Maria Paula Romo: “La mineria ilegal es una amenaza multidimensional”

Más de dos millares de policías y militares desplegaron en la madrugada de este martes un operativo en contra de la minería ilegal en la provincia de Imbabura, pocas horas después de decretarse el estado de excepción.

La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en una rueda de prensa que el operativo inició alrededor de las 04:30 en la zona de la parroquia La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura.

Según la funcionaria, esa parroquia tiene unos 1.800 habitantes; pero en la zona de montaña donde se desarrolla la minería ilegal, calculan que hay “miles de personas asentadas, dedicadas a actividades ilegales”, no solamente a la minería ilegal, a la que se refirió como una “amenaza multidimensional”.

Entre los delitos que han identificado en la zona, mencionó “algunas muertas violentas”, explotación laboral y sexual, así como trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación y contrabando.

El operativo de seguridad, en el que también participaron delegados de la Fiscalía, se desarrolló después de que el jefe de Estado, presidente Lenín Moreno, decretara el lunes el estado de excepción por sesenta días.

La medida se adoptó “por grave conmoción interna” en la parroquia La Merced de Buenos Aires, “por los constantes hechos de violencia registrados”.

Esa situación ha escalado a “un alto nivel de intensidad de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado”, por lo que la medida de excepción busca “restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona”, según el texto del decreto.

El Gobierno dispuso, además, la movilización de las fuerzas del orden y de los organismos pertinentes para coordinar esfuerzos que permitan “ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden, la seguridad y el acceso efectivo a los derechos de las personas”.

Precisó que la movilización de las Fuerzas Armadas complementará las acciones de la Policía y del Estado y que su misión específica consistirá en el control permanente sobre la prohibición del porte de armas entre la población.

Asimismo, el Ejecutivo suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de asociación y reunión de la población de la parroquia La Merced de Buenos Aires, pero remarcó el estricto apego a las demás garantías constitucionales.

El pasado 23 de junio, cuatro personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre bandas que pretendían controlar la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, según denunciaron entonces campesinos de esa localidad.

En la rueda de prensa, Romo aseguró que la Policía ha vigilado la zona y que en operativos desarrollados en los últimos dos años se detuvo a 859 detenidos “vinculados a actividades ilegales alrededor de la mina”.

Al ser consultados sobre denuncias ciudadanas sobre la posible presencia de guerrilleros colombianos en el sector, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue tajante en asegurar que esos grupos no operan en el país y que lo que han detectado en la zona es “delincuencia organizada”.

“El hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pase a Ecuador, ya no se llama guerrilla en Ecuador, porque el propósito tiene otro significado en su país. Aquí no hay ni guerrilla, ni grupos armados organizados”, apuntó.