo- y aceptó que había ido a reunirse en Panamá para proteger a Jorge Glas”. Habló de los legisladores del escándalo de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del hotel Quito, los del acuerdo entre privados... Y se fue, sacudiéndose el polvo de los zapatos. Entonces empezó el debate, que prefiguró la censura de la ministra y que no presentó mayores sorpresas.

LOS DEBATES INCÓMODOS

Que lo de octubre de 2019 fue “la mayor represión de nuestra historia reciente”, opinó la correísta Doris Soliz. Los de su partido fueron los únicos que recogieron el guante del debate de octubre. Pero cuando María Paula Romo les invitó a levantar la reserva que ordena la ley sobre las investigaciones de delitos contra la seguridad del Estado, cambiaron de tema.